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Sociedad

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La lucha por el acceso a la tierra para vivienda

Vecinos del Asentamiento San Miguel en Santa Catalina y el aledaño Barrio Nuevo Comienzo quedaron hermanados en la lucha gracias a la resolución del fiscal diego Pérez, que volvió a imponer sentencias de desalojos para evitar los procesamientos con prisión por, entre otros delitos, la tipificación de usurpación. Mientras los de abajo se unen en búsqueda de soluciones, el cerco institucional los acecha.

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Caras y Caretas Diario

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En las primeras horas de la mañana del 16 de junio un importante operativo policial ocupó una cuadra del Asentamiento San Miguel.

Los agentes policiales no exhibieron orden de allanamiento, pero pidieron permiso para ingresar a los domicilios, a los que accedieron ante vecinos asombrados que estaban preparándose para ir a trabajar o se encontraban desayunando.

El asentamiento San Miguel nuclea cerca de 300 de familias y está allende al barrio Nuevo Comienzo y Santa Catalina por la calle Burdeos.

Los vecinos quedaron sorprendidos porque los detenidos nunca fueron previamente parte de procesos judiciales por la situación de ocupación de los terrenos que ya hace mas de un año y medio que están con construcciones de vivienda y va cobrando la forma de un barrio consolidado.

Entre los detenidos se encontraba la madre de un bebé de un mes y medio que dejó a cargo de sus hermanas menores y tenía una cesárea no cicatrizada que se le abrió en el calabozo de la zona IV de Policía, en el Cerro.

En otras de la viviendas allanadas se le informó a los agentes que había un infectado de covid, pero, a pesar de que no se llevaron a la persona detenida, siguieron luego de esa vivienda ingresando a otras.

En el barrio Nuevo Comienzo, donde viven otras 300 familias, el frío de este invierno que comienza se hace sentir puntual, despejando la sensación apenas cálida de un tibio sol que languidece.

Por estos días la masa polar se cuela entre las rendijas de las paredes de costaneros de los ranchos, empieza a humedecer la chapa de los techos y los escalofríos recorren por igual erizando las pieles.

El fuego permitiría combatir este segundo invierno que azota a los habitantes del barrio Nuevo Comienzo si no fuera porque al Fiscal Diego Pérez se le ocurrió procesar a algunos vecinos por «tala indiscriminada», la vieja práctica por estas zonas de recoger leña.

A pesar de las querellas legales y los golpes contundentes de la institucionalidad que hace dos días se llevó a 13 personas detenidas más, de este goteo incesante que desde hace más de un año genera incertidumbre y más pobreza en la pobreza, los vecinos se ingenian para generar solidaridad, sin sellos oficiales ni de las que descuentan aportes.

Desde hace un año Fabiana Molina regentea, con beneplácito de un grupo de vecinos que se integraron a la tarea, la olla popular “Sabor a pueblo”.

Actualmente preparan un desayuno los martes, jueves y sábados, repartiendo 35 litros de leche por jornada que los vecinos vienen a buscar y acompañan con los sólidos que se pudieron preparar.

Los jueves y sábados y algún martes reparten también 120 platos de comida que por la emergencia sanitaria los vecinos vienen a buscar en viandas.

Todo está organizada y prolijamente llevado en un cuaderno con los nombres de los vecinos y la cantidad de integrantes del grupo familiar, un cuaderno que es un “botín de guerra” para el fiscal Diego Pérez.

Un registro parecido para organizar a la comunidad y tener censados a los vecinos fue usado por el señor fiscal para procesar a vecinos por “asociación para delinquir”; un cuaderno escolar apenas garabateado fue la prueba del delito.

 

Desde el fondo de los tiempos

Si en algo tiene razón la ministra de vivienda, Irene Moreira, es que la situación de los asentamientos San Miguel y Nuevo Comienzo no es única el país; la promesa de “Asentamiento 0” del presidente Lacalle en campaña electoral quedó en el olvido, sobre todo a partir de los escasos recursos presupuestales que asignó a la cartera de vivienda.

Los primeros asentamientos humanos de tipo irregular se conocieron a partir del éxodo rural y fueron bautizados como “cantegriles”, en forma irónica por el Cantegril de Punta del Este; eran fenómenos parecidos a las villas miserias en Argentinas, las favelas en Brasil o las callampas en Chile.

Sobre los 90, el nacimiento de estos asentamientos urbanos, que perduran hasta nuestros días, tiene un nuevo fenómeno y es que están integrados por trabajadores formales e informales (a diferencia de los sectores marginados de la actividad laboral rural o urbana), y ocurren en todas las épocas de crisis económica con un Estado que no da respuesta a la solución habitacional.

Entre 2017 y 2018 la Unidad de Evaluación y Monitoreo del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) realizó la actualización de cartografía de los asentamientos irregulares de todo el país, dando continuidad al proceso iniciado en 2006 y actualizado en 2012, por la que fueron relevadas las ocupaciones irregulares a nivel nacional de acuerdo a la definición acordada con el Instituto Nacional de Estadística. El nuevo relevamiento registró 607 asentamientos en todo el país, de los cuales 45 surgieron después de 2011 .

En términos absolutos, tres de cada cuatro de los asentamientos recientes se localizan en Montevideo, Canelones y Salto, seguidos en cantidades menores por otros departamentos del interior. Rivera, con cuatro nuevos asentamientos en un total de 15, presenta también un crecimiento relativo importante respecto a la medición anterior. En Florida y Tacuarembó los nuevos asentamientos representan 25% del total de asentamientos actuales de esos departamentos, aunque esta proporción corresponde en cada caso a un nuevo asentamiento en un total de cuatro. La capital del país y su área metropolitana tienen dinámicas de movilidad residencial propias, caracterizadas en grandes rasgos por la pérdida sostenida de población en zonas centrales e intermedias y un aumento poblacional de las zonas periféricas.

La mayor parte de los 45 asentamientos identificados se ubica en terrenos privados. Un cuarto del total se encuentra ocupando terrenos públicos (de intendencias o instituciones estatales) y 16% se ubica en zonas que afectan suelo público y privado a la vez u ocupan espacios de uso público tales como calles proyectadas.

Las ocupaciones de suelo pueden ocurrir de forma paulatina, organizada o una combinación de ambas. La mayor parte de las nuevas ocupaciones han avanzado paulatinamente, sin intervención de organizaciones.

La información recogida muestra que la mayoría de las ocupaciones ocurren de forma espontánea, sin una organización previa y de forma paulatina. En una segunda etapa se suceden varias formas de consolidación y densificación, las cuales pueden o no incluir la venta de lotes.

 

Desde el llano

El dirigente de Fucvam Gustavo González, consultado por Caras y Caretas manifestó: “Lo que todos los integrantes del Estado deben tener claro en este país, y no lo han tenido desde hace mucho, es que uno nace en la tierra y la tierra no se reproduce, así que lo que debe preocupar a Manini es quién genera la segregación espacial, y esa segregación la genera la propiedad privada. Se sigue criminalizando a los pobres. Un terrícola tiene que tener un espacio de tierra para vivir por que aún no le ganó a la ley de gravedad y no puede vivir flotando, entonces se debe consagrar ese derecho fundamental para poder vivir. El problema de fondo es la propiedad privada, pero mientras no se resuelva esto, el Estado debe apelar a un presupuesto que le permita la construcción de viviendas. Una de las propuestas de Fucvam es afectar con el 0,1% del impuesto al patrimonio de las grandes empresas, que permitiría obtener 160 millones de dólares por año”.

Para la diputada frenteamplista e integrante de la comisión de vivienda de la Cámara de Representantes, Lucía Etcheverry, “En la Ley de Urgente Consideración, el gobierno creo la Dinisu (Dirección Nacional de Integración Socio-Urbana) dentro del MVOT. Su prioridad, los asentamientos irregulares. Su objetivo, «instrumentar las acciones necesarias que redunden en un mejoramiento de la situación actual en materia de vivienda, que tiene el carácter de urgente para el gobierno y hace a la dignidad humana de la persona». El FA votó esta creación porque es compartible sin duda. La realidad mostró nuevamente que solo son expresiones sin ninguna voluntad de hacer”.

 

El cerco institucional

El senador Guido Manini Ríos presentará un proyecto de ley para interpretar el artículo 45 de la constitución que ya cuenta con los votos del Partido Colorado y seguramente de los nacionalistas.

El artículo 45 de la Constitución expresa: “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”.

El proyecto Manini encuentra en el ítem “la ley propenderá” su principal argumento para quitarle al Estado (y por elevación a la ministra de Vivienda) la responsabilidad de consagrar el derecho.

Al mismo tiempo, un proyecto del diputado nacionalista Diego Echeverría está por ingresar a la Comisión de Constitución de diputados.

El proyecto de ley es específico para combatir las ocupaciones ilegales; se presenta luego de finalizar su ronda de contactos políticos con los ministerios del Interior, Vivienda y Ordenamiento Territorial y el de Ambiente. A su vez, y luego de semanas de trabajo en conjunto con los equipos técnicos de los respectivos ministerios, se llegó a un texto que intenta dotar de herramientas al Estado ante tan compleja situación.

Este proyecto fue acompañado por los cuatro diputados del Partido Nacional de Canelones, el de San José y el de Rocha, departamentos donde la situación de las ocupaciones ilegales se ha agravado en los últimos tiempos y establece que el Poder Ejecutivo o las intendencias, en el ámbito de sus competencias, tendrán legitimación para entablar la acción judicial que se regula en el proyecto de ley para impedir la formación de fraccionamientos, loteo, la demolición de obras cualquiera sea su destino, ocupaciones u otra alteración física del territorio y demás bienes del ambiente, en infracción a la normativa referida, que recaigan sobre bienes de propiedad privada y de acuerdo a sus competencias.

En caso de infracciones a la normativa del ordenamiento territorial, que recaigan sobre bienes del dominio público o fiscal, las intendencias o en su caso el Poder Ejecutivo, una vez que el acto administrativo sea definitivo (artículos 309 y 318 de la Constitución de la República), podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para su ejecución.
Si existiere resistencia por parte del infractor en cumplir con lo dispuesto por la autoridad administrativa competente, el proyecto del diputado Echeverría habilita a solicitar el auxilio de la fuerza pública y si recayera sobre un hogar, en caso de oposición, se solicitará orden escrita al Juzgado Letrado de Primera Instancia con competencia en materia civil (artículo 11 de la Constitución de la República) para ejecutar el acto administrativo definitivo, lo que se resolverá sin más trámite y se cometerá al alguacil, quien deberá solicitar el auxilio de la fuerza pública, sin necesidad de nuevo mandato judicial en caso de continuar la resistencia.

El legislador expresó en su proyecto que “en los últimos tiempos en nuestro país hemos sido testigos de un crecimiento de las ocupaciones ilegales, con las consecuencias jurídicas y sociales que ello implica. La ocupación ilegal de un inmueble no solo es un avasallamiento de la propiedad privada, sino que es un ataque a las normas de convivencia y respeto que deben primar en una sociedad”, expresó Echeverría.

“La ocupación ilegal no solo es una vulneración a la propiedad, sino que también lo es al ordenamiento territorial y al medioambiente, razón por la cual se debe legislar en la materia, dotando de herramientas al Estado para combatir este flagelo.

Como sociedad no se puede naturalizar este tipo de comportamientos, tampoco se puede ver con permisividad o tolerancia. Se debe actuar con rapidez, firmeza y transparencia, con acciones legales rápidas que no permitan avanzar estos fenómenos, en los que el tiempo, a veces cuestión de horas, puede hacer la diferencia”, manifestó Echeverría.

El proyecto de ley establece formalidades legales que garantizan el debido proceso y los derechos de todas las partes, y a texto expreso contempla la posibilidad de auxilio de la fuerza pública, donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa Nacional, en el ámbito de sus competencias, prestarán auxilio directamente a los demás órganos competentes del Poder Ejecutivo y a las intendencias, en el ejercicio de sus funciones.

“El presente proyecto de ley intenta ser un aporte a la capacidad de respuesta del Estado, más rápido y más eficiente, dando instrumentos al Poder Ejecutivo y a los gobiernos departamentales, sumándolos a las herramientas de tipo penal que hoy existen en la legislación uruguaya”.

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