La segunda generación de transgénicos irrumpe en Uruguay

Sin embargo, cuatro eventos (dos de soja transgénica y dos de maíz) serían liberados e incorporados a la producción, lo que generó el rechazo del Ministerio de Medio Ambiente (Mvotma) y de Salud Pública (MSP). Votaron a favor de su liberación los ministerios de Ganadería (MGAP), Industria (MIEM), Economía y Finanzas (MEF) y Relaciones Exteriores (MRE). En cuanto a diez de esos transgénicos, la posición de la cartera de medioambiente fue positiva, en tanto se solicitaban ensayos de campo e investigaciones “manejadas en el marco de un protocolo de bioseguridad”. Sin embargo, la postura del Mvotma fue negativa a la hora de autorizar el ingreso al mercado de los transgénicos restantes por considerar que no existen estudios suficientes como para evaluar su impacto en el medioambiente.   Intrusos en el maizal En cuanto a la habilitación del maíz TC1507XMON810XNK603, resistente a lepidópteros y con tolerancia al glifosato y al glufosinato, para la liberación comercial se entiende “imprescindible la concreción de un ámbito de discusión que posibilite evaluar los posibles impactos al ambiente derivados del paquete tecnológico asociado al evento”. De acuerdo “a las características de esta especie (polinización cruzada), deberán atenderse especialmente las condiciones que hagan posible la coexistencia entre diferentes sistemas de producción, particularmente en lo que se refiere a efectos sobre variedades criollas de maíz y sistemas de agricultura orgánica. En el mismo sentido, en lo referido a la solicitud de estos mismos eventos para liberación a escala de campo en condiciones controladas, encontramos necesario para la instancia de liberación comercial el análisis de los posibles impactos al ambiente derivados del paquete tecnológico asociado”. La referencia al “paquete tecnológico asociado” tiene que ver, fundamentalmente, con los herbicidas, y particularmente con la entrada al mercado del Dicamba, un compuesto químico con similares o mayores efectos tóxicos que el glifosato y sobre todo con una volatilidad mayor, lo que pone en peligro los cultivos de “maíz criollo” y otras variedades de producciones autóctonas. En lo que respecta al maíz MON89034XMON88017, resistente a coleópteros, el informe del Mvotma, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), refiere que “no se justifica la liberación al no constatarse en nuestro país daño económico provocado por la especie que busca combatir este evento (diabrótica), por lo que esta liberación implica un factor de riesgo innecesario para el ambiente, al no existir en términos productivos ningún beneficio derivado de su liberación. No se recomienda aprobar esta liberación”. El transgénico referido es resistente a la cochinilla -conocida en nuestro país como “san antonio”- que tiene características de plaga en Estados Unidos, pero no en Uruguay. Introducir este cultivo en Uruguay (asociado al potente “paquete tecnológico” de agrotóxicos que trae de la mano) es incomprensible, salvo que se quiera transformar a nuestro país en un campo de ensayo para combatir plagas que nos son ajenas.   Así se templó la soja Los otros dos transgénicos cuya liberación comercial objetan las autoridades medioambientales son la variedad de soja MON89788XMON87708, con tolerancia al glifosato y al Dicamba y la soja DAS44406-6, con tolerancia al glifosato, al glufosinato, 2.4 D. En relación con el primero, la Dinama expresa: “Consideramos necesario, previo a emitir esta autorización, la concreción de una instancia de análisis de los impactos implícitos en el manejo del cultivo, que resultan relevantes para la liberación comercial. Teniendo en cuenta para ello el agregado de Dicamba en el paquete de insumos que acompaña el evento aplicado y la posible generalización de su utilización en el agrosistema, especialmente implicancias derivadas de la formulación del producto, momento de aplicación (deriva), así como la posibilidad de afectación a polinizadores. De esta manera entendemos que se podrá disponer, ya al momento de la autorización, de un paquete tecnológico de manejo del cultivo ajustado a las características de los eventos considerados. Asimismo deberán disponerse los mecanismos de control necesarios para la correcta aplicación de los herbicidas”. Sobre la otra variedad transgénica de soja, los reparos de la Dinama son similares, en el sentido de que para su liberación comercial es imprescindible “la concreción previa de una instancia de análisis de los impactos sobre el ambiente implícitos en manejo del cultivo, teniendo en cuenta particularmente el agregado de 2-4 D (ácido 2.4 diclorofenoxiacético) y su combinación con glifosato, glufosinato de amonio, en el paquete de insumos que acompaña este evento. Consideramos que debería evaluarse especialmente, y para condiciones locales, implicancias derivadas del ingrediente activo y la formulación del producto, momento de aplicación (condiciones ambientales predisponentes para la deriva y la volatilización), características de la forma de aplicación, así como la posibilidad de afectación a polinizadores, teniendo en cuenta además el contexto productivo”.   La segunda generación se abre camino Sin ser muy imaginativos, podemos constatar que estamos en presencia del desembarco en nuestro país de una segunda generación de transgénicos y agrotóxicos. La irrupción masiva de los mismos data de octubre de 1996, cuando -durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti- Uruguay aprobó la liberación comercial de la soja Roundup Ready (RR), producida por la empresa Monsanto. La misma era tolerante al glifosato, un herbicida elaborado por la misma transnacional. Desde ese momento y en el curso de algo más de una década, fueron liberados cinco variedades de transgénicos de soja y diez de maíz. La habilitación comercial de estos transgénicos (y de los agrotóxicos que conforman el “paquete tecnológico”) puso al descubierto las contradicciones que existen en el Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) acerca de la utilización, sin la mediación de estudios previos de impacto, de esta nueva generación de transgénicos y herbicidas. Primero, es preciso decir que la liberación de las semillas transgénicas que conforman el paquete aprobado es un tema que viene, al menos, desde el año 2011. Luego, que la oposición que las autoridades de Medio Ambiente a la liberación comercial de determinados transgénicos (en este caso respaldadas por el MSP) no están referidas a una oposición taxativa a los mismos, sino al condicionamiento, para su habilitación a estudios de impacto previos, que aporten certidumbre acerca de sus efectos colaterales en el medioambiente. En tercer lugar, hay que considerar que por primera vez en el seno del GNBio se toma una resolución por mayoría (en este caso 4 a 2). En el gabinete siempre se actuó por consenso. Tanto es así que la reglamentación de su funcionamiento no dice nada al respecto. Por añadidura, hay que tener en cuenta la fecha de aprobación y la manera en que se aprobó este paquete: sobre el cierre del año y a los empellones. Los uruguayos sabemos que muchas de las iniciativas aprobadas de ese modo y con esa temporalidad suelen ser no sólo significativas, sino polémicas, por lo que se apela a la inmovilidad del receso para asordinar sus resonancias, tanto a nivel político como social.   Gabinete Nacional de Bioseguridad El Gabinete Nacional de Bioseguridad (GNBio) fue creado a partir del decreto 353/008. En el mismo se expresa que “la introducción, uso y manipulación de vegetales y sus partes genéticamente modificados (OVGM), cualquiera sea la forma o el régimen de trabajo bajo la cual se realicen, sólo podrán efectuarse previa autorización, concedida caso a caso, por las autoridades competentes, teniendo en cuenta los resultados de las correspondientes etapas de la evaluación y gestión del riesgo de esa aplicación sobre el ambiente, la diversidad biológica, la salud humana, la sanidad animal y vegetal y aspectos socioeconómicos”. Por el mismo decreto se crea un estructura institucional, conformada por el ya mencionado GNBio, integrado por el MGAP (que lo preside), el MSP, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Este gabinete está asesorado por el Instituto Pasteur de Montevideo (Ipmon), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (Iibce), la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), al que se agregan, para la consideración de determinados temas, el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y el Instituto Nacional de Semillas (Inase). Este equipo asesora al Comité de Articulación Institucional (CAI), que es una instancia técnico científica que produce insumos sobre las materias específicas que se tratan en el GNBio. Hay que añadir que el equipo asesor que conforma la CAI produce insumos para el Comité para la Gestión de Riesgos (CGR). La articulación de los insumos que maneja el CGR está a cargo de una experta del MGAP, que oficia como coordinadora de la evaluación desde la Evaluación de Riesgos para la Biodiversidad (ERB). Al decir de la ministra de Medio Ambiente, Eneida De León, “allí es donde se produce el embudo, ya que sólo se analiza el evento en sí mismo, dejando de lado las consideraciones de entorno o de medioambiente”. En su enunciación, esta articulación es coherente y adecuada para los propósitos que se plantean en el decreto 353/008, pero no funciona adecuadamente y tiene íntimas contradicciones. Lo primero ha provocado vacíos como el que generó la Udelar, que se retiró del CAI luego de actuar en el seno del mismo en el período 2009-2013. Las razones para su retirada están expuestas en un documento que presentó al CGR y que se resumen en el caso omiso que se hacía a sus propuestas, más allá de que esto no sea dicho a texto expreso. Es interesante consignar que en ese documento, ya la Udelar fija posición sobre dos de los eventos transgénicos que hoy motivan el voto dividido en el seno del GNBio. En su informe, la Udelar consigna al respecto: “[…] para el caso de tolerancia a coleópteros, la delegación de Udelar consideró que dado que no hay plagas relevantes en este grupo de insectos, y podría ejercer impactos negativos en coleópteros beneficiosos, consideramos que no se debe alentar la aprobación de este tipo de eventos (por ejemplo el maíz MON89034 y MON88017), siguiendo el principio de precaución, dado el poco beneficio percibido y mayor nivel de riesgo”. En cuanto a las “íntimas contradicciones” contenidas en el GNBio, las mismas están presentes en la propia enunciación de sus cometidos, en la que la “previa autorización, caso a caso” choca con lo referido a la “evaluación y gestión del riesgo de esa aplicación sobre el ambiente, la diversidad biológica, la salud humana, la sanidad animal y vegetal y aspectos socioeconómicos”. Es notoria además la asimetría existente en la gobernanza del gabinete, en el que el MGAP, además de tener la presidencia, designa a la encargada de realizar la síntesis de los distintos informes que producen los organismos que componen el GNBio. Además, los ministerios más vinculados al inmediatismo de la gestión productiva tienen una marcada tendencia a atender la relación costo-beneficio (al igual que las otras carteras que compusieron la mayoría para la aprobación de la liberación de transgénicos), contrariamente a los propósitos intrínsecos de Medio Ambiente y Salud Pública, que están obligados a tener una puntería estratégica a la vez que preventiva.   Disfuncionalidades Las disfuncionalidades que posee el sistema de gobernanza en bioseguridad que regula el decreto 353/008, a juicio de la Dinama, están resumidas en un memorándum denominado Evaluación y liberación de transgénicos en Uruguay. Estado de situación (noviembre 2017), en el que se realizan diversas consideraciones ambientales. La primera está referida a la “generación de resistencia en malezas”, provocada por el uso generalizado del glifosato. La resistencia que desarrollan las malezas y la aplicación de herbicidas más potentes llevan a crear un círculo vicioso que en el documento se designa como “cinta de correr”. El segundo punto consignado tiene que ver con los “impactos sobre los organismos polinizadores”. En el mismo se expresa que “investigadores del Iibce y del INIA encontraron que los pesticidas figuran entre las principales causas que los apicultores identifican como generadoras de pérdidas de colmenas”. Luego, se pone énfasis en el impacto de los agrotóxicos en “otros organismos no blanco”, entre ellos variables microbiológicas del suelo. A continuación se destaca la “contaminación de fuentes de agua por deriva y por escorrentía” (flujo del agua pluvial sobre el suelo). Según información de la Udelar, se incluye un ítem titulado “Consideraciones desde el ámbito de la salud”, donde se recapitulan “los riesgos potenciales derivados de los transgénicos en la salud”.   Evaluación del riesgo Seguidamente, se realizan “consideraciones sobre el sistema de evaluación del riesgo”, afirmando que “no se han definido claramente las metas de protección”. En la exposición de este aspecto, se dice que “el paquete tecnológico asociado a los eventos (plaguicidas) no sea considerado en el análisis de riesgo, a pesar de las constantes solicitudes, tanto del Mvotma, como del MSP, la Udelar y el Iibce”. Otro perfil resaltado es que “falta generar conocimiento que permita realizar una mejor evaluación sobre el impacto de los transgénicos en lo que se denomina ‘organismos no blanco’”, resaltando los efectos causados por los plaguicidas en “la microbiota del suelo, insectos benéficos como polinizadores y controladores naturales de plagas y aves”. Seguidamente se manifiesta que “no se considera la necesidad de desarrollar la coexistencia entre cultivos transgénicos y tradicionales”. En este ítem se consignan los impactos que ya fueron detectados por la intrusión del transgen presente en los organismos modificados, en el maíz criollo, en la miel y en la producción orgánica. El siguiente apunte tiene que ver con “la estructura anual del sistema de evaluación”, que “no contribuye a desarrollar un análisis integral”. Por último, en este capítulo, se prende una luz de alarma sobre el uso masivo y combinado de agroquímicos, expresando que “no se tiene en consideración al momento de la evaluación que esta práctica (uso masivo de varios agroquímicos) puede generar en el mediano y largo plazo mayor resistencia a las malezas”.   Preguntas incómodas En cuanto a las “necesidades identificadas”, se marca la carencia de “evaluaciones de riesgo”, puntualizando que las que existen fueron realizadas en otros lugares (sobre todo en Estados Unidos y Argentina) y que “no se cuenta con líneas de investigación que analicen el efecto/impacto de estas sobre el ambiente y la salud humana”. Parafraseando una cita contenida en el informe de la Udelar, el documento de la Dinama advierte que se requiere “generación de información a nivel local mediante ensayos controlados de eficacia y sistemas de monitoreo a nivel predial y multipredial de aparición de malezas resistentes, dinámica de organismos blanco y no blanco, otros indicadores informativos de la sustentabilidad del sistema productivo”. Luego se incursiona en el punto referido como “Análisis económicos (costos)”, formulando la pregunta: “¿Cuánto le cuesta a Uruguay perder sus polinizadores?”. La respuesta es que, según investigaciones de la Facultad de Ciencias y del INIA, el valor económico que aporta la abeja melífera es de casi US$ 55 millones, pero si se agrega la fruticultura, representa alrededor de US$ 100 millones. La segunda pregunta es: “¿Cuánto le cuesta al sistema de salud?”. Si bien no se cuantifica el impacto en este rubro, se detecta “el aumento de las afecciones respiratorias, alérgicas, intoxicaciones y nuevas enfermedades producto de la aplicación de agroquímicos”. En tercer lugar se inquiere acerca de “¿cuánto cuesta la desaparición de especies y ambientes?”. Aunque es difícil de cuantificar, sería preciso analizar el valor de “los ecosistemas y sus especies asociadas”, agregando que un “análisis responsable debería cuantificar los costos para el Estado, por ejemplo, en la restauración de suelos, potabilización de aguas y seguros ante crisis o afectaciones imprevistas”. Acto seguido, se pregunta: “¿Cuánto dejamos de ganar?”. La respuesta a esa pregunta retórica es que “cuando productos no pueden ser exportados por la presencia de agroquímicos, cuando se pierden posibilidades de producción agroecológica porque la cercanía con predios que utilizan agroquímicos impide alcanzar los objetivos, cuando se pierden cultivos por contaminación (como en el caso de La Armonía) o se pierden miles de colmenas (como el reciente caso del litoral), cuando no se evalúan alternativas que agreguen valor ambiental y valor social a la producción, ¿cuánto dejamos de ganar como país”. La última pregunta está referida a valores democráticos por excelencia, como son el acceso a la información y la participación ciudadana. El punto está titulado “Consideraciones respecto a la participación pública” y expresa que “se constatan deficiencias en la accesibilidad de la información a través de la página web del MGAP; las solicitudes de autorización, los informes institucionales y de los grupos ad hoc no se encuentran fácilmente disponibles para la ciudadanía, por lo cual es improbable que una persona que no esté familiarizada con el sistema pueda acceder a la información”. Al respecto, el memorándum cita la carta enviada a la CGR por Redes-AT en febrero de 2013, en la que se concluye que “la limitada difusión de la instancia de Consulta Pública, las restricciones en el acceso a la información necesaria para poder participar, la no socialización de los comentarios, la falta de comunicación acerca de los argumentos por los cuales los aportes de las organizaciones son o no son tenidos en cuenta, nos llevan a concluir que la instancia de Consulta Pública, de la forma en que actualmente se lleva adelante, tiene un carácter puramente nominativo y no cumple con el espíritu del decreto 353/008 […]”. A este vacío de información y participación enunciado se suman otras asignaturas pendientes, como, por ejemplo, la no creación del Comité Consultivo en Bioseguridad, previsto en el artículo 5 del decreto 353/008, que debería estar constituido por representantes de instituciones públicas, Udelar, sector privado y sociedad civil. El documento consigna que “a nueve años del decreto, este comité aún no se ha constituido, lo que representa una falencia que debilita fundamentalmente la participación de la sociedad civil en este proceso”.   El sistema de gobernanza El anexo al memo que consideramos tiene singular importancia, ya que está referido al sistema de gobernanza, es decir, a la estructura que se ha conformado para poner en práctica los mandatos contenidos en el decreto 353/008. El documento interno, de autoría de la División de Biodiversidad, se titula “Consideraciones sobre el sistema de gobernanza en bioseguridad (CAI y CGR)”. El mismo comienza con la afirmación de que “el Mvotma no tiene una posición contraria a la utilización de los transgénicos per se, sino que desea que la incorporación de dicha tecnología se realice después de un serio análisis y evaluación de los riesgos ambientales y para la salud”. Prosigue expresando que pese a que el Mvotma participó en todos los ámbitos de trabajo, tanto técnicos como políticos, no se han tenido en cuenta sus posiciones, “llegando a manejos poco transparentes, tanto de la información como de las definiciones. En lo que se refiere a la gobernanza del sistema, se registran varias dificultades que han generado que la toma de decisión respecto a la introducción de OGM no se realice con las garantías necesarias”. La falta de respuesta a las solicitudes del Mvotma, el MSP y la Udelar para que se consideren de forma integral los impactos que generan la introducción de tecnología transgénica y su paquete tecnológico asociado ha generado la renuncia al sistema de evaluación de técnicos e investigadores de la Udelar y del MSP y su posterior apartamiento del sistema”. Consecuentemente, “se han firmado eventos en el ámbito de la CGR, enviados al GNBio para su aprobación final sin las firmas del Mvotma y el MSP […]”. A estos se agrega que “los comentarios que se reciben en las instancias de Consulta Pública son también deslegitimados y no se toman en cuenta para el proceso de evaluación del riesgo”. Por añadidura, “los informes de evaluación socioeconómica son distribuidos en el mismo momento en que se está tratando la aprobación de los eventos […]”. Se agrega a esto lo mencionado anteriormente acerca de la carencia de una visión integral de los temas considerados, de manera de “evaluar los posibles impactos al ambiente derivados del paquete tecnológico asociado al evento que se está analizando, para de esta forma disponer de los insumos que permitan realizar una evaluación integral completa, aplicada a lo que en realidad sucede en el agrosistema, a partir de la incorporación de esta tecnología por parte de los productores rurales. Pensamos que no es posible aislar el análisis del evento de los insumos que lo acompañan, considerando que estos resultan indispensables para que el cultivo transgénico exprese su potencial de rendimiento”. A pesar de la insistencia de los involucrados, “el análisis del paquete tecnológico nunca se concretó. La explicación es siempre la misma por parte de la ERB (Evaluación de Riesgo en Bioseguridad): que el análisis del paquete tecnológico, así como los estudios de eficacia se encuentran ‘fuera de los términos de referencia’ de la evaluación”. Por otra parte -y este es uno de los elementos de mayor importancia, ya que se advierte sobre los compromisos que ha asumido el país-, “nuestra posición concuerda con lo expuesto en la Orientación sobre Evaluación del Riesgo de los Organismos Vivos Modificados y Vigilancia en el Contexto de la Evaluación del Riesgo (documento elaborado a solicitud de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología)”. Advirtiendo sobre los riesgos de no proceder al monitoreo luego de haberse efectuado la liberación comercial, el documento se remite a los requerimientos que en ese aspecto realiza la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad de Brasil (CTNBio), que son imperativos al respecto. Luego, se entiende que “tampoco se han tenido en consideración medidas precisas que gestionen la coexistencia entre diferentes sistemas de producción, aun cuando este punto se encuentra en el decreto 353/008 (ítem II de los considerandos), y se ha incorporado asimismo en los informes CAI-Dinama”. Esto entendiendo “la gestión de la coexistencia como una medida de conservación de la biodiversidad”. De este modo, entre otras consideraciones, el documento marca que en lo que se refiere a las solicitudes de autorización para producción de semilla para exportación, “se constata que no existen limitaciones de escala en el área destinada a esta aplicación”.   Colofón En definitiva, de la lectura de los materiales de referencia, sacamos la conclusión primaria de que la introducción de eventos transgénicos y el consiguiente paquete tecnológico anexo (léase agrotóxicos) no se está procesando con la necesaria previsión de los efectos que pueda tener esa irrupción en el conjunto del ecosistema. A esto agregaríamos que en términos de gobernanza, es decir, de funcionamiento y estructuración de los sistemas de previsión y control, se está privilegiando la mirada del árbol sobre la del bosque y que las visiones puramente específicas sobre determinados eventos que pueden alterar gravemente el ecosistema bloquean la consideración del entorno como un todo complejo e interrelacionado, en el que la afectación de una parte puede conducir a una alteración perniciosa -y en ocasiones irreversible- del entorno en el que se radica el evento en cuestión. El tiempo dirá si estamos en condiciones de revertir un proceso que seguramente generará una mayor productividad en algunos rubros, pero con un costo altísimo para la biodiversidad, para los productores que no podrán integrarse a ese sistema y para las generaciones futuras. En definitiva, luego de que en el seno del GNBio el fiel de la balanza se inclinara en una dirección, sólo el presidente Tabaré Vázquez puede corregir lo actuado. Será él quien tendrá la última palabra.