La LUC y un debate sobre seguridad y convivencia

Los ejes que organizaron la presentación de los panelistas giraron en torno a: El miedo y la construcción de la realidad, ¿Resuelve la LUC los problemas de seguridad y convivencia?, ¿Tiene la policía actual herramientas para actuar? ¿En qué lugar del mundo funcionó la receta de la inflación penal? ¿Cuáles son las medidas de la LUC para mejorar las cárceles? ¿Serán efectivas? ¿Cómo se relacionan la legítima defensa y la propiedad en la perspectiva de la LUC?.

Sobre estos temas conversaron con el «público virtual»Denisse Legrand, José Carlos Mahía, y Martín Fernández.

Los panelistas coincidieron en los efectos negativos que las propuestas que aparecen en la Luc tendrán sobre la seguridad pública.

Para los panelistas las propuestas del proyecto de ley, representan claramente un ejemplo de derecho penal autoritario lo que traería como consecuencia una mayor hiperinflación penal, con el correspondiente aumento de las penas se produciría un considerable aumento de la población de privados de libertad en el país.

Uruguay es uno de los 30 países del mundo con mayor tasa de prisionización por cada 100 000 habitantes y es el segundo en prisionización en América Latina con 328 prisioneros cada 100 000 habitantes.

Los expertos señalaron además, por ejemplo, con relación a la presunción de la legítima defensa, que de aprobarse se estarían violentando garantías jurídicas fundamentales, al tiempo que se realiza una peligrosa apertura a la discrecionalidad policial en sus actuaciones.

Respecto al accionar policial se señaló que no se puede pretender generar respeto a la autoridad policial, por la vía propuesta, en tanto el camino para esto es el aumento de la profesionalización policial lo cual permitiría reducir la modalidad del accionar reactivo de la policía.

Las modificaciones propuestas para garantizar el aumento de la autoridad policial conllevarán, afirmaron los panelistas, a que aquellas actuaciones policiales que se realicen de forma violatoria de la ley o de la propia normativa sobre los procedimientos policiales, encuentren en estos cambios una modalidad de legitimación inadecuada.

Todos los panelistas fueron contestes en que las propuestas vinculadas a la seguridad pública, que abarcan el 25% de todo el proyecto de ley, son propuestas que hay que analizarlas en una perspectiva temporal que parte de los años 90 y de la forma en que se fueron gestando políticas criminales que al privilegiar lo punitivo, condujeron a adoptar políticas criminales cada vez más deterioradas en términos de alternativas y garantías de derechos.

Es justamente sobre este último punto, el de las garantías de derechos tanto de ciudadanos en general, como de colectivos organizados y de los prisioneros en el sistema penal, donde los oradores enfatizaron la negatividad que representa para el libre ejercicio de los mismos algunos de las modificaciones, que vía LUC se introducen el código penal y en el de procedimiento penal.

Con relación a los temas relativos a la adolescencia infractora, se presentaron datos contundentes que echan por tierra los argumentos vertidos por el ministro del Interior, con relación a la relevancia de la participación de adolescentes en los delitos de homicidios, en este sentido, se señaló que lo que sí viene quedando claro es que la participación de adolescentes en dichos delitos ha tenido una reducción sistemática y sostenida en el tiempo.

Dentro de los temas que también concitaron la atención de los oradores se encontró la propuesta relativa a la denominada «ley de derribo», sobre la que se señaló de forma contundente que ello introducía al país en la aceptación y la posibilidad de practicar «la pena de muerte administrativa», en tanto y en cuanto, la orden de derribo no obedecería a una decisión jurídica, sino, a una orden del Presidente de la República.

Ello sin considerar, se señaló, que quienes eventualmente puedan estar pilotando una aeronave lo estén haciendo bajo máxima presión de grupos criminales, lo que directamente no lo hace penalmente responsable, por lo que si se ordena el derribo de la aeronave se estaría produciendo, lisa y llanamente, un «homicidio autorizado administrativamente».

Aunque se reconoce como positiva la creación de un Consejo de Política Criminal, se critica que el mismo no incluya un conjunto de actores relevantes de la sociedad civil y de ministerios de gobierno sin cuya presencia y participación no sería posible producir acciones y propuestas integrales de trabajo.

Durante todas las intervenciones quedó claro el rechazo y la crítica a la idea de que una mayor expresión penal traería como resultado una mejor seguridad pública, el camino, señalaron los panelistas pasa por una mayor capacidad de inversión y la adopción mayoritaria de medidas alternativas a la privación de libertad.

En el mundo, señalaron, no se ha podido constatar que el aumento del punitivismo, conduzca a una mejor seguridad pública, el efecto constatado es justamente el contrario y lo es porque potencia todas las violencias; en primer lugar, las violencias institucionales.

Al finalizar la presentación, los panelistas respondieron diversas preguntas del público participante.