Intermediación de Exor fue propuesta por Pdvsa, dijo Coya

El ex presidente de Ancap, José Coya, afirmó que la participación y posterior exclusión de Exor Internacional como intermediaria en el proceso de cancelación de deuda entre Ancap y Petroleos de Venezuela SA (Pdvsa), fue decidida por el acreedor, o sea, por la empresa venezolana. Coya afirmó, además, que hubo otras empresas interesadas en realizar una operativa financiera similar, según el acta judicial a la que accedió Caras y Caretas Portal. Coya compareció este martes ante la jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, y el fiscal Luis Pacheco, en el marco de la indagatoria penal por presuntas irregularidades en la gestión de Ancap. El ex presidente fue interrogado sobre varios asuntos, en particular por la situación de Exor Internacional y por la entrega de publicidad a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú). En este contexto, Coya afirmó que tras el acuerdo comercial de compra de petroleo entre Ancap y Pdvsa se efectuaron dos cancelaciones anticipadas de deuda. La primera se concretó en 2012. Coya dijo ante la Sede que en 2011 viajó a Venezuela para proponerle a Pdvsa un acuerdo de cancelación directo, “bajo la lógica del beneficio mutuo”. Por un lado, Ancap cancelaba deuda obteniendo una utilidad económica y por el otro Pdvsa dejaba de tener “un deudor barato”. Sin embargo, Pdvsa no aceptó la propuesta “porque todavía en esa fecha se financiaba con la venta a futuro de su petroleo, especialmente con los países asiáticos”, afirmó. En diciembre de 2011, Coya volvió a viajar a Venezuela –esta vez junto a Raúl Sendic- para trabajar en una serie de acuerdos comerciales y fueron invitados por Pdvsa a una presentación de la propuesta de Exor. Tres meses después, Ancap recibió una carta de Pdvsa en que confirmaba que se había aceptado la propuesta de Exor y se invitaba a firmar el contrato, lo que se hizo unos días más tarde. “En ningún momento tuvimos ningún tipo de acuerdo o de contrato parecido con Exor”, enfatizó Coya. Pero unos meses después, en agosto, los abogados de Pdvsa se comunicaron con Ancap en la que refería a la decisión de excluir a Exor de la intermediación y que la negociación iba a ser con Bandes Uruguay y Bandes Venezuela. Un día después, el presidente de Pdvsa Rafael Ramírez llegó a Uruguay y confirmó la sustitución de Exor y del Societe Generale. Pero otra vez Pdvsa decidió cambiar y el acuerdo se concretó mediante un fideicoimiso del Banco de Tesoro de Venezuela. La deuda de 828 millones de dólares, se canceló por 517 millones de dólares dijo Coya. “Ese fue el evento que amerito que el Ministerio de Economía y Finanzas y Ancap concurrieran al Parlamento a aprobar una ley para otorgarle un préstamo del Ministerio de Economía a Ancap por ese valor (517 millones de dólares). Los contactos personales míos con el MEF fue en principio desde la propuesta que Ancap le hizo a Pdvsa hasta el 3/1/13 que fue cuando cancelamos, la contadora Azucena Arbeleche en ese momento encargada de la oficina de deuda del MEF”, afirmó Coya. “A la primera persona del Poder Ejecutivo a la que le relato la posibilidad de iniciar un proceso de está naturaleza, es a la contadora Azucena Arbeleche en una reunión en el quinto piso de Ancap, en mi oficina, propuesta la Contadora Arbeleche por el MEF de la época y como lo dije, desde ese momento hasta la cancelación, tuvimos contacto permanente con el Ministerio y con la Tesorería de la Nación, cuya participación era primordial para transferir los fondos”, señaló Coya. El litigio de Exor En 2013, representantes de Exor se presentaron en Ancap y reclamaron pagos por honorarios no percibidos y en busca de una transacción extrajudicial por ser excluido del acuerdo. En ambos casos el Directorio de Ancap se negó. Pero en abril de 2014, Exor inició una demanda civil contra Ancap. Unos meses después, se produce una reunión entre los servicios jurídicos de Exor y de Ancap y se logró una transacción por la cual se evitaba el juicio y pagar indemnización y un anexo de acuerdo de servicio para el futuro. Según Coya, Ancap estaba convencido que no podía perder el primer juicio porque no existía un contrato que la uniera a Exor, ya que la empresa la había elegido Pdvsa, pero “el acuerdo de servicios preveía que Ancap obtuviera un beneficio económico muy importante haciendo una segunda cancelación anticipada”. Tras la firma del acuerdo, Exor envió una nota a Ancap para informar de dos reuniones que tuvo con Pdvsa y la supuesta existencia de un acuerdo primario para una nueva cancelación de deuda, esta vez a razón de 0,62 dólares por cada dólar de deuda, lo que era incluso más beneficioso que el acuerdo anterior. Sin embargo, por esa fecha (en 2015) se produce la propuesta del gobierno uruguayo de cancelar la deuda de Ancap con Pdvsa por medio de un acuerdo más general que facilitara el cobro de algunos empresas que exportaban sus productos a Venezuela. Coya aseguró que desde Ancap se alertó a las representantes del Poder Ejecutivo (del MEF y del Ministerio de Industria) de la transacción firmada con Exor, pero el gobierno decidió seguir adelante con el acuerdo comercial. “Especialmente las instrucciones del Poder Ejecutivo preveían que el dinero de la cancelación que provenía de Ancap y llegaba a Pdvsa pudiera sin ninguna restricción volcarse al financiamiento del fondo que había sido creado […] La operación propuesta por Exor no cumplía con este requisito”, dijo Coya. Por este motivo, Exor fue excluida del acuerdo y, ante la eventualidad de perder un juicio millonario, se decidió firmar un acuerdo transaccional por 3,1 millones de dólares, que en un primer momento fue refrendado por el Directorio de Ancap y posteriormente rechazado, por lo que el juicio civil de Exor sigue en trámite. Además, Coya destacó que Exor no fue la única interesada en realizar esta operativa financiera. En 2009, los servicios gerenciales de Ancap recibieron la visita de representantes de WellsFargo, un conocido banco de Estados Unidos, que plantearon la posibilidad de cancelar anticipadamente la deuda que Ancap había contraído con Pdvsa. Coya dijo que en ese momento le soprendió la propuesta “jamas se me hubiera ocurrido pensar en cancelar una deuda, cuyo financiamiento era tan favorable, pero la relación entre el costo del financiamiento de Venezuela en general y Pdvsa en particular, respecto al costo de financiamiento de Uruguay en general y de Ancap, en particular ameritaba por lo menos analizar la situación”. Con posteridad a la propuesta de WellsFargo, Ancap recibió planteos de otras instituciones sobre la posibilidad de realizar una operación financiera similar, entre ellas, de Raymonmd James Financial, de Barclays Capital, Puente Hermanos, República Afisa con Sacramentum Capital, Morgan Stanley y el JP Morgan Bank, así como Exor Internacional. Ante esto, el fiscal Pacheco preguntó por qué, si existían varias empresas interesadas, no se realizó un llamado competitivo. Coya dijo que esto se debió a dos razones. “La primera porque somos un deudor de un acreedor relevante que es Pdvsa al que íbamos a licitar para una serie de empresas que le tenían que pedir como seria el mejor sistema para cancelar nuestra deuda. Desde mi punto de vista no era procedente hacer un ejercicio de licitación porque se trata de un acreedor al que le debo dinero. ¿Cuál seria el objeto de la licitación? ¿Pedirle a las firmas que lograran el consentimiento de Pdvsa para que Ancap cancelara la deuda?” “Lo segundo es que Ancap lo que intento en realidad hacer fue cancelar directamente con Pdvsa. Además hay una condición extremadamente importante que es el consentimiento de Pdvsa para que el deudor principal que es Ancap pudiera llevar adelante una operacion de esta naturaleza. Se trataba de una cancelación anticipada de una deuda, por lo tanto es una operación financiera de oportunidad, con beneficio para ambas partes, sino resultaría ridículo que Ancap se propusiera cancelar anticipadamente una deuda cuando el beneficio del financiamiento a largo plazo de Pdvsa era excelente”, enfatizó Coya. La Propia de Quebracho Asimismo, el ex presidente de Ancap negó la existencia de irregularidades en la compra de publicidad a la radio comunitaria La Propia de la localidad de Quebracho (Paysandú) y enfatizó que la decisión de publicitar allí fue promovida por el área de Relaciones Institucionales y Comunidad (RIC) y con la aprobación de la unanimidad del Directorio de Ancap. Coya dijo que ese gasto se incluyó dentro de una propuesta de comunicación global de Ancap y que implicó 5 o 6 acciones directas en Paysandú, un departamento en que el ente invirtió varias decenas de millones de dólares (entre ellas, la inauguración de la planta de cemento y de la planta de Alur y la remodelación del Teatro Florencio Sánchez). “Estas acciones justificaban ser promocionadas en medios de Paysandu y poco me importa que sea una radio comunitaria, el valor es otro, Quebracho esta relacionadas con las canteras de Queguay de donde se extrae la piedra caliza para la fabrica de cemento en Paysandú y unos cuantos de ellos empleados de esa cantera, viven en Quebracho. La resolución que adopto el directorio para utilizar la Radio (de) Quebracho fue por unanimidad”, afirmó Coya. Asimismo, Coya señaló que tras la difusión pública de la información de que Radio La Propia habría comenzado a trasmitir varios meses después de que Ancap pagara la publicidad se inició una investigación administrativa para determinar si la radio había emitido o no las pautas publicitarias contratadas por Ancap. La primera investigación de urgencia culminó sin resultados, ya que el gerente de la RIC, Pablo Bernengo, dijo que “ no había podido probar que no se había emitido”, al tiempo que existían correos eléctronicos enviados por la Radio a la agencia de publicidad La Diez en que se daba cuenta de la emisión de la publicidad. Ante esto, Ancap recurrió a su Servicio Jurídico, que intimó al propietario de la radio (Enrique Correa) a que certificara la difusión de la pauta publicitaria o de lo contrario procediera a devolver el dinero recibido. “La respuesta a esa intimación tuvo dos o tres elementos: primero la representación de la radio envió a Ancap los audios de las pautas y de los informativos emitidos durante los 6 meses de contratación de la misma. Además agregó un acta de constatación notarial donde se constataba que la radio había emitido las pautas que Ancap había contratado desde mayo a octubre del 2014”, dijo Coya. Sobre el final de la audiencia, la defensa de Bernengo le preguntó en relación a dos presuntos correos electrónicos, en particular uno enviado por el gerente del RIC con posteridad a que se adjudicara la pauta publicitaria a Radio La Propia. “No recuerdo ese email ni que lo haya respondido e insisto en que todas las resoluciones tomadas por el Directorio, fueron tomadas con los informes correspondientes del área técnica”, señaló Coya. La defensa de Coya -ejercida por los abogados Gumer Pérez e Ignacio Durán- alega que estos correos electrónicos son comunicaciones internas entre los servicios de Ancap que no compromenten al Directorio ni a sus integrantes.