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La política del bullying

Por Leandro Grille.

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Conocida la renuncia de Raúl Sendic, el diario El País tituló “una exguerrillera es la nueva arma de Tabaré”, con foto sepia de archivo, en la que se observa a una joven Lucía Topolansky aparentemente capturada en algún momento de los años 70. El mismo día, El Observador lanza una encuesta consultando a sus lectores si estaban conformes con que la senadora del MPP ocupara el cargo de Sendic, pese a ser la indicada en la línea sucesoria por obra y gracia de la Constitución nacional y de las circunstancias. Simultáneamente, las redes sociales se poblaron de expresiones de rechazo vertidas por cuentas de opositores. Un rechazo cuyos términos excedían el desagrado habitual por las figuras del Frente Amplio para ubicarse en el extremo de la repugnancia, del odio de clase. Hay que tomar nota de esta conducta reactiva ante la nueva vicepresidenta. Y no porque los dirigentes de los otros partidos con representación parlamentaria vayan a tener una actitud de ese estilo. Por el contrario, Lucía Topolansky es muy respetada en el Palacio por los legisladores de todos los sectores, que destacan su capacidad de trabajo, estudio y negociación. Hay que tomar nota de la reacción de los medios y de la base social, mediática y económica de la derecha, porque en general marcan una pauta más genuina del tipo de oposición que se verifica en la realidad de la calle, que no es la misma que en los mentideros de la política. Antes, conviene recordar algo del caso Raúl Sendic. El ahora exvicepresidente fue objeto de un linchamiento político y social por causas que antecedían al ejercicio de la vicepresidencia de la República: sus estudios de genética en Cuba se remontaban a 35 años atrás y su responsabilidad al frente de Ancap, de donde surge la polémica sobre la gestión del ente y el uso de la tarjeta corporativa, culminó en octubre de 2013, un año antes de las últimas elecciones nacionales, en las que fue compañero de fórmula de Tabaré Vázquez. Con un menú de antigüedades pudo orquestarse una campaña que terminó eyectando de su cargo a un hombre votado por más de un millón de personas. Parece claro que la hipótesis de fondo de los que alentaban el ajusticiamiento de Sendic era que la gente no conocía completamente sus antecedentes cuando lo eligió, y que, de haberlos conocido, no lo habrían elegido, pero es una hipótesis peligrosa, porque su reivindicación legitima a los derrotados para el abuso de los atajos en la vida institucional. Ahora cada vez que se produzca una elección, comenzará la impugnación en base a la búsqueda de cadáveres en el ropero. El caso Sendic viene a demostrar que lo que surge en las urnas se puede modificar en los escritorios, hurgando archivos y confiando a los medios el trabajo de propaganda. Volvamos a la reacción pos-Lucía. Ella debe asumir. Es lo que indica el ordenamiento constitucional. Es una carambola la que la lleva a la vicepresidencia, pero no una puramente administrativa. Lucía Topolansky es la primera senadora de la lista más votada. En realidad es la segunda, pero Pepe está impedido de ocupar el cargo en este período. Así queda claro que el camino legal es este. Todo el sistema político acompañó con sus votos la sucesión en la Asamblea General. Era lo que correspondía. Pero a la vez que en el Palacio sucede una cosa, afuera -arriba y abajo- comienza un trabajo fino para desprestigiarla, para instalar en la sociedad la noción de que hemos caído en manos inseguras, criminales. A final de cuentas, la “nueva arma” de Tabaré sería una mujer que empuñó las armas. Por si esto fuera poco, desde una parte de la sociedad aflora el desprecio a lo que ella representa por su forma de ser, de hablar, de vestirse, de vivir. Y esto ya había sucedido antes con Mujica. La derecha uruguaya no ha logrado en casi 15 años construir una propuesta programática opositora que concite la adhesión ciudadana. Tampoco ha logrado formular una herramienta política que invite a la militancia ni ha permitido, por el momento, que crezcan liderazgos que sean verdaderamente atractivos para la sociedad.  Toda su estrategia se concentra en explotar las contradicciones internas del Frente Amplio y la siembra sistemática de sospechas de corrupción. Su mayor herramienta de campaña está por fuera del accionar de los partidos y no tiene una expresión política o ideológica nítida. Incluso parece antipolítica: un fuego moral alentado con cinismo, una santa inquisición contra partidos, dirigentes y gobernantes que no se funda en el pensamiento, sino en la suspicacia. Pero hay algo visceral que está ahí, cerquita, agazapado. Las redes sociales y los foros de los portales nos recuerdan todos los días que el fascismo social late en el anonimato, mientras espera una señal de época, seguramente emanada de alguna altura del poder que le indique que puede salir a la luz sin riesgo a la censura y a la vergüenza. Que puede mostrar su verdadero rostro y jactarse de la podredumbre del alma. No ha llegado todavía el tiempo del odio, del bullying contra todos, pero estaremos cerca si no se extrae un aprendizaje de las últimas cosas que han pasado.

¿Crisis institucional me dijo?
Esta semana, Luis Alberto Lacalle Pou, al que las encuestas dan como serio candidato a la presidencia de la República en 2019, rodeado de su Estado Mayor, se dirigió al país para hablar de una supuesta “crisis institucional”, refiriéndose a la renuncia de Raúl Sendic. Crisis institucionales fueron el golpe de Estado de 1933 que dieron Gabriel Terra y su bisabuelo Luis Alberto de Herrera, con conatos de guerra civil, presos políticos, muertos (entre ellos el suicidio del presidente de la República, Baltasar Brum). Crisis institucional fueron los muchos intentos de golpe de Estado protagonizados por su antepasado ideológico, el general Mario Óscar Aguerrondo, fundador de la golpista Logia de los Tenientes de Artigas. Crisis institucional fue el golpe de Estado de junio de 1973, apoyado por la fracción aguerrondo-herrerista encabezada entonces por dicho general y por el doctor. Martín Etchegoyen, luego presidente del Consejo de Estado. Crisis institucionales fueron, en el gobierno de su papá Luis Alberto Lacalle Herrera, el levantamiento policial que dejó al presidente y su gabinete a oscuras y aislados en la casa de gobierno; o el caso Berríos, o la venta irregular de bancos que terminó con varios altos funcionarios en la cárcel. Crisis institucional fue el episodio del Filtro, pensado para ser un baño de sangre que polarizara electoralmente a la población. Crisis institucional fue la Crisis de 2002, provocada por las políticas económicas de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Julio María Sanguinetti (otra vez) y Jorge Batlle, que contaron siempre con el apoyo y participación de prominentes figuras del aguerrondo-herrero-lacallismo, como Ignacio de Posadas, Rosario Mederos, Sergio Abreu y otros, y que, como toda gran crisis económico social, pagaron los pobres, los trabajadores y los jubilados.
 

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