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Derechos Humanos

Japón realizó los 2 primeros ahorcamientos de este año

Amnistía Internacional denuncia el secretismo que tiñe a las ejecuciones en Japón, donde muchas veces se avisa a los condenados apenas unas horas antes y no se notifica a sus familiares ni abogados.

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Este mes el gobierno japonés ha ejecutado a dos personas, elevándose a 19 el número de ejecuciones llevadas a cabo durante el gobierno neoliberal – conservador de Shinzō Abe. Masakatsu Nishikawa fue declarado culpable del asesinato de cuatro personas en 1991 y 1992, fue ejecutado en el Centro de Detención de Osaka a pesar de haber procedido a reclamar un nuevo juicio.

varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.”

Koichi Sumida fue declarado culpable de asesinato en 2011 y fue ejecutado en el Centro de Detención de Hiroshima. Amnistía Internacional (AI) señaló que actualmente hay 124 personas privadas de libertad en espera de ejecución, según cifras del Ministerio de Justicia nipón.

Ahorcamientos secretos

“Las ejecuciones continúan envueltas en secreto en Japón, pero el gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la historia, pues la mayoría de los Estados del mundo han vuelto la espalda a la pena de muerte”, señaló el investigador de AI sobre Asia oriental, Hiroka Shoji.

AI ha denunciado en el pasado el secretismo que tiñe a las ejecuciones en Japón, donde muchas veces se avisa a los condenados apenas unas horas antes o sin advertencia previa en algunos casos. “Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido”, denuncia la ONG en su página web.

“Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución”, señala AI.

Mongolia fue el último país en abolir la pena de muerte para todos sus delitos el 1 de julio, siendo el 105º país en suprimir este recurso.

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