La prisión de Lula

  La decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil de rechazar el recurso de habeas corpus presentado por Lula deja al expresidente y único líder popular del Brasil al borde de la cárcel. De hecho, la prisión ya es inevitable y apenas falta el trámite de detenerlo y disponer su encierro; el tribunal de segunda instancia confirmó y amplió a 12 años la condena de 9 años dispuesta originalmente por el juez Sérgio Moro. La causa por la que se  condenó a Lula refiere a un apartamento en el balneario mediopelo de Guarujá, mediante el cual la empresa OAS lo habría sobornado para beneficiarse de contratos de obra. Como nunca pudo probarse que el apartamento le perteneciera ni a él ni a sus allegados, nunca pasó una noche ahí, nunca tuvo las llaves, y además el tríplex figura como propiedad de la empresa que hasta lo puso en hipoteca en otra causa, el fondo del caso es un monumento a la arbitrariedad cuyo único propósito, tan conocido como inconfeso, es sacarlo del ruedo político e impedir que sea candidato en las próximas elecciones que deben realizarse en octubre de este año. La sentencia del juez Moro es de julio del año pasado y la confirmación del tribunal de segunda instancia fue apurada para que se produjera a principios de este año, pese a que había un montón de otras causas que debían ser analizadas previamente por el orden de su llegada. Confirmado el fallo en segunda instancia, quedaba analizar el recurso de habeas corpus preventivo, ya que en Brasil la Constitución dispone que la pena de prisión sólo puede ser aplicada con sentencia firme, extremo que no se corrobora mientras queden posibilidades de apelación, pero un discutido fallo de 2016 del STF en otra causa había autorizado la reclusión luego de la segunda instancia, sentando una jurisprudencia que la actual presidenta del STF, Cármen Lúcia, se niega a poner a debate, porque si lo hiciera, la mayoría del tribunal retornaría a la situación anterior a 2016 y Lula no podría ser encarcelado. Más allá de los vericuetos jurídicos, la decisión del STF se inscribe en la estrategia de golpe que viene desarrollándose desde que fue destituida la presidenta Dilma Rousseff en un proceso escandaloso en el que nunca se pudo comprobar ningún “crimen de responsabilidad” como el que exige la normativa brasileña para activar un impeachment. Quien condujo ese proceso, Eduardo Cunha, purga hoy una condena de 15 años bajo cargos de corrupción, delito por el que también están imputados buena parte de los parlamentarios que aprobaron la destitución. El golpe, auspiciado por la monstruosa Red Globo e impulsado por los sectores económicos más poderosos de Brasil, comenzó a pergeñarse desde que Dilma venció al candidato de la derecha Aécio Néves y sólo pudo concretarse con la complicidad de Michel Temer, quien acompañó a Dilma en la fórmula presidencial, además de un sector mayoritario del sistema político y una aceitada maquinaria policial y judicial resuelta a terminar con el ciclo histórico del PT, que triunfó en las últimas cuatro elecciones generales de Brasil. Para culminar la obra había que proscribir a Lula, el mejor presidente de la historia de ese país en la consideración de la mayoría de los brasileños y un titán electoralmente imbatible. Hoy mismo, pese a todo el proceso y la campaña sostenida en su contra, Lula lidera en todas las encuestas de intención de voto para la primera y la segunda vuelta, superando a su principal competidor, el nazifascista exmilitar Jair Bolsonaro, por 20 puntos en la intención de voto. Pero aun más, Lula gana en todos los escenarios y contra el que se cuadre, por más intentos que han hecho los grandes medios de comunicación de posicionar figuras de la política, judiciales y hasta personajes de los propios medios como competidores eventuales.   En principio, la condena de prisión que deberá enfrentar Lula no le impide inscribirse como candidato, pero todo indica que la justicia electoral va a rechazar su comparecencia como candidato en las elecciones basándose en la ley de “ficha limpia” que exige que los postulantes no tengan condenas vigentes en su contra. De este modo, el caso del apartamento de Guarujá, una causa amañada y hasta ridícula, se ha convertido en el instrumento para proscribir al líder político más importante de Brasil y, probablemente, de todo el continente.   Las perspectivas jurídicas de Lula son mínimas. El trabajo sucio ya fue hecho y la profundidad de la conspiración es insondable. Un día antes de la audiencia del STF, donde debía analizarse el recurso de habeas corpus, todavía se especulaba con la posición que adoptaría la magistrada Rosa Weber, única incógnita entre los once miembros del máximo tribunal. El resto de los votos era conocido y se distribuían en cinco voluntades para cada lado. Rosa Weber era la esperanza de Lula, porque en 2016 fue una de las más firmes en oponerse a que una persona fuese presa apenas tras un fallo de segunda instancia, habiendo recursos disponibles para apelar. En aquella oportunidad argumentó que eso violaba la Constitución y el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, ahora la jueza se manifestó contraria a apartarse de la nueva jurisprudencia para el caso particular de Lula, si antes el tribunal no abordaba explícitamente la constitucionalidad de la práctica actual a la que ella se opone. Así las cosas, Rosa Weber terminó votando en contra de conceder el habeas corpus,   habilitando el encarcelamiento de Lula, no obstante estar doctrinariamente en contra de que una persona vaya presa sin condena firme de tercera instancia. En otras palabras, la jueza Weber antepuso un aspecto formal a la libertad del acusado. Cabe preguntarse qué habría hecho si el imputado estuviese condenado a muerte: acaso habría priorizado el sello de goma a la vida de un hombre. Y no cualquier hombre, aunque nadie debería ser objeto de semejante inversión de la jerarquía de las cosas, porque Lula no es cualquier hombre: es el líder político más importante del continente y, si lo dejan, es el próximo presidente del país más poblado de este rincón del mundo.