Apenas tres días después que la Justicia lo exonerara y dos que la convención departamental del Partido Nacional habilitara al intendente Carlos Moreira a presentarse a un nuevo periodo, la Junta de Transparencia y Ética Pública publicó un informe con respecto al caso en el que señala que la conducta de este y la edila nacionalista María José García «suponen la violación del principio de interés público (artículo 9 del decreto 30/003)», donde se incluyen «probidad, legalidad e imparcialidad».
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Agrega que ambos incumplieron «con la prohibición establecida en el artículo 31» del mencionado decreto, que abarca «la solicitud de favores, promesas, u otras ventajas para sí o para terceros, sin que la disposición exija que lo solicitado haya sido efectivamente concedido».
Aclara la Jutep que «no analiza eventuales delitos». Agrega que «pedir no es delito, otorgar concesiones fuera de la normativa sí lo es».
Respecto a las pasantías la Jutep señala que la información recabada «en lo referente a prórrogas, no se verifica el cumplimiento de las normas y de procedimientos establecidos por la propia intendencia».
Pedir no es delito, otorgar concesiones fuera de la normativa sí lo es»
«Por la vía de las prorrogas de las pasantías se contradice el espíritu del plan departamental de ‘Primera Experiencia Laboral’ y el declarado objetivo de que sea ‘un disparador hacia la inserción definitiva en el mercado laboral», agrega.