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La política es otra cosa

Por Leandro Grille.

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La oposición se apresta a llevar a la justicia penal algunas denuncias sobre la gestión de Ancap. El informe en mayoría de la Cámara descarta las irregularidades y los ilícitos, pero la oposición insiste en mandar los antecedentes a la Justicia, aunque involucre a directores de sus propios partidos, y tiene buenos motivos para eso. No tanto por el contenido objetivo de lo que quieren denunciar, sino más bien por la brecha que se evidenció en el Frente Amplio por este tema. La denuncia persigue un objetivo político notorio, y fue enormemente favorecida desde adentro mismo del FA, sin perjuicio de que cualquier legislador tiene derecho y hasta la obligación de denunciar cualquier movimiento que le parezca reñido con la ley en la administración de la cosa pública. Pero esta vez, en esta extendida novela no sería del todo justo reprocharle un circo a blancos ni colorados, porque hay que admitir que en este caso el principal circo se armó en casa del oficialismo y no de la oposición.

Más allá del desenlace que tenga este tema en la Justicia, seguramente no muy auspicioso para los denunciantes, la sola judicialización del caso mantendrá en el tapete por un tiempo el tema, y permitirá que se profundice la presunción de culpabilidad que se cultiva en la multitud, pese a que los principios jurídicos exigen justamente lo contrario: que se presuma la inocencia. Para ello contarán con un aliado importante; los medios de comunicación que insistirán hasta terminar de “achicharrar” a Raúl Sendic y su sector, y los que luego no destacarán con igual énfasis cuando la denuncia se archive, como sucedió esta misma semana con una denuncia contra los gerentes de Ancap promovida en 2012 ante la Justicia del Crimen Organizado, que fue archivada por falta de méritos.

¿Por qué existe la tendencia a judicializar la política? ¿Por qué se pretende resolver en la órbita penal las diferencias políticas? ¿Es acaso esta una muestra más de la sobrepenalización que existe en el orden vigente? En todos los planos de la vida, hay mucha gente que insiste en resolver las diferencias en los juzgados penales. Puede ser por problemas de convivencia social, faltas, pequeños delitos, riñas… Para lo que sea se insiste en buscar la intervención de la Justicia Penal y en la creación de nuevas figuras y más penas, como si existiera un modo normativo de incorporar todas las peripecias de la vida en el terreno de lo juzgable, y aun más, de lo pasible de pena de privación de libertad.

La política y el conflicto social son otros lugares donde esta tendencia se registra. Son casos extremos, si se quiere, y peligrosos, por que se prestan a cualquier tipo de arbitrariedad, toda vez que son ámbitos en los que la penalización opera más allá de de la pena en sí, puesto que el propio tratamiento penal induce ánimos masivos, opiniones dominantes y, finalmente, castigos sociales contra los presuntos “reos”. Cuando uno denuncia a un político ante la Justicia Penal, incluso si el político es absuelto, el escarnio público en buena medida es irremediable. Y si tiene remedio, no depende del propio mal acusado, sino de los medios de comunicación o lo que sea que actúe para desagraviar a una persona vilipendiada.

Hacer política denunciando corrupción es pobre, aunque está muy bien denunciar ilícitos si se conocen. Pero es pobre, porque reduce la política o la transfigura a algo que tiene poco que ver con lo que está en juego. Uno no elige en política para desplazar chorros o para eliminar la corrupción, elige para administrar el poder del Estado en beneficio de algún interés social. Lo más importante a la hora de la elección no es la honestidad del candidato, algo que, por cierto, es muy importante; lo importante es que sea honestamente favorable a los intereses mayoritarios de la gente. Para ser un poco más elocuente a costa de cierta caricatura: ¿de qué puede servir elegir a un fascista honesto? ¿De qué puede servir elegir a un nazi humilde? ¿En qué sentido una sociedad está mejor si elige a un racista pero que no malversa fondos? Hay que tener mucho cuidado en los criterios de elección, porque de otro modo podemos cometer errores brutales.

Yo parto de la base de que cualquier persona que quiera gobernar Uruguay debe ser honesta con los dineros públicos. No me importan muchísimos aspectos de su vida privada. Diría que casi ninguno, salvo porque también aspiro a que quien quiera gobernarnos, al menos con mi aprobación, no sea un golpeador ni una mala persona, tanto en público como en privado. Pero a partir de ahí, lo único que me parece definitorio son las ideas, son las intenciones, las posiciones, las preocupaciones políticas. Hasta la ubicación filosófica me parece importante. Y me imagino que a mucha gente le sucederá lo mismo: a la larga se aburrirá un montón si la política se reduce a gente que se la pasa discutiendo a ver si uno robó o no robó, si gestionó con pulcritud o fue desprolijo desde el punto de vista administrativo, y evita lo importante, lo trascendente, lo fundamental, es decir de qué lado está en la trinchera de la vida, porque en la sociedad hay grietas y no se puede estar ni en todos lados a la misma vez, ni en ningún lado nunca.

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