La marcha de las 4×4: Rentabilidad o muerte

Si alguien supone que la queja de los rurales se debió a sus problemas de rentabilidad, adivinó. En su queja, los productores fueron acompañados por transportistas y proveedores de insumos y servicios. Entre el combo de medidas anunciadas, ocupaba un lugar sobresaliente la posibilidad de bloquear el transporte de alimentos perecederos a la capital y a los balnearios esteños.   La rebelión del WhatsApp Entre los elementos de irritación para los asistentes, se encuentran los altos costos de la energía, el peso del Estado y, por supuesto, los graves problemas de rentabilidad del sector. Si bien el movimiento nació en Paysandú, se está difundiendo a otras gremiales, particularmente en el norte del país. La amenaza de los productores generó el rechazo de todo el gabinete de gobierno, particularmente del a ministra de Turismo, Liliam Kechichian, preocupada por los efectos que una medida de esta índole podría tener sobre una temporada de turismo excepcional. Además de los 50 empresarios vinculados a la Feria de Paysandú y el respaldo explícito de la Sociedad Rural de Río Negro, el núcleo duro de esta movilización está constituido por grupos de WhatsApp en los que participan 1.500 productores ganaderos, lecheros, arroceros, transportistas y otros integrantes de la cadena agroexportadora. A la pérdida de rentabilidad por la baja de los precios de los commodities en los mercados internacionales, los empresarios del agro suman la baja competitividad, el atraso cambiario y la suba de las tarifas energéticas. Obviamente, también tienen un lugar entre los reclamos las cargas impositivas que afronta el sector. El próximo lunes, la Federación Rural considerará como se posiciona ante el tema. A priori, se desmarca de medidas extremas como la realización de piquetes o la suspensión por tiempo indeterminado del suministro de alimentos a los centros urbanos. Sin embargo, considerará otras medidas parciales, como la suspensión de la faena para el mercado interno y el abastecimiento a las ciudades de productos alimenticios durante algunos días. Otra variante que consideran para exteriorizar su protesta es la colocación de tractores y maquinaria agrícola al borde de las rutas. El incipiente movimiento ya ha sido bautizado como “Todos campo y patria” y se caracteriza por sus manifestaciones caóticas y carentes de liderazgo y por sus acusaciones al gobierno, a los sindicatos y a las propias gremiales empresariales. Ante la insistencia de ser recibidos por el presidente, Tabaré Vázquez ya ha manifestado que recién el 15 de enero decidirá si en febrero podrá recibir a las gremiales, que le solicitaron un encuentro en el mes de noviembre. La disconformidad de los rurales no se limita al gobierno, ya que incluye a otros protagonistas, como los intendentes que votaron el incremento de la Contribución Inmobiliaria Rural. No obstante, la aparente espontaneidad del movimiento está comenzando a ser capitalizada por la Asociación Rural (ARU) y los políticos de la oposición, pese a que aún no se tengan muy claras las medidas que se proponen, más allá de las genéricas apelaciones a las exenciones impositivas, el atraso cambiario y los altos costos de la energía. El próximo 23 de enero, las gremiales volverán a reunirse en la ciudad de Durazno. Por boca de su presidente, Pablo Zerbino, la ARU ya advirtió que se trata de “las primeras reacciones de la gente, que está empezando a ponerse muy nerviosa”. Moderando las primeras propuestas del foro, admitió que no se puede pedir a pequeños y medianos productores que dejen de enviar ganado a los frigoríficos, porque eso les afectaría mucho financieramente. Zerbino admitió que el precio internacional de los productos no es el centro del problema, sino “la estructura de costos internos, que están ahogando al sector”, aludiendo al elevado gasto público y al déficit fiscal. Tanto Zerbino como Miguel Sanguinetti, vicepresidente de la Federación Rural (FR), fueron enfáticos en cuanto a la afectación particular que se está generando en sectores específicos, como el arrocero y el lechero, agudizada por la sequía que se está viviendo, particularmente al norte del Río Negro.   Los beneficiarios de un ciclo exitoso Esto está sucediendo en uno de los sectores que más se ha privilegiado del sostenido crecimiento que viene teniendo la economía uruguaya desde 2002, partiendo de la profunda recesión que afectó al país entre 1999 y 2003. El despegue se produjo en un contexto de altos precios de los commodities y crecientes flujos de inversión extranjera directa. Ese crecimiento sostenido sólo se ha visto interrumpido en 2009 por la caída de precios internacionales resultante de la crisis internacional de 2008, a lo que sumó el severo déficit hídrico registrado ese mismo año. En 2014 y 2015 los recortes en los beneficios acumulados durante más de una década comenzaron a hacerse visibles por el inicio del ciclo descendente en el precio internacional de los commodities. En cuanto a la distribución de los beneficios, el sujeto que más incrementó su apropiación de valor fueron los terratenientes; creció levemente la masa salarial y no se modificó la participación estatal en el valor agropecuario ni en la renta del suelo. Según datos del Banco Central (BCU), entre los años 2004 y 2015, la tasa acumulativa de crecimiento del PIB fue de 6,4% anual, mientras que la tasa anual de formación bruta de capital fijo fue de 19,9% del PIB y las exportaciones de bienes y servicios crecieron en el orden de 5,3% anual. En ese contexto favorable, el sector agropecuario fue el más dinámico en materia exportadora y también el que aportó mayores efectos multiplicadores a la economía en su conjunto. Luego de caer en volumen físico entre 1998 y 2001, de 2002 a 2015 el PIB agropecuario creció en el orden de 42,5%, a una tasa anual de 3,3%. Por añadidura, también la composición sectorial de ese PIB varió, como consecuencia de la expansión de nuevos rubros, como la forestación y la soja, que de acuerdo a cifras de 2001, ya por entonces ocuparon 2.617 millones de hectáreas, lo que supone 16% de las 16.360 millones de hectáreas disponibles. Ese período expansivo permite la aprobación de nuevos impuestos, tales como el del Patrimonio Rural (2013), la eliminación de la exoneración del Impuesto a Primaria (2015) y del descuento de 18% en la Contribución Inmobiliaria Rural (2016). Otra de las características del período de crecimiento económico (2004-2013) fue el incremento del valor de la fuerza de trabajo y la participación del ingreso laboral en el producto. Pero esto no se habría logrado sin la mediación del Estado, que operó empujando al alza los salarios y protegiendo la sindicalización de los trabajadores rurales en un medio que tradicionalmente no les fue propicio. En ese período, el ingreso real de los asalariados crece 76,1%, mientras que el de la producción mercantil propietaria lo hace un 9,6%. Por la reversa, el ingreso de los no propietarios cae 16,1%, lo que permite explicar por qué los productores familiares se redujeron 22% entre los años 2000 y 2011.   Los dilemas de la recesión En resumen, los cambios en el sector agropecuario en los últimos 15 años provocaron el aumento absoluto y relativo de los ingresos de capitalistas y terratenientes, al tiempo que propiciaron un nuevo sistema tributario y crecimiento del salario real. Sin embargo, las políticas estatales no modificaron el patrón de distribución. Pero todo parece indicar que ese ciclo expansivo está llegando a su fin. Las protestas de los productores rurales reflejan el final de ese ciclo en la medida que se constata una reducción en la participación de la ganancia del capital agrario, que comienza a presionar al Estado para que modifique su presión tributaria sobre el sector, para que lo beneficie con nuevas exenciones y, sobre todo, para que se baje la participación del ingreso laboral en el producto agropecuario. En otras palabras, para que se vuelva a la situación previa a 2002, lo que es literalmente imposible. Esto pone a la conducción política ante un problema de fondo. O cede ante las presiones de los grandes terratenientes (que son los que efectivamente conducen este movimiento aún incipiente), liberándolo de impuestos y bajando salarios, o enfrentan con nuevas estrategias la recurrencia de una crisis que debería tener incorporada a su agenda. Si se quiere optar por un camino que proteja el proceso de acumulación de capital, al tiempo que no deje por el camino las condiciones para la reproducción de la fuerza de trabajo, no existe otra forma de hacerlo que avanzando sobre el origen de la plusvalía, que no surge del proceso productivo, sino de la propiedad privada de la tierra o renta del suelo. Esto implicaría reconducir la participación en esa renta hacia los sectores que participan directamente de la producción o, eventualmente, hacia el propio Estado. De no ser así, es esperable una nueva retracción, tal vez más profunda que la del período 1998-2001, una depreciación de la participación del trabajo en la apropiación de la renta y un nuevo empuje hacia la concentración de la propiedad. El otro camino, con las reformulaciones que debieran hacerse a un agro que cambió significativamente en poco más de una década, conduce a la reforma agraria, un término aparentemente interdicto por la posmodernidad, pero absolutamente vigente si de lo que se trata es de salir del círculo vicioso que impone la dependencia.   La ARU y los transgénicos La sensación de que la protesta de los rurales está lejos de ser espontánea y tiene meses de preparación se ve reforzada al menos por dos elementos. El primero tiene que ver con la sucesión de maltratos a trabajadores rurales, que culminó días atrás en el asesinato en Rivera de un dirigente de la Fetrabe. La segunda está vinculada a la presión ejercida por la ARU para que el gobierno liberara cuatro eventos transgénicos, pese a la oposición del Mvotma y el MSP. A la vista de los acontecimientos, todo parece indicar que se trató de una maniobra distractiva para medir la resistencia que podía oponer el gobierno a otros reclamos. Habida cuenta de la disposición que manifestó el gobierno a ceder a las presiones de la gremial oligárquica, habilitando por decreto la liberación de esos eventos, no es de extrañar la virulencia y la inmediatez (por el momento sólo verbal) del reclamo de los rurales. En un comunicado del mes de setiembre, titulado Ante la situación agrícola, la gremial de marras se queja de la “significativa pérdida de competitividad” de la economía de nuestro país. Agregan que “no se visualiza en el corto plazo una recuperación de los precios de los granos”. El comunicado abunda en tópicos comunes a su tradicional letanía: la “desmotivación de la inversión”, el “retroceso de las fronteras agrícolas”, la “disminución de las áreas sembradas”, la “marginación de los productores” y la “reducción de las fuentes de trabajo”. De acuerdo a lo viejo y lo sabido, vuelven  a rasgarse las vestiduras ante el “atraso cambiario” y los “costos energéticos muy altos”. Los rurales mencionan al trigo y al arroz “en el umbral de la relación costo-beneficio” y la soja con una producción récord, pero cuya “rentabilidad final fue apenas positiva. A todas estas plagas se agrega “la incidencia del costo del combustible en el transporte de carga”. Esta consabida elegía tiene puntería en la no aprobación por el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) de los “nuevos eventos genéticamente modificados”, “sin argumentos científicamente comprobables” (lo que motivó el voto discorde del Mvotma y el MSP). En ello la ARU ve una “vulneración de los derechos del productor”, un “rezago respecto a la región y el mundo”. Seguidamente y luego de una larga parrafada acerca de la maldad de las malezas resistentes, de las dificultades que ello trae para la firma de un protocolo de exportación con China, la ARU hace una encendida defensa de la utilización de nuevos agroquímicos (por supuesto, “de manera tal que el impacto en el ambiente sea el menor posible y que no se ponga en riesgo la salud del operario”). Sobre el final de esta endecha, la ARU recobra la compostura y culmina expresando que “se debe continuar con la construcción de la Convivencia [con mayúscula en el original] entre distintos rubros productivos, con normas precisas a partir de las cuales surjan obligaciones para todas las partes que eviten situaciones como la vivida por los apicultores de Salto. No se trata de demonizar sistemas productivos ni productores a partir de su tamaño; ese facilismo suele obedecer a razones ideológicas que en nada contribuyen a construir el país productivo del que todos dependemos”. Por consiguiente, “la Asociación Rural analiza en forma permanente estos temas y se encuentra abierta para colaborar en su solución, con planteos claros y concretos, para el mejor desarrollo y nivel de vida de nuestra sociedad”. Tres días después de la aprobación de la introducción de los nuevos eventos transgénicos que reclamaban, el rictus de amargura que rezumaba en el comunicado anterior se troca en sonrisa y en una gratitud acorde con el espíritu navideño, ya que en una breve misiva al presidente, expresan que “con satisfacción nos enteramos hoy de la decisión del Gabinete de Bioseguridad autorizando cuatro nuevos eventos en soja y maíz”. En consecuencia, agregan lo siguiente: “Apreciamos su sensibilidad y diligencia ante nuestro planteo, lo que, adicionalmente, nos reconforta en la posibilidad de mantener un diálogo fructífero con el presidente de la República”. De aquellos polvos vinieron estos lodos.