El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, expuso varios datos del sistema penitenciario tras participar en la presentación de la Fundación Latinoamericana de Estudios Penitenciarios en el Centro de Formación de la Cooperación Española. El jerarca declaró que con la construcción del penal para 2.000 reclusos en Punta de Rieles bajo gestión público – privada se terminará con el hacinamiento en Uruguay. “Luego de que Punta de Rieles y Comcar dispongan de las nuevas plazas con el debido funcionamiento, nuestra intención es cerrar el celdario del Penal de Libertad vinculado con la propia evolución del sistema. Lo que quedaría allí es el módulo llamado “La Piedra”, barracas y chacras. Cuando se cierre igualmente seguimos teniendo más plazas que personas privada de libertad”, explicó el ministro. Nuevas obras Asimismo, Bonomi matizó que “hoy tenemos 10.000 plazas penitenciarias para 11.000 personas privadas de libertad. Existe hacinamiento en el módulo 8 del Comcar, en el 2 de Canelones y en un sector del Penal de las Rosas en Maldonado”. En este sentido, destacó que se están llevando a cabo obras en el módulo uno y dos del Comcar para 600 plazas, también se está construyendo una nueva cárcel en Florida para 150 personas y un módulo nuevo en Canelones para 100 más. “Eso suma 2.850 nuevas plazas y las personas que tenemos de más son 1.000”, agregó.
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Por otro lado, el ministro se refirió a los adelantos que se han realizado en materia penitenciaria durante los últimos años. “En 2010 estaban 100 por ciento de los internos en malas condiciones y solo 80 personas trabajando. Si hoy está en un tercio significa que las políticas en el sistema carcelario permitieron avanzar dos tercios como producto de un proceso de transformación que nunca es rápido”, expresó. Y añadió que actualmente 4.000 personas privadas de libertad trabajan.
Uruguay es el país con más presos por habitante de América Latina. Varias organizaciones de derechos humanos critican la introducción del lucro en las cárceles a través de la Ley de Participación Público Privada. Su principal argumento se basa en que este proceso en países como Chile o EEUU ha derivado en el desarrollo de la privatización aumentado el número de la población carcelaria del país, por intereses de las empresas carcelarias.