La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró este lunes una captura nacional o internacional contra el coronel (r) Eduardo Ferro, investigado por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, según informó Televisión Nacional (TNU). La decisión fue adoptada en el marco de la investigación por el secuestro y desaparición del militante comunista Oscar Tassino. Tassino fue detenido en julio de 1977 durante un operativo de las Fuerzas Conjuntas. Los militares llegaron a la finca ubicada en Máximo Tajes 6632, redujeron a sus ocupantes y montaron una “ratonera” en espera de Tassino. Cuando el militante comunista llegó al lugar fue detenido y trasladado a dependencias militares. Fue recluido en el centro de detención “La Tablada”, donde peraba el “300 Carlos” del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de la División de Ejército I. Hoy permanece desparecido. Los testimonios de la época apuntaron a la participación en ese operativo del ex militante comunista Ariel Ricci. Asimismo, se identificó a los militares Ferro, Ernesto Ramas y Jorge “Pajarito” Silveira. Estos últimos ya fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La denuncia penal por el secuestro y desaparición de Tassino fue presentada tras el retorno de la democracia, pero fue archivada en mayo de 1987, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. En setiembre de 2006, la familia de Tassino -representada por el Ielsur- solicitó la reapertura de la indagatoria, amparados en “derecho a la verdad” de saber lo que ocurrió con él. El juez Rolando Vomero (hoy jubilado) aceptó el planteo y dispuso el reinicio de las actuaciones. Posteriormente, el caso fue removido del amparo de la Ley de Caducidad, por lo cual la Justicia apuntó a determinar la responsabilidad de militares en el secuestro y desaparición de Tassino. En este contexto, la jueza Sánchez y la fiscal Mariela Luzzi dispusieron la citación de Silveira y Ferro, entre otros. Pero la indagatoria se paralizó ante los recursos de inconstitucionalidad y prescripción presentados por las respectivas defensas. Ninguno de estos recursos tuvo andamiento, por lo cual la jueza Sánchez reiteró la citación de los militares. Silveira fue conducido al Juzgado y declaró que no tenía conocimiento de los hechos. En tanto, Ferro debía comparecer la semana pasada, pero no se presentó ante la Sede. Por este motivo, a instancias de Ielsur y con el vista favorable de la Fiscalía, la jueza Sánchez dispuso un cierre de fronteras en su contra y su conducción al Juzgado por parte de las fuerzas policiales. Ferro debía ser trasladado este lunes a declarar, pero no fue encontrado en sus lugares habituales, por lo que la audiencia no pudo concretarse. Ante esto, la jueza Sánchez libró una orden de captura nacional e internacional en su contra, según confirmó el abogado Martin Fernández (de Ielsur) a Caras y Caretas Portal. Ferro fue uno de los hombres más relevantes dentro del organigrama militar de la dictadura. Fue jefe del Batallón de Contrainteligencia Militar, integró el SID y la OCOA y recibió un curso en la Escuela de las Américas en Estados Unidos. En este marco, Ferro tuvo una activa participación en operativos vinculados al Plan Cóndor. Por este motivo, fue sindicado como participe del operativo que terminó con el secuestro y desaparición de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, aunque no fue juzgado por este hecho. Asimismo, Ferro fue vinculado con la “Operación Zapato Roto”, un operativo realizado en conjunto con autoridades de Brasil, que derivó en la detención y traslado ilegal de Rodríguez, Celiberti y sus hijos. Todos ellos fueron trasladados en forma clandestina a Uruguay. En esta causa, Ferro también fue citado por la Justicia, pero se negó a declarar y interpuso un incidente de prescripción. En los últimos tiempos, Ferro fue un activo partícipe de los movimientos de militares retirados en contra de las investigaciones por crímenes de la dictadura e integró el “Foro Libertad y Concordia”. En este sentido, el abogado Martín Fernández afirmó que en cada uno de los expedientes en que fue citado a declarar, Ferro utilizó y abusó de las prerrogativas que le otorga el Estado de Derecho, con el objetivo de substraerse del accionar de la Justicia. “Prerrogativas de un Estado de Derecho que ellos le negaron a sus secuestrados”, afirmó Fernández a este medio.
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