La guerra jurídica

Varios medios latinoamericanos han confesado expresamente que desarrollan una guerra mediática, una guerra informativa en contra de sus adversarios políticos. Se comportan como partidos políticos frente a la debilidad de los partidos políticos de derecha. Asimismo se desarrolla, por parte de la derecha del continente, una guerra jurídica (lawfare) en contra de los liderazgos y de los partidos de izquierda. El lawfare es el uso indebido de recursos jurídicos para fines de persecución política. La ley es utilizada como una especie de arma de guerra, lo cual permite el uso político de un instrumento jurídico, buscando resultados políticos. El lawfare depende de reiterados usos de llamadas con destaque en los medios para erigir a un líder político popular como el gran enemigo del país. Un rasgo del lawfare es el uso de acusaciones livianas, sin pruebas, sin materialidad. Pero los medios se comportan como si estuvieran respaldados en gran cantidad de pruebas. Se utiliza -y se abusa de su utilización- el derecho como sustituto de armas de guerra, de los tradicionales métodos militares, para obtener éxito en un conflicto, intentando aniquilar la imagen de un líder popular. Se trata de dar una apariencia de legalidad a un abuso. Para intentar deslegitimar un líder popular, se manipula el sistema legal, con abuso, sin defensa, para buscar influir a la opinión pública. Por ello, en esa guerra jurídica es fundamental la alianza estrecha entre el Poder Judicial y los medios. Las personas son expuestas, execradas y condenadas ante la opinión pública antes de ser juzgadas con todas las formalidades y el derecho justo a la defensa. Cuando se llega al juicio, la condena ya fue ejercida por los medios. El uso cobarde del lawfare es mas fácil que una disputa democrática en las elecciones, porque quien lo ejerce cuenta con poderosas fuerzas, como los medios y la Justicia, actuando de forma brutal y unilateral. Es lo opuesto a la búsqueda de justicia, dado que procura, por medio de medios livianos y del mal uso de procesos legales, intimidar a sus adversarios políticos. Jueces, así como la Policía y los medios, actúan de forma arbitraria, violando derechos individuales, buscando imponer una culpabilidad sin pruebas. Gana el lawfare quien posee más poder político y económico. Se van acumulando sospechas, aun sin pruebas, que buscan destruir reputaciones, desacreditar el prestigio político de líderes, adquirido por sus políticas de carácter popular. Se trata entonces de buscar el debilitamiento de la confianza del pueblo en esos referentes por la acumulación de simples sospechas. Es un acto de guerra (por ello la expresión está vinculada a warfare), pero en las condiciones políticas actuales se da por medios jurídicos y de manipulación de la opinión publica. Se trata de una guerra asimétrica, en que las armas son leyes, manipuladas de forma unilateral y arbitraria con fines políticos. Se pueden resumir los rasgos de este nuevo tipo de guerra de la siguiente forma: – manipulación del sistema legal, con apariencia de legalidad, para fines políticos; – instauración de procesos judiciales sin mérito; – abuso del derecho con el objetivo de perjudicar la reputación de un adversario; – promoción de acción judiciales para desacreditar al oponente; – intento de influir a la opinión publica con el uso de la ley para publicidad negativa; – judicialización de la política, valiéndose de la ley para buscar medios y fines políticos; – promoción del desconcierto y de la desilusión en sectores del pueblo; – crítica de los que se valen del derecho internacional y de los procesos judiciales para hacer acciones en contra del Estado; – uso del derecho como forma de constreñir al adversario político; – bloqueo y represalia de los intentos de los adversarios de hacer uso de procedimientos y normas legales disponibles para defender sus derechos; – acusación de las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales con el fin de frustrar sus objetivos. Total, es una forma contemporánea de perversión de la democracia, valiéndose de lo que debiera garantizar el Estado de derecho, como arma de guerra para aniquilar al enemigo cuando no se lo puede destruir políticamente, en condiciones de disputa equitativa.