¡Es la política, estúpido!

“¡Es la economía, estúpido!”, fue la frase con la que el asesor de Bill Clinton, James Carville, lo catapultó en 1992 a la Casa Blanca. A la vista de la sostenida campaña mediática contra el gobierno, bien se podría hacer extensiva la afirmación a la política. El pasado martes, luego de la inauguración de la planta de la multinacional Nestlé, el presidente Tabaré Vázquez abordó el tema, refiriéndose a la ferocidad de la campaña lanzada contra el vicepresidente Raúl Sendic. Al respecto, el mandatario expresó: “Si tuviera que ponerle un título, sería el bullying mas fantástico que he visto en mi vida […] No estoy juzgando en este momento si hubo responsabilidades de Sendic en los distintos temas que se están analizando. Está la Justicia actuando y la comisión de ética del Frente Amplio, pero, más allá de eso, a mí me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema”. Más allá que la apelación al bullying sólo sea admisible como metáfora, ya que en su acepción original se aplica al acoso en las escuelas, la afirmación debe ser entendida en un doble sentido. Primero, como el respaldo que corresponde a su compañero de fórmula o, con el carácter extensivo que Vázquez hizo del término, a cualquier ser humano objeto de ese tipo de prácticas. Luego, porque desnuda la metodología que utilizan esas campañas, que no serían posibles de no existir un sustrato cultural que las facilitara. Aunque Vázquez confiese que “no sabía lo que era el bullying”, acierta al contextualizar culturalmente el tema: “Los códigos que yo aprendí en la niñez no caminan ese sendero”.   El agenciamiento de la desestabilización Más allá de que el fenómeno del bullying haya trascendido los lindes del aula y haya comenzado a formar parte del instrumental político, el diseño estratégico no se escapa del plan general: utilizar todos los medios al alcance de la oposición para derribar un ciclo de gobiernos que, en sentido estricto, no se ajusta a los planes de los centros de poder para restaurar la hegemonía de las viejas elites políticas. El propósito es dar marcha atrás con los avances realizados en la última década. Puede admitirse diversidad de opiniones acerca de la profundidad y alcance de los mismos, pero es evidente que soplan vientos de restauración. El problema fundamental con que se encuentra esa operativa es el del agenciamiento. La intermediación a través de la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA), hoy por hoy, le está vedada. No sólo por las limitaciones que impone el mundo multipolar, sino también por la estrategia de sustituirlas por guardias nacionales como gerenciadoras de la represión interna. Hay que buscar entonces otros medios y el expediente que está dando mayores resultados es el recurso a los monopolios de la información. A nadie se le escapa el papel que le ha cabido a la cadena O Globo en el golpe de Estado parlamentario que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff; tampoco el rol del multimedio Clarín facilitando el acceso al gobierno de Mauricio Macri. Uruguay no se escapa a esa tendencia, pero admite algunos rasgos diferenciales. El primero es que si bien el monopolio sobre los medios de comunicación y la direccionalidad de su prédica no se evaden a lo ya experimentado en la región, se puede verificar una disputa por el agenciamiento entre los operadores periodísticos y el sistema político. El segundo es que, si bien tiene un alto nivel de incidencia, la campaña de denostación puesta en marcha entra en conflicto con algunos valores que han conformado durante un siglo la idiosincrasia de los uruguayos.   Territorio en disputa El primer punto se manifestó la pasada semana, cuando en entrevista en radio Carve, el operador periodístico Federico Leicht (autor del libro Cero a la izquierda, biografía de Jorge Zabalza) se atribuyó la autoría del informe en minoría, presentado por la oposición en el Senado para formar una investigadora que indagara en el financiamiento ilícito de los partidos políticos. No sólo eso, sino que se permitió reconvenir severamente a la misma por haber considerado la denuncia del excomisario Eduardo Vica Font como material “extemporáneo” a la misma. Fue más allá en sus invectivas, calificando la sesión como un “mamarracho”, a José Mujica como “mitómano” y llegó a denostar a la jueza Stella Llorente describiéndola como “esbirro judicial del MPP” (lo que bien podría ameritar una intervención de oficio de la Justicia). La reacción no se hizo esperar y al día siguiente, por la misma vía, el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, redactor del informe de marras, se manifestó “sorprendido e indignado” por las afirmaciones de Leicht, quien, según expresó, nada tuvo que ver con la redacción del documento (pese a que su libro fue tomado como insumo) y particularmente por la afirmación de aquel de que los legisladores de la oposición “habían firmado la denuncia sin leerla”. Acto seguido, el legislador defendió los resultados de la sesión, destacando que de no haber sido por ella, Mujica no hubiera dicho nunca nada de que hubo gente que se dedicó a robar en sus filas”. La polémica entre Mieres y Leicht –por irrelevante que pueda parecer– no es otra cosa que una confirmación de la puja existente entre los distintos protagonistas de la ofensiva. Es decir, el tema del agenciamiento de la campaña de “enchastre” (como se la ha calificado) sigue siendo un territorio en disputa.   Sendic rompe el silencio Si en artículos anteriores anticipamos que esta campaña iba a proseguir y que lo único que no estaba claro era el perfil desde el que se irrumpiría, a la semana de la sesión en el Senado a la que aludimos, fue presentado un nuevo libro (de autoría de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggiero), que lleva como sugestivo título: Sendic: la carrera del hijo pródigo. El libro en cuestión fue presentado como el resultado de una exhaustiva investigación que llevó a las periodistas a indagar en detalles de la vida privada del vicepresidente e incluso a incursionar en su ciudad natal (Paysandú) y en el exterior  (Argentina y Cuba) con el mismo propósito. En el libro se insinúan sospechas acerca de la financiación de la campaña de la lista 711, sobre la proliferación de viajes del vicepresidente al exterior y la superposición de algunos vuelos de la avioneta de ALUR en la denominada “ruta del dinero K”. En ese caso, se incursiona en la misma metodología que se ha utilizado en otras investigaciones similares, a saber, “la inversión de la carga de la prueba”. No se trata de aportar pruebas, sino suspicacias y el destinatario de las mismas es el que debe refutarlas. Sin embargo, más allá de las turbias pistas que se dan en el libro, lo sugestivo fue el cambio de actitud del vicepresidente, que dejó de guardar silencio sobre las acusaciones en su contra y pasó a la ofensiva, expresando que las autoras del mismo deberán responder ante la Justicia por las acusaciones que realizan. Recordó los recientes casos del diputado Alberto Zulamian, imputado de realizar una estafa por US$ 10 millones de dólares, y el del diputado Francisco Sanabria (Partido Colorado), procesado en el mes de abril por operativas fraudulentas vinculadas a una casa de cambios. En un inesperado cambio de frente, Sendic expresó ante la prensa: “Yo tenía sentados en la Asamblea General a dos diputados que están procesados. Hay uno al que hoy le piden el cierre de fronteras. ¿Ustedes investigaron a Zulamian? ¿Si hubo financiamiento a la campaña electoral de su partido? ¿Si Sanabria financió la campaña electoral de su partido? No, el periodismo no investiga eso. Se ensaña con determinadas figuras para generar la idea de que en el gobierno hay corrupción. Y lo hablo en nombre de todo mi gobierno. No hay elementos de corrupción”. Respecto a las acusaciones acerca del uso que Sendic hizo de la tarjeta corporativa de Ancap, invitó a los periodistas a indagar en los US$ 220.000 dólares erogados por el senador Luis Alberto Heber en viajes y viáticos y, lo que es más importante, realizó su mea culpa: “Fue un error haber mantenido silencio durante mucho tiempo”. Tres elementos novedosos aparecen en estas breves declaraciones. El primero es la ruptura del silencio propiamente dicho. Si se entiende que se está en presencia de una “campaña”, la réplica no es un derecho, sino un deber, sobre todo cuando involucra a figuras electas por el voto popular. El segundo no es tan auspicioso. Expresa: “El periodismo no investiga eso”, poniendo a todos los gatos en la misma bolsa, con lo que vuelve a caer en la manida estigmatización genérica de una profesión. El tercero es el recurso de la autocrítica, esta vez fortificado por una frase que pasó inadvertida: “Y lo hablo en nombre de todo mi gobierno”. Va más allá en ese sinceramiento y llega a confesar que “el error fue haber dejado que se pusiera ‘licenciado’ antes de mi nombre, algo que no estaba validado en Uruguay, y lo pagué caro”. Esta afirmación, que puede ser una inocentada, no deja de ser un elemento saludable en la atmósfera contaminada que se ha creado en la esfera política.   “Ningún cordero se salvó balando” La autocrítica bien podría hacerse extensiva a toda la fuerza de gobierno, que a la campaña de denuncias en su contra devolvió silencio por respuesta y que ostensiblemente está dispuesta a cambiar su estrategia. El viraje en la actitud comenzó a insinuarse en la sesión del Senado en la que se pretendió habilitar la creación de una comisión investigadora sobre financiamiento ilícito de los partidos políticos. En la misma se apuntaba directamente contra la figura del expresidente José Mujica con argumentos que se demostraron del todo inconsistentes. En esa sesión, el senador socialista Yerú Pardiñas profirió una frase que, fuera de contexto, bien podría ser cuestionable: “Si tocan a uno, tocan a todos”, pero que cobra sentido como toma de conciencia de la operativa que se está urdiendo desde la oposición, que hasta el momento no había tenido réplicas adecuadas. Lo propio puede decirse de la intervención del senador de Asamblea Uruguay (AU), Enrique Pintado, aludiendo al conocido texto atribuido a Bertolt Brecht (Vinieron por mí), en el que advertía sobre el efecto catastrófico que podría tener la actitud pasiva ante este tipo de escaladas. Si el oficialismo es consecuente con este cambio de actitud, si es capaz de subordinar sus querellas internas a la necesidad de ofrecer un frente compacto ante esta campaña, más que defenderse a sí mismo, aportará credibilidad a un sistema político cada vez más más alicaído. Aquello que sea competencia de la Justicia, deberá dirimirse en su seno. Lo que sea parte de una campaña de desprestigio carente de sustento, deberá tener réplica al nivel en que se verifica el agravio. Sobre todo si se tiene en cuenta que estamos en presencia de una campaña de largo aliento, que recién está comenzando y que, tal como está planteada, puede tener consecuencias devastadoras para la confianza en las instituciones, ya resentida en más de un aspecto. Y, por último, tener presente que esta conducta está dentro de las reglas de juego, aunque si se la deja operar a su albedrío, las sobrepasará. En definitiva, tener claro lo del título, que es algo más que retórica. “Es la política, estúpido”, aunque recurrir a este aserto no convoque precisamente al entusiasmo.