Con la presidenta de la SCJ, María Elena Martínez: “El tema género hace 20 años no existía”

María Elena Martínez se transformó en la tercera mujer en asumir la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero esa realidad cambiará en los próximos años, no sólo porque en breve le tocará el turno a la ministra Bernadette Minvielle, sino porque la actual estructura del Poder Judicial indica que casi 70% de los magistrados son mujeres, que cada vez ocupan lugares de mayor relevancia y jerarquía. “En poco tiempo la mayoría de los ministros de Tribunal de Apelaciones serán mujeres”, explicó Martínez. Y posteriormente llegará el turno de la Corte. Horas antes de asumir en el cargo, en diálogo con Caras y Caretas, la ahora novel presidenta se refirió a algunos de los asuntos más relevantes que deberá enfrentar la Corte en 2018. En particular, Martínez reiteró la posición del máximo órgano del Poder Judicial en relación a la falta de recursos para la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y aseguró que la ley no está adecuada a la realidad del servicio. Por este motivo, la Corte creará una comisión para que analice cuáles son los recursos económicos y humanos que se necesitan para una aplicación efectiva de la norma. Asimismo Martínez aseguró que la Corte no tiene una posición formada sobre el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), ya que a dos meses de su entrada en vigencia “aún es muy prematuro” para efectuar una evaluación profunda del nuevo sistema procesal. Sin embargo, la presidenta de la Corte dijo que hasta ahora se considera que en el Poder Judicial “las cosas están funcionando adecuadamente”. ¿Que valoración hace la Suprema Corte de Justicia de la aplicación del nuevo CPP hasta el momento? Lo único que hemos hablado entre nosotros (los ministros de la Corte) es que aún es muy prematuro para hacer alguna evaluación. Es lo único que puedo decir sobre este punto. Dos meses reales de aplicación del nuevo CPP -porque sólo se puede analizar noviembre y los 24 días de diciembre- no son suficientes para evaluar el funcionamiento de un código de esta importancia, y que supone un cambio tan profundo; es muy poco tiempo. Es lo único que hemos conversado entre los ministros; por ahora no hay evaluación. Más allá de esto, ¿cómo valora los cuestionamientos que se han realizado, desde algunos ámbitos, al funcionamiento de este nuevo código en cuánto a su posible incidencia en el aumento de los niveles de inseguridad pública? Ese vínculo no lo podemos establecer en lo más mínimo. Para hacer una evaluación se necesita tiempo. No es suficiente el tiempo que transcurrió. ¿Ha existido un cambio en la relación con el Ministerio Público y los fiscales a partir de la entrada en vigencia del nuevo CPP? No. No ha existido cambio alguno. La relación [con la Fiscalía] es buena. De aquí en adelante, dado que vamos a poder advertir cuáles son las dificultades [de funcionamiento], lo que vamos a proponer es un diálogo abierto y franco entre el Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación. Eso es lo que, me parece, tenemos que hacer. Los fiscales han cuestionado las demoras en la disposición de medidas cautelares y órdenes de detención o de allanamiento. ¿Qué valoración se hace de estas críticas? No podemos opinar nosotros. Es un problema interno que tienen dentro de la Fiscalía. El Poder Judicial no tiene nada ver con esa situación. No hemos tenido ni siquiera una noticia oficial de esas situaciones. Me enteré de esa situación como ciudadana a través de la prensa. Pero la Corte no tiene que opinar ni tener injerencia alguna sobre ese tema. El Poder Judicial siempre cuestionó la falta de recursos para la aplicación del nuevo CPP. ¿Esa idea de falta de recursos se mantiene a partir de la constatación de lo que sucedió en estos dos meses? Lo que hemos hecho es ajustarnos al presupuesto que con ese fin se nos dio. No es el que el Poder Judicial pidió. Nos dijeron “hay tanto” y nos ajustamos a ese tanto. Podíamos haber hecho las cosas de otra manera con más recursos, pero esa es la historia sin fin del Poder Judicial, tenemos que ajustarnos a lo que nos dan. Hubo un año, 2016, en el que directamente no nos daba para pagar la luz. Vivimos ajustándonos, de distintas maneras. No hemos tenido problema hasta ahora porque no hayamos tenido los recursos suficientes, eso sería decir algo que es falso. Hasta ahora, en el Poder Judicial vemos que las cosas están funcionando adecuadamente. No estamos reclamando ningún desfasaje o deficiencia por falta de recursos, en lo más mínimo. Desde algunos ámbitos se dice que el Poder Judicial sobreestimó los recursos que necesitaba y que la realidad demuestra que hay demasiados jueces para la aplicación del nuevo CPP. ¿Eso es parte de la evaluación que se hará? Seguramente será parte de la evaluación que se hará, pero cuando haya transcurrido un tiempo suficiente. Es cierto que hay un número de audiencias menor que el que se suponía que iba a haber en base a otra realidad, a otro sistema procesal penal. Pero es muy pronto para saber si esto seguirá así o si evolucionará. Las evaluaciones no se pueden hacer en dos meses. Es necesario que el CPP entre en un funcionamiento aceitado. Hasta ahora no se llegó a lo que será el flujo normal una vez que el nuevo código se eche a andar con un tiempo suficiente. Ley de Género Sobre fines de diciembre, una semana después de aprobada la denominada Ley Integral contra la Violencia de Género, el ahora saliente presidente de la Corte, Jorge Chediak, presentó una serie de objeciones contra el texto aprobado por el Parlamento. Chediak cuestionó, en especial, la falta de recursos para aplicar una norma de estas características. “Queremos aplicar la ley en forma responsable y de la mejor manera posible, pero con los recursos actuales, de inmediato, no se puede hacer”, dijo Chediak. En este sentido, Martínez recordó las palabras de Chediak ese día y aseguró que el Poder Judicial no está preparado para aplicarla, ya que no cuenta con los recursos mínimos para hacerlo. Martínez dijo que la norma supone la creación de juzgados especializados para atender casos de violencia de género, pero no otorga recursos para su creación. Por ese motivo, la Corte decidió la creación de una comisión para que estudie “de la forma más rápida posible, cuáles son nuestras necesidades de funcionamiento, de funcionarios, de jueces”. “Todo eso se debe evaluar y luego sugerirlo antes las autoridades que correspondan”, dijo Martínez. “El problema de esta ley no es el fondo, que compartimos -e incluso si no lo compartiéramos, lo tendríamos que aplicar igual-; el problema es que se toca el tema de las competencias sin habernos escuchado para este punto concreto. La ley no está adecuada a la realidad de organización del Poder Judicial. Hoy por hoy esos juzgados de los que habla la ley no existen. Es muy difícil aplicar una ley que requiere juzgados que no existen. Todavía no quiero adelantar opinión porque no nos hemos reunido y no quiero hablar en nombre propio cuando lo que interesa es la opinión de la Corte. Simplemente digo que nos vamos a ocupar del tema”, agregó. ¿El Poder Judicial se ha adaptado a los cambios culturales que existieron en los últimos años en relación a los asuntos de género? Sí. Creo que esta ley es un cambio sustancial en muchos temas, pero hay una preocupación por el tema de género. El Poder Judicial ha creado comisiones con respecto a este tema, hay personas encargadas directamente del tema género dentro de la estructura del Poder Judicial. No es un tema ajeno. Un tema que por ahora no fue abordado en su integridad es la Ley de Violencia de Género. ¿Los jueces cambiaron sus actitudes al abordar los asuntos de violencia doméstica o de violencia de género? Muchas veces desde los colectivos sociales se cuestiona que las mujeres que declaran ante la Justicia como víctimas se encuentran desamparadas en sus derechos. Nunca hemos recibido una denuncia por esa razón; en realidad, hemos recibido una sola [denuncia] y se ha canalizado por la vía que corresponde, en forma correcta. No me parece que ese sea, hoy, un tema grave o de especial atención. Sí creo que la aplicación de esta ley requerirá una adaptación a pautas que antes no existían. Estamos a tiempo de capacitar y ese es uno de los puntos que hace que la aplicación directa e inmediata de esta ley sea muy compleja, porque para [aplicar] esto hay que capacitar. Los jueces necesitan, cuando entra en vigencia un sistema nuevo, como pasó con el CPP, mucho tiempo de preparación, de capacitación. Quizás en este caso no sea tan complejo desde el punto de vista técnico, pero hay complejidades que no están abordadas y tenemos que empezar a capacitar para ello. ¿Los jueces tienen en cuenta ciertas reivindicaciones de los colectivos feministas y la efervescencia social que existe sobre las temáticas de género al momento de dictar sus fallos? Los jueces están inmersos en una sociedad que tiene sus ideas, sus reclamos, sus pautas culturales que van cambiando con el tiempo; obviamente que están al tanto de lo que pasa. El tema género hace 20 años no existía, y es evidente que si uno vive en una sociedad y tiene interrelación con sus miembros, sabe que esto es así. Este tema, como tantos otros, como el tema discriminación -que no es sólo un tema de género-, hace 20 o 30 años era un tema secundario, no en cuanto a su importancia, sino con respecto al tratamiento permanente de la temática. Hace pocas semanas pasó una situación en Rocha con dos personas israelitas que quisieron alojarse en un hostal; la repercusión que tuvo fue gigantesca, porque es un tema fundamental, pero la sensibilidad hacia los temas cambia con el tiempo. Hoy ese tema es hipersensible, quizás hace 30 años no lo hubiera sido. Y los jueces estamos en el medio de esa sociedad que evoluciona de esa manera. O sea, los jueces no son impermeables a esas cosas, obviamente. Medicamentos de alto costo Un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia cambió su jurisprudencia en relación al acceso de los medicamentos de alto costo. Por tres votos a dos, la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 7 de la Ley del Paciente. La mayoría estuvo integrada por Martínez y los ministros Eduardo Turell y Bernadette Minvielle. Martínez fue la encargada de redactar el fallo; la ministra afirmó, cómo había hecho en anteriores ocasiones, cuando fue minoría, que la Constitución “no obliga al Estado a evitar la muerte ni a lograr el completo bienestar, sino a brindar prestaciones de salud integrales, igualitarias, humanitarias”. Y afirmó que en un contexto de recursos escasos “no es posible que todos los individuos tengan acceso a todas las prestaciones que desean en lo atinente a la salud”. ¿Qué valoración hace de la importancia de ese fallo? La trascendencia es la de todo cambio de jurisprudencia de la Corte. Es importante, pero me parece que no vincula a ningún juez de ninguna categoría. Es un elemento más, una argumentación más a tener en cuenta en momento de las decisiones futuras. Por eso me parece importante. Usted argumentó que el Estado no puede subvencionar todos los tratamientos sanitarios ni ser garante de la vida de las personas. ¿Bajo qué concepto plantea esa postura? En las sentencias hago el esfuerzo de ser clara, intento no utilizar demasiado el lenguaje técnico y que cualquier persona entienda los argumentos. Allí digo que lo que el Estado debe asegurar no es la salud ni la vida [de la persona], sino las prestaciones de salud. Y también digo que no tenemos derecho a cualquier prestación de salud, a cualquier precio y de cualquier modo, sino que tenemos el derecho a las prestaciones de salud que tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo deciden aplicar con un criterio de generalidad, cosa que sólo puede hacer la ley. Cuáles serán las prioridades, en qué se gastará, qué tipo de afectaciones a la salud se atenderán, y en ese momento lo deben determinar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y tenemos derecho a eso, no a cualquier cosa. No porque salga una vacuna en Japón, un tratamiento o un remedio de un millón de dólares, vamos a tener derecho todos los uruguayos a esa medicación. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados en todos los países. No estamos hablando de que el problema surge en Uruguay porque los recursos son pocos. En Alemania tienen el mismo problema, tienen recursos limitados, que alguien los tiene que repartir, que alguien tiene que decidir cómo repartirlos y con qué criterios. Y ese alguien no puede ser el Poder Judicial. Esa función no le corresponde al Poder Judicial, y si lo hace, además, está violando un principio de separación de poderes. Esa es mi posición. ¿Considera que en el último tiempo, sobre todo los Tribunales de Apelaciones, han sido demasiado contemplativos al aceptar los recursos de amparo por motivos sanitarios? Como pasa tan frecuentemente en el Poder Judicial, todas las posturas tienen una argumentación que es válida, y también en un tema como este, que es fundamental. En derecho es muy común que la interpretación y la argumentación se puedan realizar sólidamente tanto para un lado como para otro, por lo que no voy a cuestionar la argumentación que se hace para amparar buena cantidad de casos. En los Tribunales de Apelaciones la posición está dividida, pero creo que en este momento la mayoría está amparando esos reclamos. No comparto la argumentación, pero es un ejercicio común en la vida jurídica que haya varias posturas y cada uno defienda sus argumentos y cuestione los del contrario. En ese clima de respeto por todas las posturas que son fundadas es que desarrollamos nuestra tarea.