Justicia citó a una veintena de militares y médicos por torturas y abusos sexuales

La jueza Penal de 29º Turno, Julia Staricco, dispuso la citación, en calidad de indagados, de una veintena de militares y médicos, en el marco de la indagatoria penal por actos tortura y abusos sexuales contra ex presas políticas, según informó Televisión Nacional (TNU). Todos ellos deberán comparecer ante la Sede entre el 9 y el 30 de abril. En 2011, un grupo de 28 ex presas políticas presentó una denuncia penal por delitos sexuales y torturas, perpetrados por agentes del Estado en los centros de privación de libertad de la dictadura. La denuncia dio cuenta de la violencia sufrida por las mujeres en esos centros, que incluía prácticas denigrantes y abusivas como desnudez forzada, manoseos y violaciones. Desde entonces, la investigación avanza en distintos aspectos, principalmente con el testimonio de denunciantes y testigos. Pero en los últimos días, la Justicia reactivó la indagatoria a partir de un dictamen de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por la cual que solicitó la citación en calidad de indagados de una veintena de militares y médicos, cuyos nombres aparecen mencionados en el expediente. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la citación de una veintena de militares y médicos, que aún no declararon en la causa, todos ellos en calidad de indagados. El objetivo es avanzar en la indagatoria y determinar posibles responsabilidades en los ilícitos denunciados por las ex presas políticas, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. Sin embargo, este no fue el único aspectos sustanciado en esta indagatoria. Semanas atrás, la jueza Staricco -también a pedido del fiscal Perciballe- libró un pedido de extradición de los militares Manuel Cordero y Wellington Sarli. Ambos fueron mencionados durante la indagatoria, y existen elementos que permiten establecer algún tipo de participación en los abusos contra ex presas políticas, explicaron las fuentes. Cordero, ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) y de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue uno de los militares uruguayos más activos en la represión trasnacional del Plan Cóndor. Cordero fue imputado en Uruguay y en Argentina; en mayor de 2016, la Justicia argentina dispuso su condena a 25 años de penitenciaría por la privación de libertad de once personas, entre ellas, María Claudia García de Gelman. La Justicia uruguaya nunca juzgó a Cordero. En tanto, Sarli fue condenado en Chile a cinco años de penitenciaría como cómplice del secuestro en Uruguay del bioquímico chileno Eugenio Berrios, un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile en 1991. Sarli fue condenado junto a los también militares uruguayos Eduardo Radaelli y Tomás Casella; fue el único de los tres militares que no solicitó cumplir su pena en Uruguay, por lo que permanece detenido en Chile.