La Constitución y sus enemigos históricos

En la edición del 5 de enero publicamos un editorial en el que nos referíamos a que Sanguinetti había acusado a Vázquez de violar la Constitución por haber visitado un comité de base. Decíamos: “Muy bien, vamos a ver ‘qué es’ quiénes han violado en serio la Constitución en nuestro país. Será un ejercicio muy útil, sobre todo cuando tenemos acusaciones frescas que vienen nada menos que del semanario Búsqueda. Si los doctos letrados y los enjundiosos parlamentarios quieren buscar altas personalidades que violaron la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y hacerlos responsables de sus acciones en contra -por acción o por omisión- de los derechos humanos, tienen una gran oportunidad en la persona del dos veces presidente Julio María Sanguinetti, acusado en Búsqueda del 28 de diciembre pasado de ser cómplice, encubridor y de hecho coautor de actos de tortura y crímenes de Estado imprescriptibles […] Veamos bien: integró el Poder Ejecutivo con rango de ministro en el pachequismo y en un período crucial del bordaberrismo “constitucional”: entre el 1º de marzo y el 27 de octubre de 1972. En dicho lapso se dieron innumerables episodios de tortura, los asesinatos del 14 de abril y los de los siete militantes comunistas de la Seccional 20, el inolvidable 16 de abril de 1972. Sabemos que los militares, conscientes de la responsabilidad que asumían con sus crímenes, y de forma de quedar cubiertos, consultaban siempre al “mando superior”, es decir, al comandante en jefe, o sea, al presidente de la República, antes de proceder a fusilamientos como los de la Seccional 20. Por eso, Juan María Bordaberry murió procesado por 14 crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. ¿Sabían los ministros, integrantes del Poder Ejecutivo, que se estaba torturando y matando en esos momentos? ¿No tenían obligación de informarse? Al saberlo y permitirlo sin sancionar a los culpables, ¿eran omisos o cómplices? ¿No es que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar la comisión de delitos, so pena de separación del cargo? ¿Tendrían que ser juzgados por violación de la Constitución y crímenes de lesa humanidad los integrantes del gabinete (Poder Ejecutivo) de Juan María Bordaberry, como lo fueron el dictador mismo y el canciller Dr. Juan Carlos Blanco? A la primera pregunta, Sanguinetti, según Búsqueda, contesta que sí. El presidente Bordaberry y sus ministros tenían información oficial de que se estaba torturando por parte de los militares que les estaban subordinados y también tenían conocimiento de los crímenes que estos cometían, por no meternos en honduras como el “escuadrón de la muerte”, que es otra historia. Sanguinetti acepta haber estado informado. Eso sí, nunca denunció nada, al igual que sus colegas. Quienes venían denunciando torturas, aunque Sanguinetti no los nombre en su libro, eran Zelmar Michelini, Juan Pablo Terra, Rodney Arismendi, Enrique Erro, Wilson Ferreira Aldunate, Carlos Julio Pereyra. Las venían denunciando formalmente desde el Parlamento desde 1971, como puede leerse en la prensa de la época y en Cuadernos de Marcha. ¿Cómo sabemos que Sanguinetti sabía de las torturas y los crímenes? Es que Sanguinetti, cuando se exilió brevemente en Buenos Aires, después del 27 de junio de 1973, escribió para el diario La Opinión, dirigido por el legendario Jacobo Timerman, una serie de diez artículos bajo el título común de ‘Crónica íntima de un golpe de Estado’, que fueron hace ya varios años comentados por Eleuterio Fernández Huidobro en Mate Amargo. En las páginas escritas y firmadas por Sanguinetti puede leerse que él tuvo activa participación en el conflicto (“Estado de guerra interno” lo bautizaron los militares, y bien que lo cobraron durante varios años como fuertes suplementos en sus sueldos y otras retribuciones). Siempre estuvo del lado del Partido Colorado y de los militares, y vaya si “agitó” para ser ministro de Educación y Cultura, según sus propias palabras. En el capítulo titulado ‘El espectro de la guerra’, cuenta con orgullo que fue el orador en el cementerio durante el entierro de los militares asesinados por los tupamaros el 14 de abril: el profesor Armando Acosta y Lara, subsecretario del Interior y exdirector interventor de Enseñanza Secundaria, el capitán de fragata Ernesto Motto, el subcomisario Óscar Delega y el agente policial Juan Carlos Leites, posteriormente acusados por el MLN de integrar el llamado escuadrón de la muerte. Dice Sanguinetti: “La respuesta era igualmente feroz. Miles de soldados y policías se habían lanzado a las calles de Montevideo contra la organización guerrillera que había cometido -luego se comprobaría- uno de sus más graves errores”. En el siguiente subcapítulo, titulado ‘Ocho tupamaros muertos’, narra cómo habló en el cementerio y se dejó llevar por la pasión: “Allí dije un discurso. Llevaba algo escrito, pero por la mitad abandoné los papeles y hablé improvisadamente. La gente estalló en una ovación que resonó extrañamente en el ambiente solemne y recogido del viejo cementerio. cientos de oficiales lo poblaban con sus uniformes. Comenzaba allí un largo proceso. Aún no ha terminado”. Es muy interesante esta última frase: para Sanguinetti, como para Paolillo, la guerra aún no ha terminado. A tener muy en cuenta. Sanguinetti siempre habló para los militares. Y también lo hizo en el funeral de Pacheco Areco (ese discurso es una joya que alguna vez traeremos a estas páginas) y en el del general Hugo Medina. Su público fue siempre el mismo. Del 15 de abril de 1972 salta para atrás y señala que el 9 de setiembre de 1971, Pacheco Areco encargó la lucha antiguerrillera a los militares. Señala cómo la violencia fue creciendo y llega a la justificación de lo injustificable.   Los fusilamientos de la 20 según Sanguinetti Dice Sanguinetti: “En la mañana del 16 de abril de 1972 [siendo él ministro de Educación y Cultura, N. de R.], a sólo dos días de la trágica jornada con la que iniciamos este relato, se allanó un local del Partido Comunista en la avenida Agraciada y se intimó a sus ocupantes al desalojo de la finca. En momentos en que se producía su salida, un disparo sobre un oficial del Ejército que comandaba el operativo lo hiere de extrema gravedad en la cabeza. En el tiroteo que se originó de inmediato al repelerse el disparo, murieron siete personas afiliadas al mencionado partido”. Así dice el parte oficial. Los muertos eran todos obreros, gente madura, viejos comunistas la mayoría. Ningún joven partidario de la nueva modalidad del combate armado. El oficial herido, el capitán Wilfredo Busconi, año y medio después sobrevive en su lecho del Hospital Militar en estado vegetativo y envejeciendo en la vigilia su madre y su padre, un viejo coronel compañero de mi abuelo en los tiempos heroicos de la última caballería montada, la que terminó poco después de la guerra de 1904. El episodio ocurrió en las sombras de la madrugada y nunca más habrá una versión exhaustiva del mismo. Nadie sabe a ciencia cierta cómo comenzó. En cualquier caso, la trágica matanza se inscribe en un clima de tensión, de guerra desatada en que los nervios, desgastados por los patrullajes, ya no responden. La pasión se excita ante la sola perspectiva de encontrar un enemigo que sólo aparece por sorpresa”. Así termina el entonces ministro Sanguinetti su relato de una masacre. Dice que nadie sabe cómo ocurrió, pero también desliza que hubo siete muertos inocentes. ¿Qué hizo el ministro al día siguiente en la Presidencia? ¿Pidió informes? ¿Amenazó con renunciar? ¿Renunció? Nada de eso, siguió siendo ministro, y ya vamos a ver de qué forma, como Johnnie Walker, tan campante. Mientras tanto, en su despreciado Parlamento, la bancada del FA, en la voz de Zelmar Michelini y Rodney Arismendi, y los movimientos Por la Patria y Nacional de Rocha, que respondían a Wilson Ferreira Aldunate y Carlos Julio Pereyra, condenaron enérgicamente el hecho, exigieron una investigación completa y la separación del cargo y juzgamiento de los eventuales responsables de lo que parecía ser una matanza. Está en las actas del Parlamento. Repito mi pregunta: ¿los ministros de Juan María Bordaberry, además de Juan Carlos Blanco, violaron o no la Constitución ante crímenes que no han prescripto? Y concluye Sanguinetti este capítulo fundacional y confesional: “El Ejército, en su lucha, había encontrado a sus jefes [jefes que él no impugnó, sino que promocionó como ‘garantías’, N. de R.]. Nuevos métodos [se refiere a la tortura y al crimen, N. de R.] aparecían. Y en la realidad de los cuarteles, productos de la pasión, de la sangre, del desafuero de los instintos, nacían las torturas más primarias al calor de la improvisación de la pasión bélica. Un tinaco de agua y la cabeza metida adentro hasta casi ahogar serán el ‘submarino’, mezcla de horror e ingenuidad que hasta hoy sobrevivirá”. Violadores de la Constitución son los altos funcionarios públicos complacientes, encubridores y por lo tanto coautores de la persecución política, la tortura y los fusilamientos que precedieron a la dictadura. Del encubrimiento, por decir lo menos, del “escuadrón de la muerte”. Todos delitos imprescriptibles. Reitero las grandes preguntas de esta parte: ¿Sabían los ministros, integrantes del Poder Ejecutivo, que se estaba torturando y matando en esos momentos? Sí, sabían todo oficialmente. Al saberlo y permitirlo sin sancionar a los culpables, ¿eran omisos o cómplices? ¿No es que todo funcionario público tiene la obligación de denunciar la comisión de delitos, so pena de separación del cargo? ¿Tendrían que ser juzgados por violación de la Constitución y crímenes de lesa humanidad los integrantes del Consejo de Ministros (Poder Ejecutivo) de Juan María Bordaberry, como lo fueron el dictador mismo y el canciller Dr. Juan Carlos Blanco? ¿Sanguinetti tendría motivos para estar compartiendo el calabozo con su colega de gabinete, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Juan Carlos Blanco, artífice documental (retiro de pasaportes y envío de expedientes oficiales con su firma a Argentina en abril de 1976, diciendo que Zelmar Michelini, Wilson Ferreira Aldunate, Enrique Erro y Héctor Gutiérrez Ruiz eran tupamaros, lo cual equivalía a una condena de muerte) de los asesinatos de Buenos Aires en 1976? Por algo le niegan los doctorados honoris causa que tanto anhela y por los que tanto se ha movido en las grandes universidades del mundo: porque lo asocian íntimamente a la violación de los derechos humanos en Uruguay. Como bien dice Sanguinetti: “Aún no ha terminado”.