Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
La Revista | Fiscalía | Cikurel | Oderebrecht

En problemas

Fiscalía de Panamá reveló que Cikurel utilizó cuenta para pagos de soborno

La Fiscalía se apoyó para su alegato final en la Convención contra la Corrupción ratifcada por Uruguay en 2006

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Para la corrupción de funcionarios públicos de 12 países en los que operó la trama Odebrecht, la Fiscalía Anticorrupción de Panamá explicó en la audiencia que se utilizaron contratos ficticios para justificar movimientos de fondos, se utilizaron sociedades fachadas para la apertura de cuentas bancarias, hubo prestación de servicios de accionistas nominativos y utilización de testaferros (como lo fue Maya Cikurel), firmas de documentos en blanco, entrega de dinero en efectivo a terceros que luego de un tiempo devolvían el dinero que era utilizado para comprar cheques, utilización de facturas falsas y operaciones mercantiles para dar apariencia de legalidad a los dineros de procedencia ilícita.

Así lo explicó el fiscal Mahmad Daud Hasan a la jueza Beloisa Marquínez en la audiencia preliminar que se lleva adelante en Panamá por la causa de blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública debido a los sobornos millonarios pagados por la empresa constructora Odebrecht.

El fiscal Daud Hasan es uno de los nueve fiscales que integran el equipo de la Fiscalía Anticorrupción de Panamá. Desde el 12 de setiembre se encuentra presente en la audiencia, primero para dar lectura al dictamen fiscal y, en los últimos días, para alegar la acusación del Ministerio Público en contra de 49 imputados por la mayor maniobra de corrupción perpetrada en América Latina. Este martes, en el séptimo día de audiencia, la Fiscalía explicó a la jueza cómo funcionaba la trama sobre el blanqueo de capitales mediante sobornos a partidos políticos y funcionarios de gobierno a cambio de la concesión de diversas obras de infraestructura vial.

Una vez finalizada la explicación sobre cómo operaba la “Caja 2” o “Contabilidad opaca” de la empresa Oderebrecht, el fiscal Daud Hasan recordó parte del prefacio de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas para que se conozcan los efectos de la corrupción. “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”.

Precisamente, en el mayor caso de corrupción investigado en América Latina fueron imputados los uruguayos Juan Francisco Mutio, Norberto Sanguinetti y Maya Cikurel, contadora y pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

La Convención contra la Corrupción califica esa conducta como “un fenómeno maligno que se da en todos los países -grandes y pequeños, ricos y pobres-, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

La maraña de las sociedades ficticias

La Fiscalía Anticorrupción de Panamá obtuvo la colaboración de la Policía de Andorra, que este martes señaló a Norberto Sanguinetti como un gestor de cuentas ficticias y parte del grupo que constituyó sociedades anónimas pantalla para hacer pagos a través de terceras personas, con el fin de pagar coimas a cambio de la concesión de obra pública.

La Fiscalía definió en su acusación que sin la participación activa de estructuradores financieros -como calificó a los acusados Sanguinetti y Cikurel-, no se podrían haber realizado las millonarias transferencias de dinero. No en vano indicó la Fiscalía de Panamá este lunes que más de la mitad de los acusados propusieron realizar un acuerdo abreviado. Fuentes judiciales de Panamá dijeron a Caras y Caretas que por lo pronto el abogado de Maya Cikurel en ese país, Abilio Batista Rodríguez, no solicitó alcanzar un acuerdo abreviado. Ante esa propuesta por parte de las defensas de los imputados, la Fiscalía de Panamá definió que solo accederá a esa vía de solución de conflicto cuando se complete la investigación y una vez que quede acreditada por la Justicia la acusación fiscal.

Sobre Maya Cikurel también hubo un capítulo el día siete de la audiencia preliminar. Se trata de un testaferro que prestó su identidad para ocultar el origen ilícito entre sociedades anónimas pertenecientes a la llamada “Contabilidad opaca” de Odebrecht. Maya Cikurel está investigada por el período 2010-2014 por ser testaferro de la empresa Arcadex Corporation, una de las sociedades ficticias que servían para justificar ingresos de pagos de sobornos formando parte de una verdadera “estructura delincuencial”. La Fiscalía resumió que se trató de una maraña de sociedades anónimas y cuentas bancarias que permitió la transferencia de los dineros para el pago de sobornos.

Maya está vinculada a Arcadex Corporation y este extremo quedó acreditado -relató la fiscal- luego del pedido de cooperación internacional a Uruguay en 2017, que informó que existía una cuenta bancaria en Uruguay donde se recibieron fondos de cuentas de Metalok, ambas controladas por Olivio Rodrigues, que a su vez controlaba sociedades anónimas con especiales características desde Brasil de donde se hacían los pagos y reunía rubros para mantener alimentada la Caja 2 de Odebrecht. Por eso Maya está acusada del delito contra el orden económico. La fiscal recordó que el bien jurídico a tutelar es la transparencia del sistema financiero. Todas las sociedades anónimas constituidas pretendieron dar apariencia de legalidad a los pagos.

Este jueves los abogados de los imputados comenzaron sus alegatos en el que cada uno puede extenderse hasta una hora. La primera de las defensas que representa a cinco personas pidió que sean sobreseídos por falta de pruebas de su participación en el blanqueo de capitales.

Al finalizar los alegatos de la Fiscalía, el abogado querellante, Carlos Enrique Muñoz, que representa al Ministerio de Seguridad Social de Panamá, dijo que uno de los problemas que visualiza es la notificación de los 49 imputados y que la resolución del caso llegue a 2025, cuando varios de los imputados -posibles candidatos a elecciones nacionales- se amparen en fueros parlamentarios.

Textos: Georgina Mayo

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO