Un juez de Paz de Florida fue procesado con prisión por los delitos de hurto, falsificación o alteración de documento público y peculado, en relación a diversos ilícitos constatados en la tramitación de un expediente en su Sede. El magistrado procesado es investigado por la Justicia Penal en Montevideo, por la elaboración de resoluciones judiciales apócrifas, en las que falsificó la firma de un colega. Tras investigar los hechos, la jueza Letrada de Florida de 1º Turno, Annabel Gatto de Souza dispuso el enjuiciamiento del juez Santiago Lorenzo, titular del Juzgado de Paz de la Segunda Sección Judicial de Florida (Fray Marcos), tras considerar probado –al menos prima facie- que se apoderó de un expediente judicial en provecho propio. La denuncia penal fue presentada por una jueza subrogante, quien detectó ciertas irregularidades que podían involucra a su colega. En efecto, el magistrado, que estaba de licencia médica hace unos dos meses, vivía en una casa-habitación contigua al Juzgado de Paz, destinada para el titular de esa Sede. Su casa se comunica con el Juzgado por una puerta interior con tranca botón, teniéndose acceso desde el domicilio a la Sede pero no a la inversa. Por esta vía, pese a que se encontraba de licencia médica, Lorenzo concurría “asiduamente a su Sede y revisaba la correspondencia que por las mañanas dejaba el correo por debajo de la puerta del Juzgado”. “Así las cosas, uno de los sobres de papel manila que abrió, contenía un oficio policial, un sobre de nylon en cuyo interior se encontraba el billete apócrifo de 2.000 pesos, Serie B, Año 2015, Nº 22056304 y la respectiva Carpeta de Policía Científica”. El juez dejó el expediente en ese lugar y retornó a su domicilio. Pero esa noche se comunicó con un funcionario de la Sede y le preguntó donde estaba ese expediente con el billete apócrifo. El funcionario le dijo que estaba en el despacho de la Sede, aguardando que la jueza subrogante dictara las medidas pertinentes. “En este marco, el indagado retornó al Juzgado del cual es titular y se apoderó con sustracción del expediente en cuestión, al cual ya se le había dado costura a las actuaciones remitidas por Policía Científica”, expresa el auto de procesamiento, publicado en el portal web del Poder Judicial. La apropiación Al otro día, el magistrado concurrió al local de Red Pagos de Fray Marcos donde retiró del cajero la 1.000 pesos y un ticket por otros 1.000 pesos, y posteriormente le solicitó al cajeo que se los cambiara por un billete de 2.000 pesos. Pese a su sorpresa, el comerciante accedió al cambio y le entregó un billete de 2.000 pesos auténtico. “Ese día el indagado concurrió dos o tres veces a la citada red de cobranza e hizo unos pagos, desconociéndose si hizo circular el billete apócrifo”. Sin embargo, al depositar la recaudación de dicho local desde el Banco República de Casupá se le informó al comerciante que había un billete falso, “el que a la postre resultó ser nada menos que el que estaba originalmente en el expediente de su Sede”, señala el fallo. “Pero al ya no poseer el billete apócrifo, (Lorenzo) sacó una fotocopia a un billete de 2.000 pesos que luego agregó al expediente en cuestión, simulando que era el primigenio billete apócrifo. Pero no tuvo en consideración que la numeración y serie de los billetes no coincidían”, agrega. En ese proceso, los funcionarios de la Sede advirtieron que el expediente había desaparecido e informaron de la situación a la jueza subrogante. Ante esto, la magistrada “les solicita se comuniquen con Lorenzo a los efectos de que devuelva el expediente, siendo infructuosas las gestiones pues no lo ubican”. El jueves 14, el magistrado se presentó ante la Sede, entregó el expediente y pidió hablar con el funcionario al que llamó la noche en que se apoderó del billete. Este fue a su casa, y allí el juez Lorenzo le propuso que archiven el expediente, “ porque iba a traer problemas”, o que se lo dejaran para decretarlo él, a su reintegro, el otro lunes. El funcionario se deslindó de la situación y le dijo que hablara con la jueza subrogante, cosa que hizo. Lorenzo se apersonó en el despacho con el expediente y le insistió en que lo archivara para que el expediente quedara en la Sede. La magistrada decidió decretar el archivo, para poder hacerse con el expediente, ya que el juez Lorenzo “no lo soltaba” y se quedó en el despacho hasta que su colega adoptó la resolución, y se lo llevó en mano al funcionario para que lo archivara. “Ya en la soledad del despacho, la doctora comenzó a cuestionarse lo que había decretado y decidió dar cuenta de lo ocurrido” a la jueza Gatto. “Ante la gravedad de lo manifestado, la dicente le solicita se traslade a la ciudad de Florida a fin de tomarle declaración , arribando a la Sede Letrada conjuntamente con los funcionarios de la Sede de Paz”, señala. Durante esta investigación, se constató que desde hacia varios meses, el juez Lorenzo “se apropió de la moto de la Sede, perteneciente al Poder Judicial en beneficio propio”. El birrodado “se encontraba en mal estado, no se utilizaba, por lo que se hizo entrega de la chapa matrícula a la Intendencia y se dio de baja al seguro”. “En determinado momento Lorenzo le pregunta a uno de los funcionarios por las llaves del birrodado y decide llevarlo a arreglar a su costo a fin de ponerlo a funcionar. Y así fue. El Juez Lorenzo utiliza la moto del Poder Judicial para sus diligencias personales”. Durante la indagatoria, este fue el único ilícito que Lorenzo admite realizar. Tras recabar el testimonio de los testigos y del juez Lorenzo, la fiscal Alicia Ghione solicitó el procesamiento del magistrado. La defensa se opuso, alegando la inexistencia de pruebas. Sin embargo, la jueza Gatto consideró que se reunieron los elementos de convicción suficientes como para reprochar los tipos penales de hurto, falsificación o adulteración de documento público y peculado. Asimismo, en línea con el pedido de la defensa, la jueza Gatto solicitó que se le practique una pericia psiquiátrica al magistrado, por parte del ITF. “En cumplimiento de la Acordada 7810, se indica como punto de pericia, lo solicitado por el señor Defensor y de Oficio, se solicita al Facultativo se sirva informar sobre la personalidad del encausado, si reviste rasgos de labilidad, si advierte indicadores de baja tolerancia a la frustración y fallas en la adaptación a las normas sociales”, señaló la magistrada.
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