Este martes, la Justicia italiana dictará sentencia en relación al largo proceso penal tramitado contra civiles y militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, por su participación en la desaparición y muerte de 23 ciudadanos italianos y uruguayos en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas denominado Plan Cóndor. La indagatoria penal -a cargo del fiscal Giancarlo Capaldo- se inició hace más de una década, tras la denuncia presentada por familiares de las víctimas, todas con ciudadanía italiana. Tras recabar decenas de testimonios de víctimas del Plan Cóndor, de los familiares de los italianos muertos o desaparecidos e incorporar miles de documentos probatorios de la coordinación represiva, el fiscal Capaldo solicitó la condena de una treintena de civiles y militares vinculados con ese operativo trasnacional. En este contexto, Capaldo solicitó la condena a cadena perpetua de 14 militares uruguayos, por la muerte de 23 ciudadanos de origen italiano durante las dictaduras del Cono Sur. Entre los acusados por Capaldo estaban el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez (hoy fallecido) y el capitán de navío Jorge Tróccoli -único militar uruguayo que compareció ante el tribunal italiano-. Tróccoli fue imputado por su participación en el traslado clandestino de presos políticos desde Argentina a Uruguay en el año 1978. Asimismo, Capaldo acusó a los militares José Ricardo Arab Fernández, José “Nino” Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge “Pajarito” Silveira Quesada, Ernesto Soca, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Ramas y Luis Alfredo Maurente Mata, a los ex policías Ricardo “Conejo” Medina Blanco y José Sande Lima y al ex canciller Juan Carlos Blanco. Pero además, la investigación de la Fiscalía culminó con la imputación contra miembros de las juntas militares y los servicios de seguridad de Bolivia, Chile y Perú, entre ellos, el ex dictador de Bolivia, Luis García Meza. En total fueron imputados once militares chilenos y cuatro peruanos. La imputaciones formuladas por Capaldo refieren a distintas causas, que tienen su “tronco común” en la coordinación represiva del Plan Cóndor. El Estado uruguayo es uno de los querellantes en este proceso. Por este motivo, el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, viajó a Roma para presentar el dictado de la sentencia. Sendic se reunió con representantes de los familiares de las víctimas para transmitir el respaldo del estado uruguayo con este proceso y “con el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia”. También está presentes en Roma la integrantes de la Inddhh, la ex fiscal Mirtha Guianze.
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