La diplomacia oriental bajo Nin Novoa

El lunes 3 de abril, la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión extraordinaria marcada por recriminaciones, interrupciones y fuertes intercambios entre las distintas representaciones diplomáticas.

Al cabo de la misma, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que se denuncia que en Venezuela existe una “alteración inconstitucional del orden democrático”.

La declaración de la discordia

El texto final fue aprobado por 17 de los 21 Estados presentes en la sesión. En el mismo se exhorta al gobierno de Venezuela, a “garantizar la separación e independencia” de poderes y exige que se restaure la “plena autoridad” de la Asamblea Nacional, único organismo federal controlado por la oposición.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, expresó que la resolución “es un paso para recuperar el restablecimiento de la democracia en ese país”. Agregó que “no se puede negar que existe una alteración del orden constitucional”.

Pese a que la afirmación de Almagro, tal cual está formulada, no admite opiniones en contrario, las delegaciones de Bolivia y Ecuador se negaron a acompañar la moción aprobada. La misma contó con el respaldo de los representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EEUU, Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú. Es preciso señalar que los gobiernos de algunos de los países firmantes tienen –al menos– un dudoso historial reciente en esa materia. Se abstuvieron de suscribir la declaración los gobiernos de República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador.

Lo irónico de esta situación es que esta sesión especial, citada por 20 Estados en tal carácter, fue declarada ilegal por las delegaciones de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, ya que previamente a su iniciación, había sido suspendida por el embajador de Bolivia, Diego Pary, quién desde el 1º de marzo preside, por un período de tres meses, el Consejo Permanente de la OEA. Una interpretación más intrincada pero del todo plausible es que en el hecho de citar una sesión especial para denunciar al gobierno venezolano se recurra a lo que se calificó como un “golpe técnico” en el seno de la OEA. En realidad, la precipitación con que se citó esta reunión tiene que ver –en lo inmediato– con la legitimación y apuntalamiento internacional a la marcha opositora del 19 de abril, con la que la oposición venezolana aspiraba a dar un salto en calidad en su intento de desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro. Con una puntería más decididamente estratégica, el documento busca avanzar en la intención expuesta por Luis Almagro,de aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, lo que ha sido denunciado por la nación bolivariana como un paso previo a la legitimación de una intervención extranjera.

Vicios formales y direccionamiento político

Dos días antes de que se solicitara la convocatoria de la sesión especial, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela había emitido una sentencia comunicando que, mientras la Asamblea Nacional se mantuviera en estado de desacato, el TSJ asumiría las funciones legislativas, lo que fue calificado por la oposición como “golpe de Estado”.

Pese a que el sábado el TSJ suprimió algunos de los artículos de la sentencia, para despojarla de algunas aristas que podían ser tildadas de inconstitucionales, la convocatoria de la oposición y el llamado a la sesión extraordinaria se mantuvieron firmes.

Ante la ausencia del presidente Pary y el representante de Haití, que oficiaba de alterno, quien presidió la reunión fue el embajador de Honduras ante la OEA, Leónidas Rosa Bautista.

La fundamentación de Pary para suspender la sesión extraordinaria fue que su convocatoria fue inconsulta y sin entregar información alguna a Bolivia, que reglamentariamente debía presidirla.

El representante de Bolivia anunció que denunciará el “golpe institucional de la OEA” ante todos los organismos internacionales, alegando que las resoluciones adoptadas en la sesión son “totalmente ilegales y arbitrarias y no responden a la normativa y al derecho internacional”.

La justificación que se pretendió dar a la validez de la resolución corrió por cuenta del secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, el abogado Jean Michel Arrighi, también uruguayo, como Almagro, quien es considerado como el brazo jurídico de este. Arrighi argumentó a favor de la legitimidad de la sesión, basándose en que estaba presente un tercio de los 35 Estados integrantes de la organización; podía considerarse que existía quórum.

Luego de que fuera aprobada la resolución y fiel a su estilo, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, realizó una sorpresiva visita a la sede de la OEA en Washington, donde cuestionó que el Consejo Permanente fuera convocado sin la aprobación de su país, que se instalara pese a la ausencia de su presidente y que tomara una resolución sin contar con el respaldo de una mayoría simple, la que tendría como piso la aprobación de la mitad más uno de sus 34 miembros. En la medida que cuatro de los 21 presentes en sala se abstuvieron, sólo contó con el respaldo de 17. La canciller venezolana anticipó que “vamos a denunciar lo que aquí ocurrió. Todos los funcionarios en ejercicio tienen responsabilidad si han cometido crímenes”.

En este contexto, resulta alarmante el penoso papel que está teniendo Uruguay. Comenzando por la gestión del presidente de la OEA, Luis Almagro, omiso ante graves alteraciones al orden institucional acaecidas en otros países que integran la organización (por ejemplo y de manera relevante, Brasil), sesgando el accionar de la OEA procurando aplicar la Carta Democrática a Venezuela, lo que sería el anticipo de una intervención militar en el país hermano. Almagro, además, está secundado en el plano jurídico por otro uruguayo, Michel Arrighi, funcionario de la organización desde el año 1993. Como frutilla en el postre, es preciso señalar que Uruguay aportó el voto decisivo para aprobar en el Consejo Permanente la declaración de marras.

El legado de Luis Alberto de Herrera

Es preciso poner el acento, entonces, en la gestión del canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, que de manera prácticamente sistemática se está alineando con los intereses más regresivos operantes en el seno de la OEA.

¿A qué tradición responde esa conducta? A nivel diplomático, son prácticamente un catecismo los cinco puntos cardinales formulados por Luis Alberto de Herrera, cuando expresaba “que el Uruguay tiene que resolver su problema internacional consultando, en exclusivo, sus conveniencias. Indumentaria diplomática a la medida de su cuerpo”.

Como corolario de esta afirmación, destacaba cinco reglas o condiciones necesarias para el accionar de nuestro país en los foros internacionales.

La primera está referida a la unidad nacional: “Sin armonía doméstica será estéril el ensayo de una gran política internacional. Ni los hombres ni los pueblos son fuertes cuando avanzan en el desconcierto”.

La segunda regla formulada por Herrera es la “discreción”: “Pequeño el Uruguay y débil, su política internacional no puede igualarse a la de los grandes organismos dilatados y fuertes. Las circunstancias nos imponen, pues, una acción discreta, tan moderada como eficaz, y bien dirigida”.

La tercera es confiar en los esfuerzos propios: “Cuando la prosperidad económica de una nación depende de la benevolencia de otra nación, vecina y mucho más poderosa, su autonomía es también fruto de la ajena benevolencia”.

La cuarta regla aconseja la neutralidad en los problemas de los países hermanos: “Mucha lealtad en los procedimientos con ambos vecinos, sin entrometernos jamás en sus pleitos internos, estando en la recíproca”.

La quinta regla es más específica y está referida a la particular configuración de Uruguay, enclavado entre dos grandes naciones. Según la expresión de Herrera, como “remanso junto al cual se neutralizan las corrientes”. Al respecto expresaba: “Las circunstancias han querido que los intereses de Argentina y Brasil no coincidan. Aunque en una curva del camino estas naciones se protesten afecto infinito, la historia y la geografía los hicieron rivales. La desavenencia de los limítrofes es la mejor garantía de nuestra estabilidad. Cuando ellas se confundieron en un esfuerzo común fue para obrar nuestro aniquilamiento: la invasión portuguesa y la Triple Alianza son testigos”. Bien podríamos agregar que la conducta sumisa de la diplomacia uruguaya del hoy por hoy mucho tiene que ver con la concordancia en el sesgo de los gobiernos de los países vecinos.

Como resumen de ese vademécum, Herrera resumía lo que consideraba el “ser” oriental en materia diplomática: “Somos una neutralidad simbólica, la que vale y entraña muy elevados deberes de equidistancia, serenidad y paz”.

A pesar de su origen blanco, la gestión del canciller Rodolfo Nin Novoa rompe con esa tradición que direccionó la diplomacia oriental durante el siglo XX, lo que, ante las circunstancias a las que está enfrentada la región, puede tener graves consecuencias para nuestro país.

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La barra de la Ámsterdam

Luego de la elección de Luis Almagro como secretario general de la OEA, una barra de uruguayos se incorporaron como funcionarios permanentes o consultores puntuales en la conducción de esa organización.

Algunos de ellos fueron funcionarios de la administración del Frente Amplio en el período en que Almagro fuera ministro de Relaciones Exteriores.

Quienes hoy figuran allí en los lugares más destacados y de mayor confianza son:

El embajador Gonzalo Koncke, quien es el jefe de Gabinete del secretario general de la OEA y que anteriormente fuera director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y representante permanente ante Naciones Unidas hasta que fuera cesado por el actual canciller, Rodolfo Nin Novoa. De origen blanco, ha sido considerado blanco, colorado o frenteamplista según las diferentes administraciones.

El economista Luis Porto, asesor principal en Asuntos Estratégicos y Desarrollo Organizacional. Frenteamplista de la primera hora, Porto es un destacado profesor de la Udelar, grado 5 en Economía Industrial. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Lovaina, fue director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, subsecretario de los ministerios de Economía y Relaciones Exteriores.

Jean Michel Arrighi, abogado y profesor universitario, tiene un abultado currículum como docente, especialista y académico en Derecho Internacional Público y se desempeña como secretario de asuntos jurídicos de la OEA. De origen colorado, fue director de Comercio y Abastecimiento en Uruguay en el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.

La Dra. Marta Pacchiotti, de origen blanco, herrerista. Máster en Derecho y Economía Tributaria de la Universidad de Montevideo. Es coordinadora de la División del Observatorio de Justicia Penal de la OEA y se desempeñó como subdirectora general del Ministerio de Relaciones Exteriores mientras Almagro fue ministro.

Gabriel Bidegain, de origen frenteamplista, es asesor político principal del secretario general de la OEA.

Dr. Edison Lanza, relator especial de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de derechos Humanos. Se trata de un periodista y abogado que fuera asesor jurídico de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Cursó estudios de posgrado sobre Libertad de Expresión y Ley Penal en la Udelar y ha participado en numerosas instituciones y ONG relacionadas con la temática en la que es especialista.

Luis Rosadilla fue senador del Frente Amplio y ministro de Relaciones Exteriores. Actualmente realiza consultorías para la OEA en diversos países de América Latina, al igual que Leonel Briozzo, médico, profesor grado 5 de la Facultad de Medicina, ginecólogo y exsubsecretario de Salud Pública.

Psicólogo Víctor Giorgi. Profesor universitario, fue dos veces decano de la Facultad de Psicología de la Udelar y presidente del INAU. Se desempeña actualmente como presidente del Instituto Interamericano del Niño.