Justicia congeló cuentas de Cambio Nelson y de su propietario

La jueza Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Beatriz Larrieu, confirmó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Camvirey SA (Cambio Nelson) y de su propietario, tras un pedido de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central. La medida cautelar procura evitar eventuales daños a terceros, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. El 22 de febrero, Cambio Nelson, uno de los más importantes de Maldonado, con sucursales en varios departamentos, cerró su operativa y solicitó –días después- concurso de acreedores. La medida implicó un perjuicio para cientos de ahorristas que tenían sus depósitos allí, pese a que las casas de cambio tienen prohibido por ley captar depósitos de particulares y el otorgamiento de préstamos. A esto se sumó la fuga del titular de la empresa, el diputado suplente Francisco Sanabria (Partido Colorado). Tras conocerse la noticia del cierre y con el paso de los días, la Justicia recibió 15 denuncias contra los responsables de la casa cambiaria, por delitos de apropiación indebida, emisión de cheques sin fondo y estafa. Tras recibir la primera de estas denuncias, el juez Letrado de Maldonado, Marcelo Souto, inició una investigación a estos efectos, que implicó el allanamiento de diversas sucursales de la empresa y la citación de personas involucradas con la operativa. Pero en las horas posteriores al cierre, también se produjo la intervención del BCU que –el día hábil posterior al cierre- dispuso la suspensión de actividades de la empresa en virtud de los hechos de pública notoriedad. A esto se le sumó la decisión de la UIAF de disponer el embargo preventivo de las cuentas bancarias a nombre de Camvirey SA y de sus propietarios. La medida fue confirmada por la Justicia Especializada en Crimen Organizado. Esto fue confirmado por el presidente del BCU, Mario Bergara, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, en qué se analizó la actuación del BCU en torno a Cambio Nelson. Allí Bergara y otras autoridades del BCU (incluido Washington Ribeiro, integrante del Directorio en representación del Partido Nacional) defendieron la actuación del BCU y los controles que se efectuaron sobre la empresa. En este marco, Bergara afirmó que la primera medida adoptada fue la suspensión de la operativa del cambio y la segunda el congelamiento de las cuentas de Camvirey SA y sus propietarios. “Normalmente, cuando las investigaciones se hacen antes de que las cosas tomen estado público, el Juzgado es el que nos indica que impidamos transferencias o movimientos de determinadas cuentas. Este no era el caso, porque esto tenía carácter público”, afirmó Bergara. “Aún cuando el Juzgado no nos había contactado para decirnos que fuéramos en esa dirección, la UIAF, amparada en la ley, decidió el congelamiento (preventivo) de las cuentas del titular del Cambio Nelson. Esas cosas tienen que ser rectificadas o ratificadas en 72 horas por un juez de crimen organizado y, de hecho, la jueza de crimen organizado (Beatriz Larrieu) ratificó la medida”, afirmó Bergara ante los legisladores. En efecto, el congelamiento de las cuentas bancarias es una de las atribuciones que puede adoptar el BCU, para evitar posibles perjuicios al Estado o a terceros, pero requiere una ratificación judicial, que es competencia exclusiva de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado. La adopción de estas medidas cautelares, sin embargo, no implica que la jueza Larrieu haya asumido competencia en la causa. La investigación continúa su curso bajo la órbita del juez Souto y sólo pasará a los Juzgados Especializados en Crimen Organizado en caso de que se constate la existencia de lavado de activos u otros delitos competencia de estas sedes, dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. Más allá de esto, Bergara afirmó ante los legisladores que existen “indicios” de lavado de activos en la operativa de Cambio Nelson. “Obviamente, hay elementos que pueden inducir a indicios de lavado, sobre todo cuando hay personas que se supone tienen depositados allí 800.000 dólares. Cuando no se sabe qué es lo que pasa y no hay una denuncia, uno podría inducir la presencia de lavado”, expresó Bergara. De momento la investigación sigue adelante.