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Sociedad

Las muertes violentas representan el 71% de los fallecimientos en cárceles durante 2020

El informe “Muerte bajo custodia en el sistema penitenciario, Uruguay 2020” arrojó el alarmante resultado. Dentro de las muertes violentas, la mitad corresponden a homicidios y la otra mitad a suicidios. El 44% de los fallecidos no estaba penado y murió bajo prisión preventiva.

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En el estudio participaron los investigadores Santiago Cartazzo, Analía Alves y Hugo Rodríguez Almada, quienes también son docentes del Departamento mencionado anteriormente.

El informe se realizó para la Oficina del Comisionado Parlamentario Penitenciario. En la presentación participaron el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, el decano de la Facultad de Medicina, Miguel Martínez Asuaga, y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Manuel Petit.

Primeros resultados

En el informe se incluyeron a todas las personas privadas de libertad (PPL) por “decisión judicial fallecidas bajo custodia en el sistema penitenciario nacional” durante 2020. Se entiende por esto a las PPL alojadas en un “establecimiento de detención o en un servicio de salud al momento del fallecimiento”, razón por la cual se excluyen a las muertes ocurridas bajo el régimen de prisión domiciliaria.

Durante el año 2020, se registraron 48 fallecimientos en cárceles, según el estudio, de los cuales el 96% eran hombres y el restante 4% corresponde a mujeres. El 58% ocurrieron en establecimientos de Montevideo y el 42% en el resto del país. Dentro del muertes ocurridas en cárceles de Montevideo, el 46% fueron en el establecimiento N°4 de Santiago Vázquez.

A nivel nacional, se registró que el 44% de los fallecidos no estaba penado y murió bajo prisión preventiva, mientras que el restante 56% cumplía pena. Además, se calcula que un tercio de las muertes (34%) ocurrió antes de cumplirse el primer año de cárcel.

Muertes violentas

Uno de los datos más alarmantes del informe, tiene que ver con la causas violentas de los fallecimientos.

“La gran mayoría de las muertes fueron de causa violenta (71%), (21%) fueron de causa natural y (8%) permanecen como indeterminadas. De las 34 muertes violentas, 50% fueron de etiología homicida y 50% de etiología suicida”, dice el documento.

Asimismo, se detallan los métodos usados en los homicidios, dentro de los cuales las heridas de arma blanca representan el 76%. También se constata que todos los homicidios “fueron provocados por otra persona privada de libertad”.

Dentro de los suicidios, “el ahorcamiento fue el método casi excluyente”, llegando al 94%.

Muertes naturales

Dentro de las muertes naturales, el informe consigna que el 60% se debieron a enfermedades oncológicas, unos 10 fallecimientos. El resto de estas muertes se reparte de manera uniforme (un fallecido) entre “crisis broncoobstructiva en un paciente asmático”, “complicación postoperatoria de una cirugía cardíaca”, “muerte súbita en un paciente portador de una miocardiopatía” y “descompensación de patologías crónicas (hipertensión arterial y diabetes mellitus)”.

Otro dato alarmante es que, en 5 casos (10%), “la Junta Médica encontró elementos orientadores de la existencia de posibles negligencias institucionales o falencias asistenciales con incidencia en el resultado de muerte”. Además, en otros 6 casos (13%), la Junta Médica no pudo aclarar las circunstancias y la causa de la muerte por falta de información.

Conclusiones

Entre las primeras conclusiones del estudio, se destacan los “importantes vacíos en los datos obtenidos, lo que impacta negativamente en la calidad de sus resultados”.

También se resalta el “perfil predominante de jóvenes o adultos jóvenes” en los fallecimientos, algo importante ya que, “las muertes de personas jóvenes o adultos jóvenes supone un daño extra en términos de años potenciales de vida perdidos”.

Los investigadores señalan además que “resulta significativo que al menos un 44% de los fallecidos no estaban siquiera condenados y cumplían prisión preventiva”.

Dentro de las muertes violentas, el estudio concluye que las mismas son evitables “por definición”, aunque se reconoce que no siempre son fáciles de prevenir.

“Cuando se trata de muertes violentas que ocurren en personas privadas de libertad, la

responsabilidad estatal por su prevención no se puede soslayar”, reza el informe. “Esto es válido para los homicidios (..) como para los suicidios”, agrega.

En los primeros, se señala que la gran mayoría ocurrió por el uso de armas blancas, elementos que no deberían estar en posesión de un privado de libertad. En cuanto a los suicidios, en informe indica “posibles falencias en el diagnóstico precoz de síntomas de alarma” y se sugiere que “en el período inicial de reclusión (..) deberían extremarse las medidas para la prevención” de los mismos.

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