Inisa: Fuerte descenso de la cantidad de adolescentes privados de libertad

La cantidad de adolescentes privados de libertad en centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) registró un franco descenso desde principios de 2017, hasta situarse en los niveles más bajos de los últimos años. La semana pasada había unos 350 adolescentes privados de libertad, según informó este jueves la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco. La cifra se ajusta a los números históricos de adolescentes infractores a la ley penal internados en este tipo de centros. Pero en los últimos años la cifra fue aumentando en forma paulatina, en atención de un cambio en la dinámica de la violencia y la criminalidad, la irrupción del crimen organizado, procesos sociales de exclusión y de una sociedad más propensa al consumo, así como a la aprobación de leyes penales más punitivas, como la ley que establece la privación de libertad como medida cautelar preceptiva para delitos gravísimos cometidos por adolescentes. En 2015, el ex Sirpa llegó a tener unos 600 adolescentes privados de libertad, recordó Fulco. Pero desde principios de 2017 se comenzó a detectar “un franco descenso” en los adolescentes privados de libertad. Sin embargo, Fulco prefirió no mencionar cuáles pueden ser los motivos de este descenso: “No se puede hacer un análisis primario. Es un tema en que se debe promover una mirada amplia porque (el descenso) no solo depende de lo que haga Inisa o el Inau, en materia de rehabilitación, sino que también lo que hagan otros organismos, como Primaria, el Mides o el área de la salud”. Las “raíces de la conductas delictivas” es un tema que se debe analizar pausadamente, insistió Fulco. Asimismo, Fulco consideró “prematuro” asociar esta baja con la reforma del Código del Proceso Penal (CPP), ya que el descenso comenzó a principios de año -cuando no estaba vigente- y el impulso a las medidas no privativas a la libertad comenzarían a visualizarse en un período más extenso. Detrás del descenso “puede haber una coyuntura que no se este visualizando, pero ojalá que se mantenga esta situación” de forma de poder que el Inisa pueda implementar las políticas de rehabilitación en forma eficiente, afirmó Fulco. En este punto, Fulco destacó que al inicio de esta gestión la mayoría de los adolescentes privados de libertad no habían culminado el ciclo de Primaria, pero la implementación de varios programas de estudio permitieron reducir esta cifra en forma importante. “En un momento del año teníamos 35 jóvenes que no habían culminado Primaria, hoy son sólo una decena”, dijo Fulco. La jerarca dijo que “el hueco” en materia de deserción educativa se producía en el pasaje a 1º de Liceo o durante ese primer año de Secundaria, algo que se intenta subsanar con programas de tres años para atender este rezago. El descenso de la cantidad de internos permitió superar algunos problemas importantes del sistema de privación de libertad de adolescentes: “no hay situaciones de hacinamiento, la conflictividad ha bajado y no hay situaciones que requieran intervenciones importantes”, más allá que aún persisten enfrentamientos entre adolescentes por cuestiones del afuera o rencillas previas, valoró Fulco. Medidas no privativas Gabriela Fulco afirmó que desde el principio de su gestión se comenzó a apostar a las medidas no privativas de libertad y que ese fue uno de los aspectos en los que se trabajo mucho durante estos años. Para apuntalar este proceso, se constituyó una Comisión integrada por el Poder Judicial (dos jueces), la Fiscalía General de la Nación (dos fiscales), la Defensoría Pública (dos defensores), el Inisa y organismos de la sociedad civil con contratos para desarrollar medidas no privativas de la libertad. Con apoyo de Unicef y de ONU, y con el aporte de un consultor brasileña especializada en medidas no privativas de libertad -contratada por Unicef-, se logró la conformación de un modelo de aplicación de este tipo de medidas. “A partir de febrero o marzo cualquier medida no privativa de libertad que se disponga en cualquier punto del país se realizará de la misma manera y con los mismos controles, esto genera una mayor confianza en el otorgamiento de medidas no privativas por parte de los jueces”, señaló Fulco. Este modelo también impulsa las instancias de reparación simbólica del daño, que el Inisa comenzó a aplicar por su cuenta durante el 2017, destacó. Uno de estos programas implicaba, por ejemplo, que adolescentes privados de libertad asistieran al Hospital Piñeyro del Campo para atender distintas situaciones que allí sucedían, como pitada de bancos y otros trabajos de reparación, hasta jugar a las cartas u oficiar como acompañantes de las personas mayores de edad allí internadas. “Se trata de una población vulnerable y eso conecta a los jóvenes con el sufrimiento de las víctimas de un delito”, de forma de reflexionar sobre el daño que se le causa a la otra persona, valoró. Fulco destacó que el vínculo que se generó entre adolescentes y los internados en el hospital fue “muy positivo”, lo que llevó a que la Fiscalía General de la Nación pidiera la posibilidad de explorar la posibilidad de acuerdos con otras dependencias públicas para ampliar el programa, señaló Fulco.