La ética ante todo

2016 fue un año complicado para la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Como nunca antes, su actuación estuvo en el centro de las críticas del sistema político y de diversas organizaciones gremiales. “Hemos tenido que hablar mucho, que defendernos mucho, y se nos ha visto con una perspectiva que antes no se nos veía”, afirmó su director, Carlos Díaz Fraga, a Caras y Caretas.

Sin embargo, Díaz Fraga está tranquilo. Está convencido de que parte de esas críticas están ligadas con la nueva actitud asumida por la Senaclaft de investigar eventuales omisiones de parte de los “sujetos obligados” a efectuar controles de conocimiento de sus clientes. Esa actitud quedó de manifiesto con el inicio de inspecciones masivas contra “sujetos obligados” del sector no financiero, con la visita a varios estudios jurídicos y operadores económicos.

“La idea es aplicar la ley. Hacerlo de la manera más racional posible, pero aplicar la ley”, afirmó Díaz Fraga. “No creo que la Senaclaft esté en la mira; siento que molesta el control, pero de alguna manera es natural que eso ocurra. No es grata la función de controlar, pero hay que llevarla a cabo”. En este sentido, esas inspecciones derivaron en “importantes sanciones” contra los operadores omisos, las que están cumpliendo los trámites internos para su confirmación o no.

En este contexto, la Senaclaft afrontó en 2016 otro desafío: la elaboración –en el marco de una comisión multiinstitucional– de la nueva ley contra el lavado de activos. Se trata de una norma que consagra, entre otros aspectos, al delito fiscal como delito precedente al lavado de activos. Pero, sobre todo, incorpora nuevos sectores a la lista de “sujetos obligados”, entre ellos, las asociaciones de la sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales.

Ley antilavado

El avance de las políticas antilavado implicó la aprobación de diversas leyes sobre el tema, con la consecuente dispersión de los dispositivos legales. Ante esto, el proyecto de ley antilavado enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento aspira a integrar en un solo cuerpo todas las normas que tienen que ver con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero, además, significa consagrar los avances que el mundo impulsa y a los que Uruguay deberá adecuarse.

En este sentido, Díaz Fraga afirmó que la existencia de un sistema antilavado se justifica en dos razones fundamentales. La primera es el combate al crimen organizado. “Parecería que uno habla de lavado de activos y lo percibe como algo colgado, sin darse cuenta de qué es lo que hay detrás. El lavado de activos es crimen organizado; es el producto necesario de la actividad criminal. No se concibe la actividad criminal si no es para obtener un beneficio económico. Lo importante para un país es el combate a la actividad criminal”, dijo.

El segundo aspecto es cumplir con las obligaciones internacionales. “Uruguay tiene la obligación, en función del compromiso que asumió con el Gafisud, que fue ratificado por ley en 2001, de seguir y cumplir con las recomendaciones del GAFI [Grupo de Acción Financiera Internacional]”. Afirmó que esas recomendaciones son realizadas por los especialistas más respetados del mundo en cada área. “Lo que están procurando es salvaguardar al mundo del avance del crimen organizado”, agregó.

Pero, al mismo tiempo, rechazó que esas normas sean una imposición internacional, que vulnere la soberanía del Estado uruguayo. “El país, por ley, se obligó a cumplirlas y hay que cumplirlas, porque si no, el país estaría sujeto a sanciones. Lo fundamental es que no se encuentra en ellas aspectos que las descalifiquen, que uno pueda no compartir como herramienta fundamental para el combate a ese crimen organizado y para poner a los países a salvo de su avance”. “En el mundo actual, que todo lo que nos rodea sea lo más transparente posible es compartible. No encuentro una recomendación del GAFI que no sea compartible o que viole algún principio fundamental del país”.

Para esto, Díaz Fraga apeló a un poco de historia. Señaló que el GAFI surgió cuando el narco colombiano Pablo Escobar “estaba en su apogeo”. “Un poquito antes del lanzamiento del GAFI, desde Uruguay, se lavan 1.200 millones de dólares para Pablo Escobar, por intermedio de Letras SA. Lo hace Raúl Vivas, un argentino que tiene una pena de más de 550 años en Estados Unidos. Se estima en 1.200 millones de dólares como mínimo, pero probablemente hayan sido más. Es de lo que hablamos”.

Por este motivo, defendió la existencia de los “sujetos obligados” a efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). “Lo más importante para países como el nuestro es que un individuo que suele resolver sus conflictos en forma no tradicional, matando gente o lo que fuera, no pase a ser un vecino”. Ese fue el caso del narco colombiano Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis, que llegó a fondearse en Uruguay y residió varios años en el país. “Lo que no está bueno es que pase lo que se produjo en un colegio de Montevideo, el conflicto de si se lo aprehendía o no ante la posibilidad de que hubiera niños [en el patio]. Esa es la consecuencia de no haber controlado cuando se hizo la transacción”, expresó.

Los sujetos obligados

En 2004, con la aprobación de la Ley 17.835, el Parlamento consagró la existencia de sujetos obligados a efectuar controles a sus clientes, para prevenir el blanqueo de capitales. Esa lista incluye a instituciones del sector financiero (bancos o casas de cambio) y del sector no financiero (casinos, las zonas francas y sus usuarios, inmobiliarias, escribanos y rematadores). Estos sujetos están obligados a controlar la operación económica y determinar si se encuadra en los parámetros normales de la actividad. En caso de dudas, se emite un ROS a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay (BCU), para que se inicie una investigación.

Díaz Fraga valoró que la labor de estos sujetos es muy importante y no implica tercerizar parte de una investigación que debería hacer el Estado, como señalan algunos actores, sino que se trata de alertar sobre “operaciones sospechosas o inusuales” a la luz de quien está interviniendo. “Yo no podría saber si el valor de un inmueble que está siendo vendido en determinado lugar es disparatado. Se pide el aporte subjetivo de aquel que conoce su oficio, su know how. Un cliente de un banco que tiene determinado negocio, que suele ingresar 5.000 dólares como su venta diaria y un día aparece ingresando 500.000 dólares, el banco le va a pedir explicaciones y si estas no son satisfactorias, probablemente lo reporte. De eso se trata. Es insustituible la visión de quien conoce el negocio”.

En este marco, en 2016 se detectó un aumento de los ROS emitidos por estos sujetos obligados, según la memoria anual de la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU. El informe determinó que en el período enero-noviembre de 2016 la UIAF recibió 431 ROS, frente a 323 que había recibido en 2015. Esto implica un aumento de 33,4%. Como es habitual, la mayoría de estos ROS fueron emitidos por entidades financieras (354). Sin embargo, se destacó el aumento de 100% en los ROS de las inmobiliarias, aunque con niveles bajos para el total: sólo ocho ROS en los primeros 11 meses del año. También se percibió un crecimiento en los ROS de los escribanos: de ocho pasaron a 15.

Díaz Fraga reconoció que tras el inicio de los controles se constató un cambio de actitud de los sujetos obligados del sector no financiero (“hay un cambio ascendente en la curva” de reportes), pero que desde su percepción, estos aún no está cumpliendo a cabalidad y en la medida de lo que se espera. “Es subjetivo, pero me parece que no”, respondió.

En este contexto, la norma a estudio del Parlamento amplía la lista de estos sujetos obligados. Así se incorpora a las asociaciones civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, los partidos políticos y a los usuarios indirectos de las zonas francas. Sobre este último, la idea es que exista un “control armónico” para todos los operadores y llenar un hueco que dificultaba el control.

Los restantes forman parte de las recomendaciones del GAFI, al ser considerados grupos de riesgo. Entre ellos, se encuentran asociaciones civiles como las iglesias, el fútbol y las ONG. “La idea es hacer una valoración midiendo el riesgo que cada una de ellas pueda significar […], sobre todo valorando la entidad económica –que es una aproximación bastante buena para determinar el riesgo– y, lo que es más importante, su capacidad de tener algún tipo de control sin ser perjudicados económicamente”. “La idea que los controles sean racionales y que de ninguna manera perjudiquen el desarrollo de la actividad, sobre todo de las que son pequeñas”, agregó.

En el caso del fútbol se trata de un sector de riesgo por la naturaleza de su actividad, que implica la intangibilidad del precio de una transferencia. “Uruguay no tienen por qué escapar a las reglas que el GAFI ha hecho, es un mercado más chico, que no tiene la cantidad de transacciones que puede haber en otros países, pero nadie dice que en Uruguay, o uruguayos, puedan estar involucrados en alguna situación irregular”, dijo.

Asimismo, la proliferación de los gerenciamientos deportivos y de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) también es foco de atención, aunque la inclusión de este grupo se centra por el lado de la asociación civil, que tienen el beneficio de exoneraciones tributarias y no son controladas por la administración tributaria, o sea, la Dirección General Impositiva. Más allá de esto, dijo que “llama la atención” que los gerenciamientos que se realizaron en Uruguay no tuvieron los resultados deportivos esperados, sino que la operativa se focalizó en las transferencias al exterior. “Estaría bueno saber cómo están funcionando”, señaló.

Conflicto con los escribanos

Si bien 2016 fue un año complicado, uno de los conflictos más duros se produjo a comienzos de 2017, tras una carta enviada por la novel presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Ana Ramírez Eula, al diario El País. Ramírez Eula cuestionó el proyecto de ley antilavado y opinó que algunos aspectos de este vulneran el derecho a la intimidad de los ciudadanos y de los profesionales.

“Se pretende que nos transformemos en el primer filtro contra el narcotráfico y el terrorismo, sin tener en cuenta que no contamos con las infraestructuras de logística ni de seguridad para desarrollar esa tarea, como sí la poseen otros sujetos de los obligados a reportar operaciones sospechosas como los bancos, casinos, compañías de seguros, financieras, casas de cambio, etcétera”. “Se nos impone un rol que excede nuestra profesión. En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contrata la prestación del servicio como para el profesional que interviene”, afirmó Ramírez Eula.

Estas expresiones generaron la reacción de Díaz Fraga, quien en diálogo con el portal web de Caras y Caretas, dijo que tras leerlas “se agarró la cabeza”. Insistió con que desde hace siete años los escribanos están en la lista de sujetos obligados y que si hoy no quieren efectuar los controles deberían pensar en devolver al Estado la prerrogativa de ser depositarios de la fe pública que el propio Estado les otorgó hace 200 años. Ante esto la AEU solicitará una reunión con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, dijo Ramírez Eula a este medio.

En entrevista con Caras y Caretas, Díaz Fraga reafirmó que los escribanos deben efectuar los controles y que la Senaclaft controlará el cumplimiento. Al mismo tiempo, insistió con que las recientes críticas se explican porque “hasta ahora” la Senaclaft “no había tomado un rol activo en materia de control”, algo que cambió a partir del 1º de enero de 2016. La Senaclaft “se convirtió en el blanco de las críticas de un montón de sectores que nunca habían sido controlados”, valoró.

Díaz Fraga precisó que, más allá de este fuerte intercambio con la nueva directiva de la AEU, se tiene una “excelente relación” con los escribanos, que redundó en el trabajo conjunto en diversas áreas, y que sus dichos no pretendieron ser una ofensa. Pero insistió en su sorpresa que después de tantos años de trabajo “se apareciera cuestionando algunas cosas que para nosotros estaban más que resueltas”. Señaló, además, que la Senaclaft “no hace las leyes”. “No tenemos nada contra los contadores, los escribanos, las asociaciones civiles ni los bancos, pero están en las recomendaciones del GAFI”. “El último eslabón de la cadena en una transacción que finaliza en la adquisión de un inmueble en el que puede localizarse un criminal internacional es algo que tenemos la obligación de impedir, no sólo desde el punto de vista de las obligaciones del GAFI, sino de la obligación ética que tenemos para con todo nuestro país, nuestros hijos y nuestros nietos”.

En este punto, el jerarca insistió con que el combate al crimen organizado forma parte del respeto por la Constitución y el estado de derecho. “El combate al crimen organizado es de interés general y debe ser reputado por un país como de interés general. El día que entendamos que el combate al lavado de activos y el crimen organizado no sea de interés general, desde mi punto de vista, habremos perdido el país”, afirmó.

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La violación a la intimidad

Carlos Díaz Fraga afirmó que la normativa antilavado no implica una violación a la intimidad de los ciudadanos y los profesionales cómo se plantea desde algunos colectivos, y señaló que sobre ese punto suele existir “un doble discurso”. “En la central de créditos del BCU aparecen todos los deudores. Entonces, ¿hay secretos para los que tienen y para los que deben, no?”.

“En mi casa, me enseñaron que daba más vergüenza el deber que el tener. Ahora nos rasgamos las vestiduras por una supuesta violación de la intimidad de los que tienen, pero nos parece perfecto que a un individuo que va a pedir un crédito para llevar algo de comida a su casa le pidan número de cédula y lo metan en la maquinita, y entren a la misma institución que cuida celosamente el secreto de los que tienen, y le digan que no porque tiene una deuda, porque no pago la cuota del Banco Hipotecario del Uruguay”.

“¿No estamos violando una intimidad incluso más dolorosa, más valiosa desde el punto de vista de los valores del ser humano? Tenemos que tener un poco de sentido común”, fustigó Díaz Fraga. Y afirmó que el celo debe estar puesto en que los organismos que poseen la información realicen una fuerte custodia, para evitar filtraciones, algo que ya sucede con los ROS. “Sólo lo manejan tres funcionarios de la UIAF; la Senaclaft no los conoce ni los quiere conocer”, argumentó.

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Delitos fiscales: es fundamental

El titular de la Senaclaft consideró que incorporar al delito fiscal como delito precedente al lavado de activos “es fundamental para Uruguay, tanto como aporte al mecanismo de control interno, como facilitación de la colaboración internacional. “Nos está dando un pequeño dolor de cabeza [que no sea delito precedente], porque, en algunos casos, se nos reputa como reacios a colaborar, y la verdad es que no lo podemos hacer, porque en Uruguay rige el principio de doble incriminación”.

Díaz Fraga valoró que el debate sobre incorporar este delito a la lista “es algo que ya está superado en el mundo”. “La mayoría de los países del mundo están preocupados por sus rentas fiscales, no le vale la pena a Uruguay generarse, a esta altura, un dolor de cabeza casi que gratuito”. Además, valoró que incorporarlo “no traería aparejado ningún perjuicio a nivel de inversiones”, y que “es hora que se encare este tema”, ya que “no es bueno” para un país como Uruguay “ir a contrapelo del resto del mundo”.