Con Jacqueline Gómez, presidenta del Instituto Nacional de Colonización

La Ley de Urgente Consideración como camino hacia la contrarreforma agraria

La ingeniera agrónoma Jacqueline Gómez se refirió a los contenidos de la Ley de Urgente Consideración referidos al Instituto Nacional de Colonización, señalando que los mismos van contra la ley de creación del instituto e impactarán agravando el despoblamiento rural. Asimismo, indicó que de aprobarse los artículos tal y como están planteados en el anteproyecto, se corre el riesgo de perder, del patrimonio del organismo, unas 150.000 hectáreas de las 600.000 que hoy maneja.

Por Ignacio Cirio

Los dos artículos del anteproyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos al Instituto Nacional de Colonización (INC) se contraponen al espíritu de la ley que dio vida a la herramienta colonizadora a través de la ley 11.029, explicó la jerarca saliente. En palabras de la propia presidenta del ente, la Ing. Agr. Jacqueline Gómez, “contienen una mirada que se contrapone al objetivo de la ley de 1948 y al espíritu que la generó”.

Sillones

La exposición de Gómez debe leerse a la luz de los desacuerdos entre el gobierno entrante y la fuerza política Frente Amplio en cuanto a otorgar cupos de dirección en organismos de contralor y entes públicos. En la propuesta intercambiada entre el futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el presidente del FA, Javier Miranda, no figura una vacante en el Directorio de Colonización. Contar con un lugar en este ente es un requerimiento particularmente estratégico para el Movimiento de Participación Popular (MPP), principal fuerza electoral en la izquierda y que ha sido responsable central de la conducción de Colonización en la primera era de gestión frenteamplista (2005-2020).

Las administraciones del FA dieron participación a la oposición, especialmente a su fracción mayoritaria, el Partido Nacional (PN), en el Directorio del INC. En el último período, el sillón facilitado al PN fue ocupado por Rodrigo Herrero, cuya esposa pasará a ocupar el “número tres” en el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), a través de la Dirección General de Secretaría.

Las autoridades designadas al frente de dicha cartera, los también agrónomos Carlos María Uriarte e Ignacio Buffa, han sido particularmente críticos con el modelo de colonización llevado adelante por la izquierda en el gobierno. El primero llegó a considerar “excesivo” el patrimonio -unas 600.000 hectáreas- alcanzado por el instituto a través de constantes inversiones en nuevos campos, en tanto que el segundo criticó el hecho de que unas 48.000 hectáreas en posesión del ente estatal aún no hayan sido adjudicadas, entre otros cuestionamientos.

Gómez, presidenta saliente, es tajante al cuantificar el daño que podría acarrear la aprobación de los artículos 313 y 314 de la LUC tal y como figuran en el borrador hecho público: unas 150.000 hectáreas hoy sujetas a la ley 11.029, aunque en manos de propietarios privados, podrían volver a volcarse al mercadeo de tierras y así configurar una contrarreforma agraria que generaría una reconcentración en la posesión de los campos a costa de la pérdida de patrimonio estatal (ver recuadro).

El potencial de la norma fundadora del ente colonizador es tal que recorta o matiza el derecho de propiedad para aquellos campos que están en poder de colonos con la intención de evitar un error consuetudinario en procesos de distribución de tierras o reformas agrarias: el mismo consistía en permitir el acceso a campos mediante inversión pública o expropiación, sin embargo, con el paso de las generaciones y la pérdida de rentabilidad, la presión del agronegocio latifundista o el debilitamiento del tejido rural para los beneficiarios -campesinos en escenarios latinoamericanos o productores familiares o familias de asalariados para el caso uruguayo- los campos son enajenados y retornan vía mercado de tierras a los concentradores del ayer, sean personas físicas o entidades corporativas. A propósito, la LUC vuelve el calendario atrás (artículos 324 y 325) y habilita nuevamente la compra de campos por parte de sociedades anónimas innominadas. Parece un complemento perfecto a la luz de las advertencias de la presidenta del INC.

Campaña vacía

El primero de los artículos referidos, el 313, modifica la ley creadora del INC a través de establecer excepciones, varias, a la exigencia prevista en la norma original de residencia en el predio asignado por parte de los beneficiarios de la política colonizadora. La propuesta del gobierno multicolor exonera de la condición original para ser beneficiario de la explotación de tierras públicas -“trabajar el predio bajo su dirección y supervisión directa y habitarlo con su familia”- dispuesta por la ley madre desde 1948 a los “colonos propietarios”, así como a quienes puedan justificar “razones […] de salud, estudio o trabajo de algunos de sus integrantes”. El Directorio del INC también podrá liberar de dicha exigencia mediante su decisión a la hora de firmar la adjudicación, indica la LUC.

Gómez entiende que la amplitud de casos y el poder discrecional que se extiende al Directorio equivale a eliminar el requerimiento.

“Son tantas las excepciones que se podría decir que ninguno tendrá que cumplir con la condición de la residencia”, dice Gómez. Para la jerarca, este contenido de la ley 11.029, sumado a la gestión innovadora del INC por parte de las administraciones frenteamplistas, ha permitido superar la “raviolera” aplicada a los campos y, en cambio, pensar la política de tierras en clave de “construcción de territorio y en clave de soberanía alimentaria”.

“Proponer esta medida en una ley de colonización que tiene que propender a la radicación de las familias en el medio rural, en realidad creemos que va a agravar el despoblamiento de la campaña”, proyecta Gómez.

El impacto negativo trascendería largamente a las familias o grupos de colonos: “Los territorios de la producción familiar, como sabemos, se construyen por diversos sujetos sociales: colonos, productores que no son colonos (pequeños propietarios, arrendadores), instituciones sociales y comunitarias. Eso es lo que permite que haya escuelas, que se mantengan caminos, líneas de transporte público y que acceda la institucionalidad agropecuaria y el desarrollo rural. La residencia asegura un conjunto de infraestructura y de condiciones de trabajo, incluso de seguridad, promoviendo un desarrollo de ciudadanía para la producción familiar y esta propuesta va en contra de ello”. De eliminarse la exigencia, este tejido se debilita y la campaña queda vacía y no solo de gente, advierte Gómez.

Opción y no rigor

El riesgo potencial para el INC incluido en la LUC ha sido advertido más allá de las fronteras políticas del gobierno saliente. Al desmentir la información (Búsqueda, 06/02) de que una de las familias comprendidas por el beneficio sería la de la futura ministra de Vivienda, Irene Moreira, esposa del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, fue el propio ex comandante del Ejército quien declaró (Teledoce.com  07/02): “Es una noticia totalmente inexacta. Ni Irene Moreira ni [su padre] Roco Moreira jamás fueron colonos. Vamos a proponer que ese artículo no quede incluido. Pensamos que los colonos tienen que estar presentes en el predio porque además es el espíritu de creación del INC”.

En tanto, Buffa defendió firmemente la inclusión de dicho artículo en la LUC. Consultado al respecto por Caras y Caretas, reconoció que la LUC flexibiliza la exigencia de residencia para quienes acceden a tierras públicas, pero significa que “quienes se queden en el campo lo hagan por opción y no por obligación”.

“Lo que queremos es poder mejorar [el acceso a] internet, poder mejorar algunos planes educativos para que los niños [rurales] no estén tan atrasados respecto a otros en ámbitos urbanos, es decir, queremos dar las condiciones para que la gente permanezca en el medio rural”, declara Buffa. El futuro subsecretario y hombre de confianza de Lacalle Pou, de quien ha sido asesor en temas agropecuarios desde hace varios años, coincide con Gómez en que “contar con un entramado social denso en la campaña es fundamental”. Pero matiza: “No lo queremos hacer por obligación, sino por convencimiento de la gente y porque le demos ciertas condiciones”.

Buffa suma al paquete de las acciones que fomentarían la permanencia de la población en el campo la creación de una Unidad de Seguridad Rural en el espacio del Ministerio del Interior. “Queremos resolver la seguridad para que sea otro elemento más para que los padres decidan permanecer en el campo, criar a sus hijos y que estos puedan ir a una escuela como la que fui yo, la número 33 de Corralito [Soriano]”.

Gómez pone en contexto sus advertencias asociándolo a las obligaciones que acompañan el derecho de acceso a la tierra a productores familiares y asalariados: “Se trata de una política de derechos, mediante un política pública subsidiada que hace posible el conjunto de la sociedad uruguaya a través del instituto. Y como toda política pública, junto a los derechos debemos hablar de las obligaciones”. Parte de dichas obligaciones, además del pago de la renta, la constituyen la residencia y la explotación directa del inmueble rural. “Si alguien quiere acceder a una campo de 200.000, 300.000  o hasta 800.000 dólares mediante la política subsidiada [y] no está dispuesto a cumplir con estas obligaciones, en realidad, no tiene que acceder a la tierra”, concluyó.

El desguace de la cartera colonizadora

El segundo artículo de la LUC (314) referido a Colonización “libera” de la obligación de ofertar al INC al momento de la enajenación un conjunto significativo de inmuebles rurales que potencialmente volverían al mercado de tierras sin que el Estado cuente con preferencia para adquirirlos y así engrosar la cartera colonizadora, cubriendo la demanda anual de aproximadamente 1.600 familias que se presentan a los llamados abiertos por el instituto, que tiene su sede en la calle Cerrito. Se trata de campos adquiridos por organismos que atendieron el reparto de tierras antes de 1948, fecha de promulgación de la ley 11.029: la Comisión Asesora de Colonización o la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay.

Gómez estima el alcance de esta medida en unas 150.000 hectáreas, mayoritariamente en posesión de herederos de la política colonizadora de la primera mitad del siglo XX en el país. En el artículo de referencia se plasma la voluntad manifestada en varios intentos legales frustrados en la legislatura pasada, pero claramente las mayorías cambiaron.

Cajas y plumas

Se presentó el pasado miércoles 11 de febrero, en la empresa Valle Alegre de San Bautista, Canelones, el nuevo sistema “SIF-A” o de “Cajas Negras Aves”, que fue instalado en ocho plantas avícolas, sumándose al Sistema de Monitoreo Avícola. Esta tecnología permite registrar automatizadamente la actividad de plantas de faena de aves en varios momentos de la línea, aportando a la transparencia del sector. La actividad prologó lo que será la 9ª Expo Avícola que inicia hoy viernes 14 y va hasta el domingo 16 en dicha localidad canaria, sobre ruta 6 y considerada Capital Nacional de la Avicultura. El sistema recogerá información relativa a la faena y lo transmitirá sin intervención humana a INAC y a operadores de la cadena. En la inauguración participaron autoridades del MGAP, como Enzo Benech, y el subsecretario designado por la coalición multicolor, Ignacio Buffa. También se hizo presente el intendente canario, Tabaré Costa.

5 comentarios en «La Ley de Urgente Consideración como camino hacia la contrarreforma agraria»

  1. Dos apuntes:
    1 Son «los mismos» que desconocieron los títulos de Artigas en la «Patria Vieja»…
    2 Son los que pregonaron repoblar la campaña…y la vacían.

  2. Por sus apetencias económicas y de compra de cartera de tierras para despoblar el campo, es que incluyen estos artículos que ahogan al INC.
    Y de paso que los blancos que usufructuan incorrectamente la tierra, no sean culpados de ningún delito como hoy.
    Si Artigas viviera, sería un enemigo de estos oligarcas.

  3. Por supuesto que estos artículos van a beneficiar a muchos legisladores nacionalistas y a personas de su entorno.
    Pero nadie podrá decir que no lo sabía.
    Inmediatamente se legisla para las sociedades anónimas con lo que se dan pasos hacia atrás

    Este es el comienzo de varias cosas con nombre y apellido que se van a ver pero bueno está bueno cambiar y un baño de realidad a la población le hace falta.

    Bienvenidos al Uruguay de dos discursos el que se le da a la ciudadanía en cámara y el que se hace real a través de la legislación para unos pocos.

    Sigan pastando🐑🐑🐑🐑🐑

  4. Vamos a ser claros y concretos, votantes y no votantes de lacallito, sabíamos que iba a hacer estas cosas, como sabíamos que macri en Argentina iba a hacer lo que hizo, y así dejó el país.
    Será cuestión de ver cómo queda el nuestro dentro de 5 años.
    Pero no vale poner cara de sorprendidos.

  5. CLARO! ES UNA LEY DISEÑADA(CAJA PANDORA) POR LA OLIGARQUIA/BURGUESIA, A FAVOR Y ORIVILEGIOS INTERESES..DE LOS GRUPOS MINORITARIOS DEL PODER ECONOMICO/FINANCIERO/FEUDAL.. DE IDEAS DERECHISTAS/FUNDAMENTALISTAS..DINASTICAS Y CONTRA INTERESES MAYORIAS PUEBLO!LA LEY QUE EL PUEBLO RECHAZO EN ELECCIONES DE OCTUBRE…LA QUIEREN VOLVER A IMPONER(DERECHA) A COMO DE LUGAR..PARA SOSTENER Y RESPALDAR SU GOBIERNO/GESTION..COBTRA PROTESTAS POPULARES! POR LO TANTO..YA, HAY QUE MOVILIZARSE LEVANTAR FIRMAS CONTRA ESA LEY REPRESORA..DISCRIMINATIVA..RETROGRADA EN EL TIEMPO…DE EXCLUSIONES Y CLASISTA…! HAY QUE LEVANTAR FIRMAS PUEBLO Y PLEBICITARLA! QUE EL PUEBLO/SOBERANO..DECIDA.QUE QUIERE Y QUE, LE SIRVE A SUS INTERESES! Y QUE EL NUEVO GOBIERNO…NO IMPONGA A PREPO, SUS RECETAS…GOBIERNO!

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