Etiquetado de alimentos: Informar desinformando

El tema del etiquetado de alimentos data del año 2018, fecha en la que se instrumentó su obligatoriedad, durante el gobierno de Tabaré Vázquez. En esa primera instancia, estableció que la industria debía incorporar el etiquetado antes de marzo de 2020.

En aquel entonces, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) avalaron los beneficios del etiquetado obligatorio frontal para la salud. También fueron consultados expertos académicos y del ámbito de la industria alimentaria. Los beneficios de esta política pública para la salud de la población era un hecho comprobado.

Tras asumir el nuevo gobierno, el etiquetado fue tema de debate entre los integrantes de la coalición que tenían diferentes criterios sobre cómo abordar el tema. Por un lado, el titular de Salud, Daniel Salinas, apoyó el etiquetado obligatorio, mientras que el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Relaciones Exteriores compartían otras visiones.

El gobierno y sus retoques

El decreto anterior (246/020), firmado el 2 de setiembre de 2020, prorrogaba la obligatoriedad del etiquetado hasta el 1º de febrero con el objetivo de «revisar los criterios para definir el contenido excesivo a fin de establecer valores más adecuados, que permitan alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento Técnico».

Finalmente el gobierno multicolor, con su conocida costumbre de hacer cambios a último momento, determinó modificar el contenido de la norma, nada más y nada menos que aumentando los límites de sodio, azúcares y grasas permitidas. Para el gobierno es “pertinente en esta oportunidad ajustar los criterios para definir exceso de sodio, azúcares, grasas y grasas saturadas, según la nueva base para el cálculo en gramos de nutriente cada 100 gramos de producto»; así lo expresa el nuevo decreto.

Luego de las modificaciones realizadas, la cantidad permitida de sodio es de 500 miligramos; anteriormente, cada 100 gramos de alimentos sólidos podía contener 400 miligramos de sodio.

Con respecto al azúcar, un alimento podrá tener hasta 13 gramos de azúcar cada 100 gramos de producto, sin ser considerado un exceso, mientras que el decreto original establecía un límite de 10 gramos por cada 100 gramos de producto.

En el caso de las grasas totales, el límite considerado un exceso pasó de 9 gramos por cada 100 gramos de producto, a 13 gramos, y para las grasas saturadas el límite será de 6 gramos, cuando anteriormente era de 4 gramos.

Hecha la ley, hecha la trampa

Esta nueva medida fue cuestionada por referentes políticos, así como por médicos, nutricionistas y expertos en la materia. Una de las primeras en reaccionar fue la diputada frenteamplista y exsubsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg.

«Lamentamos que a tres días de la aplicación de la norma sobre etiquetados de alimentos que tanto trabajo de técnicos y especialistas llevó redactar y acordar, el gobierno decida aumentar los límites para todos los nutrientes, lo que hace que la medida pierda efectividad y no cumpla con su objetivo, que es informar a la gente sobre los productos que tienen elevados contenidos de grasas azúcares y sal», escribió en su Twitter.

Por su parte, la Alianza de la Sociedad Civil para el control de las Enfermedades No Transmisibles (A-ENT) también se pronunció sobre esta decisión del gobierno señalando que perjudicará la salud de la población en general y en particular de los niños. “Los principales productos beneficiados de esta flexibilización serán aquellos con excesos de azúcares y grasas, en particular los productos lácteos y postres, que muchas veces son publicitados como saludables y con los cuales la industria alimentaria realiza una estrategia de marketing agresiva dirigida a niños y niñas. Esta población (vulnerable) será la principal destinataria de estos cambios, dado que muchos de esos productos dejarán de tener el etiquetado a pesar de seguir siendo igual de perjudiciales para su salud”, expresaron mediante un comunicado.

Además, la Alianza ENT señaló la relevancia de que autoridades competentes en el tema expliquen a la población los fundamentos científicos de esta modificación, su impacto en la salud y los mecanismos de fiscalización por parte del Ministerio de Salud Pública.

Asimismo, cuestionaron que el cambió partió desde el Ministerio de Industria y no el de Salud y a pocos días de comenzar la obligación de portar el rotulado. «¿Quién define la política de salud pública en Uruguay? ¿La salud es una prioridad? ¿Es más importante que los intereses económicos?”, plantea el escrito.

En la misma línea, instituciones entendidas como la Sociedad Uruguaya de Cardiología (SUC), la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas (Audyn) y la Alianza de la Sociedad Civil para el control de las Enfermedades No Transmisibles también se pronunciaron en contra de estas modificaciones.  «Vemos con pesar que se continúe modificando un decreto, sin la evidencia científica que respalde dichos cambios, sin la participación de todos los actores que han trabajado en su construcción, y sin la adecuada información a la opinión pública», expresa uno de los comunicados.

Para obtener otras opiniones, Caras y Caretas dialogó con el ingeniero en alimentos Gastón Ares y con la licenciada en Nutrición Victoria Correia, quienes explicaron de qué forma impactarían estos cambios.

Para Ares, al realizar la comparación inmediata con el decreto de setiembre de este año (246/20) existe «un cambio muy marcado en los límites», particularmente en los vinculados a productos sólidos. Estos cambios, explicó, implican disminuir la cantidad de productos que van a llevar estos símbolos del exceso. «El problema principal está en esa flexibilización que se introduce en la cantidad de azúcar en los productos lácteos sólidos, como yogures y postres, que son muy consumidos por la población infantil».

El profesional señaló como otra preocupación el tema de la fiscalización. A su entender, «modificar valores tres días antes de la entrada en vigencia de un decreto, genera dudas sobre cuál va a ser efectivamente, en el corto plazo, la fiscalización que se haga de este tipo de medidas, lo cual es fundamental para que funcionen».

Con respecto al impacto que podría tener la medida en la salud de la población, el experto respondió: «Este tipo de sistemas buscan informar a la población y, de cierta forma, reducir el consumo de productos que tienen mucha azúcar, grasa y sal, que son los que generan los principales problemas de salud que enfrentamos en Uruguay. No es que la flexibilización genere automáticamente un problema de salud, sino que va a disminuir la eficiencia de una política pública que busca disminuir enfermedades como las cardiovasculares, sobrepeso, obesidad y diabetes».

De acuerdo a la opinión de Ares, al introducir cambios en la política sin la adecuada fiscalización, la medida deja de cumplir su rol, que es el de informar a la gente para que sepa lo que está comiendo. «Van a convivir en el mercado productos que no tienen símbolos de exceso, porque son mejores desde el punto de vista nutricional, con productos que no tienen símbolos porque directamente los fabricantes no los colocaron pensando que no iban  a ser fiscalizados y sancionados por el Estado».

Consultado sobre quienes son aquellos que se benefician con las modificaciones de este decreto, señaló al sector de la industria de alimentos que, hasta el momento, no modificó sus envases. «Todas las industrias que de forma responsable modificaron sus envases para en marzo adaptarse al decreto, están siendo perjudicados por postergaciones y cambios. En cierta forma, con la nueva medida se beneficia la industria que no es responsable con la salud de la población».

Por su parte, la nutricionista Correia manifestó su postura negativa ante el cambio de criterio para definir cuando un alimento debe considerarse un exceso. «Como agente de salud y nutrición, es indignante ver como los intereses de la industria son los protagonistas en esto. La población está bombardeada por tanta información y el consumidor, muchas veces, suele ser muy permeable al manejo de la industria, sus mensajes y sus estrategias de venta».

«En una era que gran parte de los nutricionistas consideramos esencial crear conciencia crítica en el consumidor a la hora de escoger alimentos, promoviendo que presenten el menor grado de procesamiento posible, aparece la industria y estas maniobras», agregó.

La profesional explicó que «lamentablemente es difícil evitar totalmente los alimentos ultraprocesados pero de consumirse, queremos mensajes claros». A su entender, la actual flexibilización «nada tiene de claro». «Por un lado, carece de evidencia científica y por otro podría estar invitando a un consumo aún mayor de sodio, grasas totales y azúcares., cuando el exceso de estos nutrientes genera factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, justamente la principal causa de muerte en nuestro país». Ahora, el debate sobre este tema continuará en el Parlamento, ya que el pasado martes 2 de febrero la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados citó a las autoridades del Ministerio de Industria para que argumenten la modificación de los valores establecidos en el decreto anterior.