En abril de 2015, una serie de artículos publicados en el diario El Observador por el periodista Nicolás Delgado aportaron detalles de la operativa de Banca Privada de Andorra (BPA) en Uruguay. El artículo refería a la decisión de las autoridades financieras del Reino de España de intervenir BPA tras un informe del Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) de Estados Unidos, que señalaba “una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales” por las actividades de esa entidad financiera. Al otro día, El Observador publicó una entrevista al subdirector general de Negocio Internacional del BPA, el economista uruguayo Pablo Laplana, investigado en España por lavado de activos. Allí Laplana justificó su accionar: dijo que no existían ilícitos en la actividad de la entidad financiera y aportó detalles de la operativa de BPA en Uruguay. “El banco tenía licencia de banca internacional por lo que operaba con fondos de no residentes. Esos depósitos estaban en Uruguay. Básicamente, la gente buscaba seguridad para sus ahorros; seguridad tanto a nivel de solvencia como de confidencialidad [secreto bancario]”, afirmó Laplana. Con base en estos artículos, el juez Néstor Valetti dispuso el inicio de una investigación sobre la operativa de BPA en Uruguay. El expediente comenzó a acumular notas periodísticas sobre los vínculos de Laplana y Andrei Petrov, integrante de la mafia rusa que fue procesado en España por lavado de activos, y de la operativa de lavado de activos imputadas al expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol y su socio, el empresario argentino Gustavo Shanahan, a través de la sociedad Villa Hermosa. También se dispusieron diversas medidas para analizar los negocios de BPA y rastrear los movimientos financieros de esta entidad. Sin embargo, dos años después, en junio de 2017, el fiscal Luis Pacheco (en subrogación de la Fiscalía en Crimen Organizado de 1er Turno), solicitó el archivo de la indagatoria. Pacheco se basó en la postura de los oficiales del caso durante una reunión de coordinación. “Los oficiales manifiestan que no surge ninguna línea de investigación para proseguir las actuaciones ni aun respecto de los ciudadanos uruguayos investigados por haber aparecido en las listas abiertas de BPA en Uruguay. Tampoco surgió vinculación con la República Argentina”, dice el acta de la audiencia, a la que accedió Caras y Caretas. Ante esto, la jueza especializada en Crimen Organizado de 1er Turno, Beatriz Larrieu, dispuso el archivo del expediente y desistió del pedido de cooperación internacional librado en su momento ante las autoridades del Principado de Andorra (Principat d’Andorra). La lista de los 40 En marzo de 2016, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU) envió al juez Valetti una lista de aproximadamente 2.000 clientes de BPA y de Noswey SA en Uruguay. Basada en esa nómina, la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII)-Departamento VI procedió a la búsqueda de información en “fuentes abiertas, cerradas y documentación” para detectar quiénes podían ser considerados de interés para la investigación judicial. El 28 de julio de 2016, la DGII presentó una lista de personas asociadas a BPA y Noswey SA que de alguna u otra forma fueron vinculados a investigaciones penales en Uruguay y en otros países. Esas investigaciones “vincularían a estos clientes con delitos como lavado de activos, narcotráfico y tráfico de armas entre otros, así como también vinculados a empresas radicadas en Panamá o, en su defecto, ligados de alguna manera con participación directa o indirecta con la Banca Privada D’Andorra”, dice el informe. No obstante, “se desconocen hasta el momento los saldos de sus cuentas, así como también las transacciones realizadas por los mismos. Atento a ello es menester informar que dado el perfil de algunos de estos clientes, así como también la vinculación de estos a diferentes tipos de delitos, podría manejarse la hipótesis de que en sus cuentas los mismos podrían estar depositando dineros provenientes de diversos delitos, tales como lavado de activos, narcotráfico, tráfico de armas y otros”, agrega. La lista incluía a 40 personas que integraron el directorio de BPA en Uruguay o fueron clientes de la entidad financiera. La mayoría son ciudadanos extranjeros. En muchos casos se detallan los hechos de apariencia ilícita en que estuvieron involucrados, pero en otros apenas se señala la empresa de las cuales son propietarios. El primero en la lista es Juan Ripoll Mari. Se dice de él: “Español radicado en Brasil, acusado de lavado de activos de la droga y de la mafia en 2007, coincidente con la fecha de apertura y cierre de la cuenta en Banca Privada D’Andorra”. El segundo es Ignasi Maestre, “empresario portugués, vinculado a lavado de activos en los pases de varios futbolistas; entre ellos se encuentran los futbolistas Xavi Alonso y Javier Mascherano, por medio de la empresa Igmasa, teniendo esta oficinas en Uruguay”. A continuación aparece su hijo, Marc Maestre Rifa, integrante del directorio de Igmasa Managment International SRL, “también vinculada al magnate petrolero mexicano Garza Cantú, acusado de lavado de activos y evasión”. Según un informe del portal Sudestada, los Maestre e Igmasa Managment International SRL son investigados en España por un caso de corrupción y desvío de fondos en Canal de Isabel II, una empresa pública de Madrid (España). En esa investigación se menciona la participación del Estudio Algorta & Asociados en la operativa. Precisamente, Óscar Enrique Algorta Rachetti aparece en el lugar 5 de la lista, con un recuerdo de la investigación sobre presuntos ilícitos en el Lava Jato. La lista también incluye a José Ramiro Garza Cantú -el magnate mexicano- y su hijo José Ramiro Garza, a Marc Forne Molne, exjefe del gobierno de Andorra entre 1994 y 2005, y a su hermano Francesc Forne Molne (vinculado con el expresidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rossell, en una empresa de Panamá) y al paraguayo Gustavo Céspedes, representante de la casa de cambio Forex Paraguay, acusada de lavado de activos. También aparecen Jordi Pujol y su socio Shanahan. Además, aparecen abogados y empresarios uruguayos con sociedades en Panamá o dueños de casas de cambio, pero a los que no se les menciona ninguna causa penal abierta. Entre los directivos de BPA aparecen los hermanos Ramón e Higini Cierco Noguer -propietarios de BPA-, Antonio Lozano y Juan Cejudo -ambos españoles, que actuaron como vicepresidentes de BPA Uruguay-, Roser Noguer Enríquez, Xavier Mayol, Santiago de Rosello Piera (investigado en España por reunirse con integrantes de la mafia rusa), Francisco Campos y Pablo Laplana, así como varios uruguayos que integraron la dirección o se desempeñaron como oficiales de cumplimiento. La lista no incluye al expresidente de BPA en Uruguay, el economista Eduardo Ache.
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