Ante tal confesión, citada por el sitio de noticias UOL, la defensa de Lula presentó una reclamación en el Supremo Tribunal Federal (STF) e informó que el uso de texto de Moro en la sentencia de Hardt comprobaría que el exmandatario no está siendo propiamente juzgado.
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‘La gente siempre hace una sentencia sobre la otra y busca la anterior que más se acerca’, afirmó la magistrada federal.
Argumentó que ‘nuestro sistema tiene modelo para que la gente empiece a redactar encima de él, lo hago en todas mis decisiones’.
Rara vez, agregó, ‘empiezo a redactar una sentencia de cero porque sería un retrabajo’.
Confirmó que, en el caso de Lula, el veredicto más parecido disponible en el sistema era el de Moro, actual ministro de Justicia, quien condenó al exgobernante por supuestos actos de corrupción en el caso del apartamento triplex de Guarujá. Por eso, ese fallo fue usado.
Hardt reconoció que antes de comenzar a escribir la sentencia contra Lula fue advertida por amigos que su defensa habría contratado a un experto para analizar su decisión. No aclaró, sin embargo, cómo tuvo acceso a esa información.
Al respecto, la defensa del exdirigente obrero divulgó el parecer del experto Celso Mauro Ribeiro Del Picchia, miembro emérito de la Asociación de Peritos Judiciales del Estado de Sao Paulo y de la Asociación Brasileña de Criminalística.
Ribeiro Del Picchia definió que existe certeza técnica de que la sentencia sobre el caso del sitio Alibaia fue superpuesta al archivo de texto del dictamen sobre el de Guarujá ‘ante las múltiples y extremadamente singulares coincidencias terminológicas’.
Por el informe, los abogados defensores de Lula señalaron que el expresidente ‘no está siendo juzgado adecuadamente en los tribunales inferiores; por el contrario, solo se están formalizando decisiones condenatorias preestablecidas, incluso mediante el uso de sentencias dictadas por el exjuez de la Corte, símbolo del programa punitivo dirigido’.
Desde el 7 de abril de 2018, Lula permanece en prisión por supuestamente haber recibido un lujoso apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
En febrero recibió otra condena por las reparaciones que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al exjefe de Estado en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos.
Ante las acusaciones, el fundador del Partido de los Trabajadores insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.