Con Jeferson Fernandes: Brasil y la violencia a la intemperie

Entrevista: Manuel González Ayestarán Redacción: Isabel Prieto Fernández   El diputado brasileño Jeferson Fernandes (Partido de los Trabajadores, PT) es de hablar pausado. Eso ayuda a entender sus palabras y, por si algo se escapa, la traductora está pronta. A veces no es necesario pedir su auxilio. Ella lo nota en algún gesto y traduce. Así de simple. Lo que este hombre y su colega vinieron a exponer, a denunciar y a divulgar es el avasallamiento por parte de la Brigada Militar (BM) -por orden de los mandos gubernamentales de Brasil- de las personas que luchan por el derecho a la vivienda. Esta denuncia amplia se centrará en un caso específico: la expulsión de 70 familias de la ocupación Lanceros Negros, operativo en el que Fernandes fue detenido.   Ataquen a Lanceros Negros Distintas crónicas dan cuenta de que el 14 de junio de 2017, la calma precaria del centro de Porto Alegre se vio alterada cuando la Brigada Militar atacó a un grupo de civiles desarmados y vulnerables, integrantes de 70 familias. Se veían muchas mujeres, niños y ancianos; predominaba la piel oscura y los rasgos afrodescendientes o indígenas. Por eso la BM lanzó gas pimienta, no porque el edificio en el que esta gente había construido su hogar hacía casi dos años fuera público, sino porque se trataba de personas pobres viviendo en el centro de la ciudad. Habían ocupado ese lugar porque no tienen un techo ni salario que les permitiera hacer frente a un alquiler, porque hacía una década que estaba abandonado y porque algunos venían de los cinturones periféricos de la ciudad, desde donde no es sencillo llegar al trabajo. Las drogas -y con ellas el terror- se adueñaron del lugar, no hay centros educativos y hay hijos para criar. En otras palabras: habían ocupado huyendo de la violencia, la falta de oportunidades y de educación formal. La jueza Aline Santos había firmado la orden de desalojo y, de paso, solicitó que se hiciera fuera del horario de oficina, para no entorpecer el ritmo de la zona. Los ocupantes buscaban una salida a su situación. Por eso a un par de cuadras de la ocupación, estaba reunida la comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, presidida por Jeferson Fernandes. Desde el predio ocupado, avisaron que estaban rodeados por una BM que no se mostraba muy dialogante. Los reunidos decidieron ir juntos hacia la ocupación. Fue entonces que, al ver llegar más gente, la BM atacó con gases y golpes. Al equipo armado de tierra, se unió un helicóptero, convirtiendo el lugar en un campo de batalla donde un bando iba armado y el otro se amparaba en sus gritos. Las crónicas también dicen que el diputado Fernandes intentó comenzar la negociación con personal de la Justicia que se hizo presentes, así como con jefes de la BM, y explicar que ya se hacía de noche y las familias no tenían dónde ir. Nada los convenció. Para que ese diputado y esos pobres entendieran, la respuesta fue dada a gas pimienta. Y para que no quedaran dudas de cómo se negocia en el Brasil de Temer, Fernandes fue detenido junto a otras siete personas. Enterados de la situación, fueron a ver qué podían hacer el diputado Pedro Ruas (PSOL) y los concejales Robert Robaina (PSOL) y Sofia Cavedon (PT). Entonces, la BM destruyó la puerta de entrada del edificio y, detrás de ellos, vendrían funcionarios de la Procuraduría General del Estado porque era necesario cuidar el patrimonio público. Cuando los efectivos se adentraron escaleras arriba, los niños, en estado de pánico, lloraban por miedo a los hombres y por el malestar por el gas pimienta que obstruía las vías respiratorias. Estaban al cuidado de sus mayores, pero el Estado los había dejado legalmente desamparados porque, según la ley, cuando se va a hacer uso de la violencia en un lugar donde hay niños, tiene que estar un representante del Consejo Tutelar (lo que es para Uruguay el Inau). Este funcionario llegó tarde y su excusa fue la falta de personal para suplirlo en la oficina. Los reporteros gráficos se quejaron porque no los dejaron tomar imágenes con libertad; los periodistas, porque no había un vocero oficial y ningún efectivo quería hablar. Sólo el testimonio de los vecinos se escuchó y leyó en los medios de prensa. La mayoría calificaba de “cobarde” la represión. Los niños seguían llorando cuando llegaron los camiones a trasladar sus pertenencias a un refugio para mujeres víctimas de violencia que se prestó solidario a darles cobijo.   Con el diputado Caras y Caretas recibió la visita de Jeferson Fernandes, que vino acompañado de la diputada Stela Farias, quien optó por escuchar a su colega. Fernandes aseguró que, lamentablemente, en su país se ejerce violencia contra los movimientos sociales que se movilizan por sus derechos: “Es insólito que haya que seguir reclamando derechos y, en este caso, a la vivienda, algo que consta en la  Declaración Universal de los Derechos Humanos porque es considerado una necesidad para vivir dignamente”, afirma Fernandes, y agrega: “También consta que las personas deben tener derecho a la libre manifestación y la libre organización, pero eso en mi país no se está respetando y ellos no pueden decir nada porque, como la comisión estaba sesionando y la ida a la ocupación fue parte de esa sesión, todo quedó filmado en el canal de la Comisión de Derechos Humanos, que estaba transmitiendo en vivo. Esto significa, ni más ni menos, que no pueden decir que manipulamos la información. Eran más de 100 policías”, indicó. El grupo de parlamentarios que acompaña esta denuncia en la CIDH pretende que esa institución de la OEA acompañe las investigaciones y orienten sobre cómo debe actuar la Policía en casos similares: “Pero queremos que sea una orientación resolutiva o una resolución orientativa, no importa. Lo claro es que lo que pasó con Lanceros Negros no se puede repetir”. Fernandes contó que el mismo grupo de ocupantes volvió a tomar otro predio abandonado, del cual también fueron desalojados por orden judicial, pero las cosas se hicieron con otra prolijidad: “Me llamaron junto con otros diputados para que los ayudáramos en la mediación. Fue la comprobación de que cuando se actúa teniendo como objetivo el respeto de los derechos humanos, todas las partes salen satisfechas. En este segundo caso, no fue preciso disparar un tiro; las familias salieron con el compromiso de ser trasladadas a un local que tenía condiciones para acogerlas y de a poco están siendo realojadas”, dijo Fernandes, y recordó que “eso no quiere decir que aquello no se deba denunciar. Se debe ser firme censurando lo que sucedió el 14 de junio”. El legislador dijo estar preocupado por la criminalización de los movimientos sociales y por la brevedad de la exposición mediática de los hechos de violencia: “La desocupación brutal de Lanceros Negros tuvo tres, cuatro, cinco días de alta exposición en la prensa, y luego se enfrió. Nosotros no queremos que eso caiga en el olvido para que no vuelva a suceder. Hubo una agencia que realizó un documental. También es la primera vez que detienen a un diputado que está en pleno ejercicio de su función. En ese momento exacto en el que soy detenido, estaba presidiendo la comisión”, dice Fernandes, quien parece seguir sin dar crédito a lo sucedido y continúa solicitando una investigación a fondo: “El gobernador [José Ivo Sartori], que es nuestra principal autoridad, no emitió una línea. Al contrario, su secretario principal hizo una nota diciendo que yo no debía estar allí, que fui a provocar”, expresó. Consultado sobre si se ha intensificado la represión durante este gobierno de Temer, el diputado aseguró: “Mucho. Después de que sacaron a la presidenta, quien se manifiesta en las calles son los movimientos de izquierda y el gobierno es de derecha. Las violaciones a los derechos humanos son muy graves. En San Pablo, Paraná, Río Grande del Sur es muy frecuente que la policía maltrate y hay muchos problemas de violencia callejera”, sostuvo. Explicó que en la periferia hay disputas importantes por la zona de drogas debido a que “la falta de empleo lleva a los jóvenes al narcotráfico y el Estado sólo es capaz de ofrecer violencia. Siempre cae preso el pobre que comercializa drogas a escala muy pequeña. El gran traficante nunca está o no pueden dar con él. Cada fin de semana hay decenas de personas muertas”, indicó. El panorama no es alentador, pero no debemos olvidar que la Brigada Militar defiende el patrimonio, el mismo que estuvo al cuidado de unos Lanceros Negros después de una década de abandono.