Beatriz Silva y Enrique Soto -expresidenta y ex vicepresidente de ASSE, respectivamente-, los exdirectores de la oposición Alejandro Draper y Marcelo Sosa, y el representante por los usuarios Wilfredo López concurrieron a la comisión parlamentaria que investiga irregularidades en ese organismo. En este caso debieron responder por $ 225.000 de honorarios a un abogado que defendió ante la Justicia penal a tres funcionarios indagados de cometer actos en contra de ASSE. Tanto Silva como Soto dijeron no recordar que se haya autorizado ese pago, pero la expresidenta admitió que la administración contrató a la firma Siemm SRL, cuyos propietarios son jerarcas de ASSE, algo que está expresamente prohibido. El diputado Luis Enrique Gallo dijo que «algunas preguntas fueron contestadas con mucha claridad, mientras que otras, de acuerdo a la visión de cada legislador, pero hoy empieza el trabajo». Para Gallo, lo importante es que «una parte de estas denuncias ya están en manos de Crimen Organizado». En relación al pago de honorarios por parte de ASSE para que un abogado defendiera a funcionarios acusados de cometer irregularidades contra el organismo, Gallo expresó: «Bueno, no recordaban el episodio. Se les leyó el acta firmada y es cuestión de un análisis político que la comisión deberá hacer». Consultado sobre si el hecho en sí mismo era una irregularidad, dijo: «Aparentemente si, lo que pasa es que no podemos suponer porque nos faltan datos para ser tan categóricos al respecto. Tenemos que buscar más información para estudiar porqué, en función de eso, el directorio otorgó el pago a un abogado particular para defensa de los implicados».
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