La presidenta de la Comisión de Programa del Frente Amplio (FA), Constanza Moreira, lamentó públicamente la filtración de un documento de trabajo en el que se proponen prioridades en la asignación de recursos para el resto del período y se exploran formas de financiarlas. El diario El País accedió al documento y se enfocó en las iniciativas tributarias contenidas en un pequeño tramo, especialmente la posibilidad de no devolver los excedentes de los aportes al Fonasa, y con eso hizo escombros sobre la labor del grupo de trabajo presidido por la senadora de Casa Grande.
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Ya se ha aclarado que las propuestas de nuevos tributos o, más en general, las ideas sobre cómo financiar las políticas prioritarias no han sido acordadas y ni siquiera tratadas por la Mesa Política. Por tanto, no hay ninguna definición orgánica, y mucho menos ha habido ninguna negociación con el gobierno para impulsar iniciativas que, por su carácter, sólo pueden ser promovidas por el Poder Ejecutivo para su tratamiento parlamentario. Entre las ideas reseñadas, algunas pueden contar con apoyo más allá del FA y en amplios sectores de la sociedad, como incrementar tributos que afecten al capital, un impuesto a los premios de los juegos de azar o modificar los gravámenes que importan a la herencia o a las transferencias patrimoniales. Pero otras iniciativas –como no devolver el excedente del Fonasa– no tienen posibilidades de avanzar, aunque una medida de ese tipo probablemente tendría efecto positivo desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza.
El asunto central en este caso no son las propuestas, sino la filtración o la “delación”, como la llama Constanza Moreira en un artículo titulado ‘La política y el espanto’. Este método de hacer política en la interna del FA no es nuevo. A esta altura es una práctica sistemática, cuyo propósito la senadora Moreira califica de “incomprensible” para cualquier persona “mínimamente” frenteamplista, “a menos que pretenda implosionar al FA desde dentro por la imposibilidad de derrotarlo desde fuera”.
Son muy compartibles las apreciaciones de Moreira. No sólo para los adherentes al FA. Cualquier militante o simple simpatizante de un partido político puede estar de acuerdo en que es perjudicial para el funcionamiento de la democracia que los documentos y las conversaciones se “filtren”, y más aun si en el camino de tales filtraciones se producen enormes tergiversaciones para presentar la información de modo engañoso, induciendo la confusión, llevando a error y hasta generando alarma. Ella advierte que nadie en el FA debería recurrir a los medios de la derecha para revelar información que esta utilizará para perjudicar “la pública felicidad” y además cita varios artículos del Código de Ética Periodística de la APU, para dejar claro que escribir una nota tan mentirosa como la que hizo El País con la información “filtrada” por un “delator” es, además, una falta deontológica.
Para evitar que esto vuelva a suceder, la Comisión de Programa va a comenzar a publicar sus documentos en las páginas web del FA, y para la difusión sugiere usar los medios oficiales: “En segundo lugar, el FA debería priorizar, en tanto partido que está en el gobierno, a los canales ‘oficiales’: el canal 5, radio Uruguay”, dice. Esta última propuesta es curiosa. De algún modo ignora la existencia de prensa de izquierda y además les otorga a los medios del Estado un papel que el FA se ha resistido a darles en más de una década.
En cualquier caso, rápidamente vamos a descubrir que hacer público todo lo que debería mantenerse en reserva, o bien difundir cada documento por canal 5, no puede compensar el daño que produce la “delación” de un supuesto compañero para ser trabajado por la prensa dominante. Y que el Código de Ética de la APU en todo caso es un buen esfuerzo, pero no tiene la más mínima relevancia en la batalla de la información, en la que, como dice la publicidad de la cadena rusa RT, se juega la tercera guerra mundial.
Lo único que protege a la izquierda de los “delatores”que buscan hacer política buchoneando con el propósito de condicionar la agenda progresista, trabajando para que la oposición provoque reacciones sociales ante la mención de ideas que puedan perjudicar al status quo, es la promoción del debate entre la gente. En este plano el terrorismo informativo existe no sólo porque haya medios y comunicadores que no siguen un código de ética, sino porque durante décadas se han alimentado miedos irracionales para manipular a la gente. ¿Si antes se decía que en caso de triunfar el FA a los hijos pequeños se los iban a llevar para Siberia o estupideces de esa calaña, qué de extraño hay en que se le mienta a la ciudadanía, transmitiéndole que ciertas medidas tributarias redistributivas serían “un robo”? Nada. El problema es que todavía haya gente dispuesta a creer esas cosas o, peor aun, gente que crea que los grandes medios son objetivos y equidistantes. Esa ingenuidad social, esa candidez que hace tan vulnerable a la gente a las operaciones de los medios sólo puede combatirse con una permanente batalla ideológica en la calle, contra la mentira y contra los que la difunden.