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Editorial coronavirus | pandemia |

La epidemia del disparate

Por Leandro Grille.

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Si el Estado hubiese decretado una cuarentena obligatoria manteniendo sólo las actividades indispensables, simultáneamente habría tenido que legislar la prohibición de despidos, subsidiado o financiado con un crédito a tasa cero a las pequeñas y medianas empresas y establecido una renta básica transitoria para todos los trabajadores informales o por cuenta propia. En cambio, al recurrir a la exhortación, por un lado el gobierno le recomendó a la gente quedarse en su casa, con plena consciencia de que era una recomendación que sólo podría seguir la gente con espalda económica o los trabajadores formales autorizados por sus empleadores, y por otro lado el Estado se desprendió de las obligaciones económicas que habría supuesto una medida de un cumplimiento estricto y reglamentado.

A nadie le puede quedar duda de que la decisión del presidente Lacalle Pou de exhortar, pero no obligar, no fue tomada por una reflexión de carácter técnico ni en base a fundamentos científicos sobre la dinámica de la epidemia. Lo único que el presidente quiso fue ahorrar el gasto fiscal que implicaba una decisión real, de tipo obligatoria. Ni quería echar mano a reservas ni quería financiarlo con impuestos al capital.

Las consecuencias de esta posición sostenida por el gobierno han sido fundamentalmente dos: la cuarentena no ha sido estricta ni abarcativa de toda la población, puesto que la gente sin espalda económica -pequeños empresarios y trabajadores informales- no ha podido hacerla y, en segundo lugar, ha habido una avalancha de despidos y envíos a seguros de paro (muchos de los cuales se transformarán en despidos) que ha dejado sin trabajo a más de cien mil personas, por el momento.

Hay una tercera consecuencia que se verá en los próximos meses: no se se paró el brote epidémico y el número de infectados ha crecido y seguirá creciendo a un ritmo muy superior al que podemos manejar. Pero mientras las primeras dos consecuencias ya son evidentes, la tercera todavía no y mientras no lo sea, el gobierno puede hacer gala de un triunfalismo que se da de bruces con la ciencia y con la experiencia mundial reciente sobre este tema.

En el contexto de este triunfalismo perentorio, que ha permeado en buena parte de la sociedad, anestesiada por una secuencia de datos y conferencias de prensa que transmiten la idea de que está todo bajo control, el gobierno se prodiga en acciones que traslucen su alma ideológica: por un lado desempolva la ley de Urgente Consideración, ahora recargada con 50 artículos más y sin ningún contacto con la verdadera urgencia, que no es otra que la epidemia, y prácticamente obliga a discutir un programa de restauración en cuarentena, por zoom. Pero además adelanta que pretende reiniciar las clases en más de 900 escuelas rurales del país y que los próximos días deberían volver a trabajar los obreros de la construcción.

Mucha gente puede pensar que estas tres acciones se dirigen a restablecer gradualmente la normalidad, ahora que ya habríamos superado con éxito el desafío sanitario. Pero no. La medida de reiniciar las clases en las escuelas rurales no sigue un criterio ni pedagógico ni social ni sanitario. Lo más probable es que el motivo de esta acción, a la que se opone la sociedad de medicina rural y los propios maestros, sea restablecer la “normalidad” laboral en el ámbito rural y que, en el fondo, simplemente sea a demanda de los agroexportadores, preocupados porque la permanencia de los niños en sus hogares restringe las posibilidades laborales de los trabajadores rurales, a la vez que mantiene el mensaje de que estamos atravesando un momento excepcionalmente crítico, todo lo cual conspira contra el desempeño productivo de los estancieros. Asimismo, la medida de reiniciar los trabajos en la construcción no tiene nada que ver con el bajo riesgo relativo de contraer la infección en un tarea que se realiza fundamentalmente al aire libre: el propósito es complacer a las constructoras, incluso a costa de que miles de personas tengan que salir de sus casas, utilizar medios de transporte y trabajar en conjunto, lo cual evidentemente va a facilitar la propagación del virus, toda vez que ya es evidente que el virus circula en la comunidad.

El caso de la Ley de Urgente Consideración es todavía más grave, porque demuestra un oportunismo criminal. Lacalle Pou busca aprobar un verdadero asalto legislativo al conjunto del Estado en un marco donde cualquier movilización es básicamente imposible, porque representaría un desconocimiento a la política sanitaria de quedarse casa. Así las cosas, la ley se pretende aprobar sin movilizaciones obreras, sin ámbitos de discusión y manifestación de los estudiantes, de los docentes y, en general, de toda la sociedad civil, y sin que un verdadero debate social y político pueda realizarse. Es más o menos lo mismo que legislar en el medio de un toque de queda, sobre temas que no tienen nada que ver con la emergencia, y cambiando cientos de normas que regulan la vida pública, económica e institucional del país. 

El plan es tenebroso pero no es perfecto. Demuestra una cierta catadura maligna, pero no inteligencia. Su mayor defecto está en el único punto donde el defecto es dramático para el gobierno y para la sociedad. El gobierno cuenta con un optimismo anticientífico y anticipa una benevolencia de la epidemia viral que no es tal. Su plan va al fracaso, porque lo que va al fracaso es la estrategia sanitaria que implica esta baba tibia de la exhortación y la restauración parcial de la normalidad. Más allá de los números de casos que reportan a diario, en virtud de un enorme y hasta reconocido sesgo muestral sostenido hasta hace pocas horas, deberían haber apreciado un sugerente detalle cualitativo: todo empezó con un brote en Carrasco, en la crème de la crème de la distribución de riquezas e ingresos, pero ahora aparecen acúmulos en el otro extremo de la campana social. ¿Nadie en el gobierno se puso a pensar cuál es la distancia social habitual, sin cuarentenas de ningún tipo, entre un rico de Carrasco y un interno de Vilardebó o personas que viven en refugios del Mides? La distancia es la que ocupa la sociedad entera, la enormemente mayoritaria: y es por ese ese lugar por donde transita el virus mientras tantos parecen no darse cuenta. Cuando lo aprecien, ya va a ser tarde.

 

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