Justicia “reserva” caso de vinos envenenados

La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, dispuso la “reserva en archivo” de la indagatoria penal en relación al crimen de Cecilia Fontana de Heber, en setiembre de 1978, conocida como el caso de los “Vinos Envenenados”. La resolución se adoptó previo al inicio de la Feria Judicial Mayor y luego de que se agotarán “sin resultados positivos” todas las líneas de investigación abiertas para identificar a los autores del crimen, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal. “El jueves 31 (de agosto) al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa”. Esa era la leyenda escrita en las tarjetas que acompañan una serie de botellas de vino enviadas a los dirigentes más relevantes del Partido Nacional que residían en el país en esa época, entre quienes estaban Luis Alberto Lacalle, Carlos Julio Pereyra, Mario Heber y Dardo Ortiz. Estos dirigentes “lideraban” las gestiones desde filas nacionalistas para encaminar la reapertura democrática. A la casa de Heber llegaron tres botellas de vino blanco Riesling. Nadie las abrió hasta el 5 de setiembre cuando su esposa, Cecilia Fontana, madre del actual senador Luis Alberto Heber, bebió una copa de vino y murió. La investigación determinó que el vino había sido envenenado con Fosdrin, un poderoso insecticida. Los responsables del envío habrían sido los integrantes de un grupo de extracción ultranacionalista denominado MDN. Sin embargo, la investigación sustanciada en 1978, apenas ocurridos los trágicos hechos, por el juez de Instrucción, Juan Carlos Larrieux, y el fiscal del caso Martin Salaverry, concluyó con el archivo del caso. El caso se reabrió en 2006, tras una denuncia penal presentada por el ex senador Carlos Julio Pereyra, destinatario de una de las botellas. En mayo de 2010, la entonces jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, ordenó la detención de una mujer (M.L.L.) por su presunta participación en el crimen. Se trataba de una agente policial que ingresó al Cuerpo de Policía Femenina en 1974, y que integró el personal de confianza del inspector Víctor Castiglioni, jefe de la inteligencia policial en dictadura. Una pericia caligráfica realizada por el ex director de la Policía Técnica, Roberto de los Santos, concluyó la existencia de una correspondencia absoluta entre las muestras obtenidas de M.L.L. y la letra que aparecía en las cartas. Sin embargo, un peritaje efectuado por el ex subjefe de Policía de Montevideo, Washington Curbelo, contradijo esta versión y desestimó la coincidencia. La mujer fue liberada y el caso siguió investigándose. Cinco años y medios después de esos hechos, y ante la imposibilidad de recolectar nuevas pruebas que permitan la dilucidación del crimen, la Justicia dispuso la “reserva” del expediente. “No se pudo aportar más prueba, y las pruebas caligráficas no permitieron atribuir responsabilidades”, dijeron las fuentes a Caras y Caretas Portal. “Se agotaron todas las vías de investigación y no existen elementos para formular imputación”, agregaron. En este marco, la indagatoria implicó la realización de diversas pericias caligráficas por parte de expertos nacionales y extranjeros, pero de estas no surgen certezas para formular imputación. “Por la escrituración se sabe que es una letra femenina, pero sólo estipulan una probabilidad de que se trate de la policía que fue indagada, y no hay otros elementos que refuercen esa hipótesis”. Incluso, una pericia realizaba por una experta española señala que “podría llegar a ser” la letra de la mujer, pero destaca que por el tiempo que transcurrió “no puede dar certeza”, agregaron las fuentes. Ante esto, la jueza Rieiro dispuso, con la posición favorable de la fiscal Adriana Umpiérrez, la “reserva en archivo” del expediente “a la espera que haya algún tipo de ulteridad”. “No se clausura, ni se dispone el archivo sin perjuicio, sino que el expediente queda en reserva. Es una etapa anterior (al archivo), no se envía al Archivo General de la Nación, sino que queda en un limbo a la espera de que puedan surgir nuevas pruebas para diligenciar”, agregaron las fuentes. Esta decisión se adoptó “por la trascendencia” que tiene el expediente, explicaron las fuentes.