Aunque todavía sigue muy molesto con las tardanzas, parece haber pasado el tiempo en que Rossi sentía que los obstáculos le impedían responder las demandas de la ciudadanía y de los sectores sociales y económicos que reclamaban más celeridad para el cumplimiento de los planes que debían poner en condiciones algunas de las rutas principales del país, sobre todo aquellas cuyo uso intensivo, por el volumen de las cargas transportadas, ha deteriorado el pavimento pese a los ingentes esfuerzos por mantenerlas utilizables. Están a punto de comenzar las obras de las rutas 21 y 24, que fueron adjudicadas a las españolas Sacyr y Grinor (esta última subsidiaria de Saceem) y la seguirán las obras de las rutas 52, 54, 55, 57, 9 y un tramo de la 15. Estos días, Rossi celebraba en una nota que hiciera La República que a la brevedad estarían prontos los proyectos que permitirían encarar las obras del sistema ferroviario, obras que serían necesarias para la instalación de la nueva pastera de UPM, que, de concretarse, sería la inversión más importante de la historia de Uruguay. Ya pasaron los tiempos en que Rossi se sentía maniatado por los ritmos que imponían a los estudios el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y parece estar satisfecho por las más de 100 obras que actualmente están en marcha con fondos presupuestales y las que comenzarán en breve plazo con financiamiento privado y con concesiones que durarán varias décadas. Sin embargo, estos procesos no están libres de problemas. No sólo el de los tiempos que transcurren entre el final de los estudios técnicos, la licitación y la adjudicación, sino también la espera para que los adjudicatarios obtengan el financiamiento necesario. Esos tiempos crean cierta ansiedad que es difícil manejar cuando los reclamos son tan perentorios. En algunas oportunidades hay situaciones que entorpecen el perfeccionamiento de los contratos y el proceso de las adjudicaciones de las obras. Tal es la situación de la última PPP, la de la ruta 14, desde Mercedes al km 245, el bypass de acceso a Sarandí del Yi y la conexión con la ruta 3, que amenaza causar muchos dolores de cabeza a este y a los sucesivos ministros si avanza la adjudicación a la firma que ha ganado la reciente licitación. A la impugnación que presentara la compañía ubicada en el segundo lugar en la mencionada licitación, se suman las denuncias que han publicado algunos medios de prensa sobre la empresa española Copasa, que obtuvo el mayor puntaje entre las que se presentaron, entre las cuales hay algunas multinacionales y otras empresas nacionales. El Observador, radio Carve y El Espectador, con notas de algunos de sus cronistas especializados, han develado que la empresa ganadora, la gallega Copasa, habría ocultado en sus declaraciones juradas sus antecedentes, sus incumplimientos y sus litigios en algunas de las obras que ha llevado a cabo. El Observador informa que entre los antecedentes de Copasa en la región aparecen varios proyectos de infraestructura en Chile que tuvieron demoras y hasta terminaron con rescisión de contratos. Dice que a fines de 2013, la empresa española se hizo cargo de la remodelación del estadio de fútbol Ester Roa de Concepción, utilizado como una de las sedes de la Copa América que se celebró en Chile en 2015. En mayo de 2014 el Ministerio de Deporte de Chile terminó por anticipado el contrato. La información publicada en ese entonces en la página oficial del ministerio señala que uno de los principales argumentos fue el atraso en los trabajos. Apenas se había cumplido 11% real de avance cuando la empresa había prometido 45% para la fecha. Eso puso en peligro que la obra se entregara en los plazos establecidos. Copasa también se encargó –según dice el mencionado matutino– de la remodelación del estadio La Portada de La Serena. En julio de 2015, a poco de ser inaugurado, la infraestructura mostró fallas que llevaron a que se inundaran con la lluvia baños, camarines y otras instalaciones. Finalmente, los arreglos necesarios fueron realizados por el municipio de La Serena. Esa situación derivó en un conflicto entre el municipio y Copasa, que argumentó haber entregado el estadio dos meses antes sin que hubiera objeciones por obras menores inconclusas. Otro proyecto a cargo de Copasa era el puente Bicentenario en Concepción, sobre el río Bío Bío, que quedó inconcluso. La obra debía ser entregada en setiembre de 2014, pero en 2015 el Ministerio de Obras Públicas de Chile dio por terminado el contrato debido a las demoras, según informó el diario La Tercera. La construcción del nuevo puente data de octubre de 2010, cuando se decidió reemplazar el viejo, afectado por el terremoto. Una constructora local se hizo cargo para terminarlo en el correr de este año. La prensa chilena también informó, en febrero de 2016, que la empresa Corsan Corvian Construcciones Agencia Chile, luego convertida en Consorcio Copasa Corsan Corvian Dos, también se adjudicó las obras de remodelación del estadio en 2012, contrato que fue revocado en 2015 cuando la obra aún no había sido entregada; se habían agotado todos los plazos y se habían constatado incumplimientos con los proveedores. Sobre los antecedentes de la empresa, el ministro Rossi dijo a El Observador que se “conocen” y “se hizo una valoración”. “Es difícil encontrar alguna empresa que no haya tenido alguna situación. Es una firma importante con una trayectoria fuerte, con proyectos en distintos países”, afirmó. Los propios representantes de la empresa han restado importancia a estos incumplimientos y han destacado la cantidad de obras que tienen finalizadas o en ejecución en España, Brasil, México y Arabia Saudita. Sin embargo, a pocos días de haber sido publicados estos curiosos antecedentes en la prensa uruguaya, es posible develar otros antecedentes que la empresa ha ocultado y que ponen en riesgo su adjudicación, que hoy es analizada en los organismos técnicos del Ministerio de Transporte. En la misma Galicia los trabajos de Copasa han sido discutidos. La Opinión de la Coruña informó en su edición del 12 de junio de 2016 –hace sólo un año– que el puerto de la Coruña rechazó pagar un sobrecosto de nueve millones de euros, que Copasa le reclamó por la construcción del Túnel de la Marina, que fue finalizado con considerable retraso. También en Huesca, capital de la Provincia de Aragón en España, ha tenido problemas esta firma. El 28 de julio de 2010, en la Diputación Local de Huesca se inició el expediente de resolución del contrato de adjudicación de la obra de acondicionamiento de un tramo del Acceso Claravails-Treserra porque a juicio de los servicios técnicos de la municipalidad los trabajos de conservación de la carretera no se habrían realizado de conformidad con la memoria, planos, pliegos técnicos, precios y presupuestos acordados en el contrato de adjudicación, aun después de haber recibido la empresa COPASA las intimaciones correspondientes. También en la provincia de Jaén, en Andalucía, la compañía tuvo problemas con la obra que estaba ejecutando en el Hospital II de la capital provincial. La obra llevaba un considerable retraso y por dos veces consecutivas se gestionaron conciliaciones incumpliendo nuevamente los nuevos plazos acordados. En virtud de estas consideraciones, la Unidad Ejecutora de los Programas Regionales informó la resolución del contrato porque la obra entregada fuera de los plazos acordados aún no estaba concluida. La compañía también ejecuta distintos proyectos de obra de infraestructura en Brasil y México. Además, participa en el consorcio de empresas españolas y sauditas que ejecuta las obras de la llamada Ave de la Meca, una plataforma por la que circulará un tren de alta velocidad en Arabia Saudita. Además de lo informado por El Observador, en Chile no sólo los estadios de Concepción y la Serena han sido obras muy controvertidas. También el gobierno de Chile, con la firma del presidente Sebastián Piñera, dio por concluido el contrato para la ejecución, explotación y conservación de la de obra pública fiscal “Concesión Ruta 5 Norte, Tramo: La Serena-Vallenar, por haber incumplido el consorcio ganador, integrado por Copasa, de la obligación de constituir legalmente una sociedad chilena como lo había prometido en su oferta técnica de acuerdo a los requisitos que marca la ley”. Al parecer ya está próxima a adjudicarse la ruta 14 a Copasa y no es imposible imaginar problemas. Es conocido lo dificultoso que es trabajar con empresas extranjeras y hay más de una experiencia con grandes firmas del exterior en la obra pública. Parece razonable tomar las debidas precauciones con esta empresa, que tiene más de una docena de litigios, algunos de los cuales tuvieron como consecuencia la rescisión de sus contratos y que fueron ocultados en su declaración bajo juramento con motivo de presentarse a esta licitación. Si sólo nos guiamos por las informaciones de la prensa chilena y la española, hay un verdadero abanico e conflictos sobre plazos de ejecución, costos de las obras y alcances de los contratos con la obra pública. ¡Por favor, dos cajas de analgésicos para el ministro Rossi!
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Copasa tiene banca en la Xunta de Galicia
La paralización de las obras de la autovía a Costa Da Morte en Vimianzo, que ejecutaba Copasa en La Coruña, mereció reiteradas advertencias de la Xunta de Galicia. Las obras estuvieron paralizadas durante dos años, a la espera del financiamiento que debería obtener la empresa constructora para su continuidad. De nada valieron las advertencias de las autoridades y las amenazas de rescindir el contrato por 745 millones de euros. El ejecutivo de Feijóo, luego de dos años de paralizadas las obras, acordó perdonar el incumplimiento y adaptar el contrato a las posibilidades económicas de Copasa, que es una de las empresas privilegiadas por el gobierno gallego, que en 2013 le adjudicó 19 obras por 6% del presupuesto de obra pública. Es muy difícil negociar con Copasa en Galicia, donde cuenta con notables privilegios políticos. En La Coruña se le adjudicaron voluminosos contratos como el Túnel de la Marina y el aparcamiento de O Parrote. En Negreira también se le adjudicó el aparcamiento del Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico por montos multimillonarios. El Partido Socialista consideró que el cambio de las condiciones de la adjudicación de la Autovía Costa da Morte es un fraude a la ley. No sólo no se cumplió con las advertencias y con la obligación de dar por rescindido el contrato por sus incumplimientos, sino que se blindó el mismo con un contrato a la medida del concesionario. Al final, de los 44 kilómetros de la autovía, Copasa sólo tendrá que construir 17 kilómetros. Los restantes 27 kilómetros quedarán como están ahora porque Copasa no obtuvo el financiamiento al que se había comprometido. La firma, en tres años, sólo había construido menos de 20% de la obra, que debió haber sido finalizada en un año y medio. La primera obra iniciada con la experiencia del contrato público privado estuvo dos años paralizada por falta de crédito de su concesionario. Otras dos cajas de analgésicos para el ministro.