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La Revista | blanqueado | lavado | dinero

Terreno fértil

Uruguay, un lavador para el mejor blanqueado

Que el gobierno no percibe la gravedad que significa el lavado de dinero no es novedad.

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Caras y Caretas Diario

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Acaso lo nuevo es la absoluta inoperancia de la Senaclaft, dirigida por el abogado Jorge Chediak.

A partir de lo ocurrido con el pasaporte del traficante de drogas Sebastián Marset, en las últimas semanas varios parlamentarios han expresado públicamente su preocupación por la posible injerencia del crimen organizado en el sistema político. Lo han hecho también el ministro de Defensa, Javier García (PN) y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi (FA).

Incluso se convocó a la Comisión de Seguridad del Senado a diferentes autoridades vinculadas a Inteligencia y al Ministerio del Interior para discutir el tema y analizar posibles medidas que eviten la financiación de los partidos políticos por narcotraficantes y lavadores de dinero.

Sin embargo, el planteo desconoce evidentes realidades.

Uruguay carece de una ley de Financiamiento de Partidos Políticos, que no solo establezca condiciones, sino que además controle y sancione con dureza. Porque precisamente ahí, según muchísimos expertos, está la raíz del problema.

El Frente Amplio propuso una, pero no se aprobó porque Darío Pérez, entonces diputado frentista, hoy candidato blanco, negó su voto y el FA perdió así la mayoría absoluta. Ningún otro partido la votó.

En dos años y medio la Senaclaft ha recibido muy pocos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), aun cuando incorporó como sujetos obligados a las sociedas anónimas deportivas (SAD), a las iglesias, a los vendedores de autos de alta gama, partidos políticos y sindicatos.

Precisamente en ese tiempo crecieron las operaciones inmobiliarias, fundamentalmente en Punta del Este y Montevideo, pero también en otros lugares del país. Además crecieron significativamente los depósitos bancarios por parte de extranjeros.

La Senaclaft cuenta con poco más de 20 funcionarios, de los cuales apenas 6 están destinados al área de Inteligencia Financiera, la más compleja y la que debe desarrollar todas las investigaciones.

Y por si fuera poco, el gobierno ha logrado que la Jutep “exista pero no joda”, según dijo su expresidente Ricardo Gil Iribarne.

Este organismo está en crisis ya que carece de presupuesto y personal, los directores tienen muy mala relación entre ellos, tanto que casi no se hablan, y la presidenta, María Susana Signorino (Cabildo Abierto), ha expresado en más de una oportunidad “estar analizando seguir o no” integrando el organismo.

La Jutep tiene actualmente 14 funcionarios incluyendo los tres directores, un solo pase en comisión, un técnico informático contratado externo, un solo abogado. En el período anterior contaba con 21 funcionarios, pero con la nueva integración varios pidieron traslados “cansados por los destratos”.

En la Rendición de Cuentas se aprobó una partida especial de 500.000 pesos, lo que hubiera permitido contratar por lo menos un funcionario más, pero ese recurso no se usó.

En síntesis no se está investigando, no existe coordinación interinstitucional.

“Si no se percibe el problema, tampoco se generarán soluciones serias”, dijo Ricardo Gil Iribarne a Caras y Caretas .

Lavadores en el tiempo

Desde hace casi 50 años Uruguay ha sido el receptáculo de mucho dinero sucio que circula por el mundo.

En los 70 la dictadura cívico militar decidió convertir al país en un “paraíso fiscal”. Se apoyó en el secretismo -secreto bancario, tributario, procesal-, tampoco había límites para ingresar con dinero en efectivo, metales preciosos o joyas.

De regreso a la democracia nada de eso cambió. Y peor, en los años 90 se potenciaron las operaciones de la banca offshore y las SAFI (Sociedades Anónimas Financieras de Inversión), que existían desde 1948.

Solo el estudio Posadas, Posadas & Vecino, dirigido por el entonces senador y ministro de Economía, Ignacio De Posadas (PN), administraba algo más de 2.000 SAFI.

Pero no eran los únicos. En diversas causas aparecían el estudio Echeverrito, el de Lublinerman-Laffitte; fue procesado con prisión el contador Roberto Blankleder. Más recientemente se investigó al estudio de Oscar Algorta Rachetti, vinculado a causas de corrupción en España y en Brasil. También al Estudio de Fernando Belhot.

En los años 90 se desarrolló lo que se denomina “corrupción menemista” y a través de Uruguay se lavaron las coimas de IBM-Banco de La Nación; del tráfico de armas argentinas a Croacia y Ecuador, del Republic Bank de Raúl Monetta, de la mafia del oro.

Lavó dinero el Citibank y también los hermanos Rohm a través de la Compañía General de Negocios.

Raúl Vivas lavó unos 1.000 millones de dólares del Cártel de Medellín a través de exportaciones de oro, aunque entonces Uruguay no tenía ni una mina operativa. En esta maniobra participó el cambio Dyana, que era propiedad entre otros de ángel María Gianola, dirigente herrerista y en 1994 ministro del Interior. El cambio fue clausurado por el Banco Central.

Según se explicaba en las agendas de Ramón Puente Patiño, contador del Cártel de Cali, Amira Yoma -entonces cuñada de Carlos Menem y secretaria de audiencias de presidencia- trasladó a nuestro país una cifra incalculable de dinero de Pablo Escobar, que era depositado en la sucursal Punta del Este del banco Pan de Azúcar. Y lo hacía en varios viajes conduciendo una camioneta Peugeot 505 Break color gris, que tenía escondido el dinero dentro del tapizado y en un doble fondo, según consta en el expediente sustanciado en el juzgado de 4º turno de Maldonado, entonces a cargo del juez Gabriel Adriasola.

Más adelante en el tiempo lavaron millones de dólares en Uruguay el Cártel de Juárez, el de los Cuinis y el mafioso Rocco Morabito.

En el año 2014 el juez especializado en crimen organizado Néstor Valetti ordenó el allanamiento de varios domicilios en Montevideo, Maldonado, Piriápolis, Punta del Este y Ciudad del Plata. En estos procedimientos se detuvo a 17 personas y se incautaron 17 vehículos, dos embarcaciones y unos dos millones de dólares en efectivo. Entre los detenidos había ciudadanos uruguayos, venezolanos, argentinos, polacos, españoles, alemanes, austríacos.

Pero no solo los traficantes de drogas emplearon a nuestro pais para “blanquear” su dinero.

El brasileño Darío Messer, conocido como el doleiro de doleiros, socio del expresidente paraguayo Horacio Cartes, lavó unos 1.600 milones de dólares producto de la corrupción.

También trajo dinero de la corrupción el fallecido exalcalde de Niza Jacques Medecin.

Lo hizo el uruguayo Luis Ernesto González, asesinado en 1993; también el exsenador colorado Wilson Sanabria y su hijo Francisco, que terminó preso por vaciar el cambio Nelson.

Al empresario argentino Marcelo Balcedo le encontraron 7.500.000 de dólares escondidos en diferentes cofres fort ubicados en Montevideo y Punta del Este. Pero además había “invertido”, sin declarar, por lo menos otro tanto en propiedades y vehículos.

Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA, “blanqueó” millones de dólares recibidos por coimas en propiedades ubicadas en Punta del Este y Montevideo.

Un ciudadano turco, autor de una estafa global, lavó unos 8 millones de dólares en propiedades de subido valor, autos de alta gama (una Ferrari y otros) e incluso en un lujoso yate anclado en el puerto esteño.

En el año 2009 se descubrió que un matrimonio griego recibió transferencias desde Chipre por 5.800.000 dólares, provenientes de actos de corrupción en su país, y que fueron transferidos a dos sociedades panameñas creadas desde nuestro país. Con una de esas sociedades compraron un apartamento en la Torre Le Jardin de Punta del Este.

Entre 2010 y 2017 se intervino en varias causas por lavado de dinero producto del tráfico de personas, proxenetismo, falsificación de medicamentos, contrabando y estafas en el exterior.

En e2017 se denunció que Elena Nazarenko, ejecutiva de cuentas del banco Heritage, había robado unos 20 millones de dólares propiedad de argentinos y trasladados ilegalmente a Uruguay. Con ese dinero la mujer y su esposo adquirieron negocios y propiedades en los balnearios Solís y Piriápolis.

En el año 2018 se descubrió que, por un error informático de una tarjeta de crédito, varios uruguayos, paraguayos, franceses y holandeses que residían en Uruguay se hicieron de objetos de subido valor por un monto superior a los 5 millones de dólares que luego vendían y el dinero lo “invertían” en propiedades inmuebles.

Ese mismo año el BCU cerró la sucursal uruguaya de la Banca Privada de Andorra, presidida por Eduardo Ache y que tenía en la vicepresidencia a Andrés Betingo Sanguinetti, medio hermano del expresidente Julio Maria Sanguinetti, por lavar dinero producto de las coimas pagadas por Odebrecht.

El caso Cikurel y la cruz de caminos

Tres uruguayos serán juzgados en Panamá como partícipes en maniobras de lavado de las coimas pagadas por la empresa brasileña Odebrecht al expresidente Ricardo Martinelli.

Juan Francisco Mutio, que tiene un hermano que se desempeñó como diputado suplente blanco entre el 2005 y el 2010, Betingo Sanguinetti, medio hermano del expresidente Sanguinetti, y Maya Cikurel, pareja del actual ministro de Eduación y Cultura, Pablo da Silveira, enfrentan penas que irían entre 5 y 12 años de cárcel como partícipes en el lavado y ocultamiento de decenas de millones de dólares pagados a Martinelli y otros.

Sanguinetti ya fue procesado en Andorra, donde estuvo preso unas semanas en condiciones de privilegio por lavar dinero de empresas brasileñas vinculadas a la constructora Odebrecht.

Pero sin dudas es la contadora Cikurel la que pone al gobierno en la cruz de los caminos. ¿Qué hará el gobierno con uno de sus ministros emblemáticos si su pareja fuera condenada?

No pocos dirán que se trata de asuntos de “su vida privada”, pero no hay dudas que tiene una gran afectación pública.

Si fuera requerida desde Panamá, ¿la entregarán o encontrarán un artilugio legal para impedirlo?

¿El gobierno sostendrá a Da Silveira o cargará con el costo político?

Hasta el momento Cikurel, que ya estuvo detenida por Interpol, no se ha presentado en Panamá, sí lo hizo su abogado defensor. En los hechos podría ser juzgada en ausencia y si fuera condenada, requerida. Ocurre con el expresidente Martinelli y su hijo, que están presos en EEUU, pero también serán juzgados ahora.

El gatopardismo en acción

En 1958 se publicó la novela El Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa que narra las acciones de un príncipe siciliano al que qué adjudicó la cita "Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie", que desde entonces se conoce como “gatopardismo”.

Una práctica frecuente en Uruguay. Se crean estructuras de contralor que en la práctica no funcionan porque, entre otras cosas, no se les adjudica presupuesto y personal.

Se niega una y otra vez que en nuestro país se lave dinero, pero el breve resumen anterior revela el funcionamiento a pleno de la lavadora.

Se aprueban leyes imposibles de poner en práctica, como la que exige transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, pero se pone el control de la Corte Electotral, que reiteradamente ha señalado que no pueden cumplir esa tarea.

Legisladores expresan su preocupación por el financiamiento de las campañas electorales, pero sin ningún prurito sus partidos reciben dinero de empresarios argentinos acusados por corrupción.

En los 15 años pasados, con poco más de 25 funcionarios la Senaclaft intervino en decenas de causas por lavado de dinero, aun sin contar con un presupuesto adecuado.

Pero en dos años y medio el actual organismo, en las mismas condiciones, no ha intervenido en ninguna causa, incluso cuando han llegado centenares de millones de dólares a los bancos, en inversiones o al sistema inmobiliario.

La Jutep, que debe investigar presuntos enriquecimientos, en los hechos no funciona y el prestigio adquirido en años pasados, hoy es inexistente.

En enero próximo se creará una fiscalía especializada en lavado de activos. Algo interesante, pero que no resuelve el verdadero problema y solo trasladará al fiscal la falta de presupuesto y personal especializado.

Una fuente destacada de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, estimó que en los últimos 25 años se han comercializado en Uruguay “unas 100 toneladas de cocaína, a precio de mercado, unos 2.000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero?”, se preguntó.

En síntesis: el sistema no quiere controles. Ya lo dijo años atrás Ignacio De Posadas cuando reclamaba “terminar con la jutepización de la política”.

Lo están logrando.

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