La rebelión en la estancia

El clima del alzamiento de los empresarios rurales y sus patronales aledañas no puede explicarse por una crisis de rentabilidad del sector. Aunque el negocio agroexportador atraviese problemas por la caída de los precios de los commodities, el tipo de cambio o la estructura de costos, está lejos de una crisis que justifique propuestas alocadas e ilegales como piquetear rutas, desabastecer de alimentos al país y boicotear el turismo en plena temporada alta. La rebelión en la estancia, parafraseando a Orwell, sólo puede comprenderse por el clima de pesimismo político que se instaló con fuerza en 2018 sobre el conjunto de las clases altas, y que con elocuencia resume en la columna editorial de Búsqueda su director, Claudio Paolillo: “Cuando uno pasa revista a la oferta política que propone la oposición para las elecciones de 2019, no puede menos que desmoralizarse”. Este sentimiento de derrota anticipada que afecta a los sectores empresariales, cuya inmensa mayoría sueña con ver a Uruguay embarcado en las reformas laborales, previsionales y tributarias que impulsan Mauricio Macri y Michel Temer -más de 70% de ellos fantasean con esto según una encuesta de KPMG que también se reseña en la última edición de Búsqueda-, es la madre del borrego de intifada estival que vienen promoviendo los empresarios del campo en sendas reuniones sucedidas en Paysandú y Salto esta semana y una retahíla de audios de WhatsApp. Los patrones se sienten perdedores porque los partidos de la derecha tradicional son una murga conflictuada por las posiciones personales y el vil metal, mientras que el nuevo partido de la derecha millonaria que conduce Edgardo Novick, si ya no movía la aguja de la intención de voto, terminó de derrapar irremediablemente cuando privatizó la designación de candidatos a intendentes para elegirlos en casting por consultoras tipo Manpower. Con este panorama, los empresarios que -y cito por tercera vez una noticia aparecida en Búsqueda– destinaron hasta noviembre a sus gastos hogareños la friolera de 463.000 pesos al mes, como promedio (en pan, carnes y pescados, frutas y verduras, ropas y zapatos, cuidados personales, educación de sus hijos, alquiler, etcétera), sienten que no tienen otro camino que ponerse en pie de guerra, convocar a suspender el abastecimiento de más de dos millones de personas, bloquear las carreteras e impedir que los alimentos y la leche lleguen a la mesa de todo el resto del país y a los visitantes extranjeros que repletan las playas nacionales, porque les parece mucha la carga tributaria que enfrentan, muy altos los salarios que pagan a los peones y muy bajo el precio del dólar para competir en el mercado internacional. El gobierno es consciente de la debilidad política y argumentativa de los conjurados y sabe que es muy difícil que logren concretar y sostener las medidas que publicitan, y además hay plena convicción de que los motivos fundamentales de este promocionado levantamiento no están en los problemas que vive el sector, que no se ignoran ni se menosprecian, sino en la cada vez más segura continuidad del Frente Amplio en la conducción del país a partir del 1º de marzo de 2020. Ahora bien, si el camino del diálogo es siempre el más apropiado para abordar la conflictividad de cualquier sector de la sociedad o de la economía, no puede confundirse una medida legítima de protesta gremial con un lockout con piquete cuyo objetivo manifiesto es dinamitar la temporada turística e impedir que la gente coma. En primer lugar, el corte de rutas en Uruguay es ilegal y el decreto antipiquete, que tanto festejaba la derecha cuando creía que se había redactado para impedir que gente humilde y organizaciones obreras instalaran piquetes en las rutas, debe ser aplicado con igual o más rigurosidad si se les ocurre a los empresarios taponear caminos, mucho más si lo hacen con vehículos de gran rodado. Porque nunca será lo mismo que gente que la está pasando mal, que atraviesa problemas económicos gravísimos, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes, que no tiene con qué mantener a sus hijos, en un acto de  desesperación corte una ruta con gomas encendidas para llamar la atención de los medios y de las autoridades, a que la corten estancieros y empresarios exportadores, que muchas veces ni siquiera se molestan en poner el cuerpo y mandan a sus empleados, como se supo por uno de los audios de WhatsApp, en el que un pobre mandadero contaba cómo quedó solo en una ruta, colgado del pincel, esperando a unos supuestos manifestantes que cacareaban por el telefonito, pero a la hora de la hora no llegaron. Lo dejaron tirado. En segundo lugar, los empresarios rurales, seguramente coordinados por la ARU, aunque los capitostes de esta asociación no se hagan cargo de las propuestas radicales y pongan cara de “yo no fui”, a la vez que las justifican en la situación de “angustia” que sufrirían los productores rurales por culpa del gobierno, están planteando un doble desafío al país: quieren demostrar que tienen poder de fuego para someter la voluntad del gobierno con medidas que, de aplicarse, pondrían en riesgo hasta la alimentación de la gente, y además quieren que los uruguayos los prioricen por sobre el resto de la sociedad, no por convicción, sino por extorsión. La forma de enfrentarlos es enfrentarlos. Primero en su condición de ser: no son el campo. El campo incluye a mucha más gente, muchos más trabajadores y muchos pequeños empresarios y productores que no sienten ninguna simpatía por las causas de los estancieros y de la oligarquía rural que representa la ARU. Es más: los adversan. El campo también incluye a los peones rurales que son víctimas de maltrato y, en ocasiones, de reducción a la servidumbre. No hay que negociar bajo chantaje. Si se van de mambo, hay que mandarles a la Policía, porque con la comida del pueblo y de los turistas no se jode. Después Tabaré verá si les da la reunión. Seguramente lo haga, porque el presidente es hombre de diálogo y no es ajeno a los problemas ni a las ventajas que tienen los diferentes sectores del país. Pero cuando lleguen a Tabaré tienen que llegar mansitos, cargados de números y argumentos, si los tienen, pero no alzados ni en posición de conquistadores, porque no engañan a nadie. No están en el paraíso, pero no están en 2002, y como sea la crisis que dicen estar pasando, hay cientos de miles de uruguayos que están peor, mucho peor, y en un gobierno artiguista y de izquierda, los más infelices serán los más privilegiados. Siempre.