La transparencia en la gestión: Quiero, retruco

Las denuncias sobre casos de nepotismo o abuso de poder por parte de altas jerarquías del Estado pautaron parte de la agenda mediática de los primeros 45 días de 2018. Primero fue la decisión de la intendenta de Lavalleja Adriana Peña (Partido Nacional, PN) de promover un aumento salarial de varios jerarcas de la intendencia, entre ellos, su pareja. Después, estuvo el caso del intendente de Artigas, Pablo Caram (PN), quien designó para cargos de particular confianza a varios familiares. Y en los últimos días trascendió el caso del vicepresidente de ASSE, Mauricio Ardús (FA), quien contrató a la novia de su hijo como secretaria particular, pese a que ya tenía cinco personas que cumplían esa tarea. En este contexto, legisladores de la oposición impulsaron una serie de propuestas para corregir posibles desvíos éticos en la gestión pública. El diputado Rodrigo Goñi (PN) propuso la creación de una comisión investigadora con fines legislativos -prevista en el artículo 120 de la Constitución de la República- para impulsar una actualización de la normativa vigente en materia de ética y de transparencia. Pero la propuesta más mediática la presentó el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado, PC): un proyecto que directamente prohíbe la designación y contratación de familiares de las altas jerarquías del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, directores de los entes autónomos y servicios descentralizados y de los organismos de contralor) para cargos de función pública. Una prohibición que, al decir del propio Bordaberry, es drástica y absoluta, sin distinción. Ante esto, el FA decidió salir a jugar fuerte y reimpulsar una serie de proyectos para endurecer la lucha contra posibles desvíos en la gestión pública. “Nos preocupa este tema de la ética y la transparencia, porque siempre fueron una bandera de la izquierda uruguaya y en ese sentido queremos presentar algunas iniciativas”, afirmó el senador Charles Carrera (FA) a Caras y Caretas. En este sentido, Carrera dijo que la propuesta de Bordaberry puede ser un elemento para abrir el debate sobre estas iniciativas y apuntar a su aprobación definitiva. En este punto, el legislador planteó garantizar que todos los ingresos a la función pública, incluidas las intendencias, sean por concurso; aumentar las potestades de contralor de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep); que las declaraciones juradas de legisladores y jerarcas del Estado sean públicas; y la consagración del delito de enriquecimiento ilícito, entre otras.   La prohibición “Acá no hay acuerdo político que valga, se prohíbe directamente. Quizás puede parecer que es un poco drástico un proyecto de ley de este tipo, pero necesitamos dar los mensajes adecuados en materia de transparencia, cristalinidad, lucha contra la corrupción”. Con estas palabras, el senador Bordaberry defendió, el viernes 9, el proyecto que prohíbe la designación de familiares en cargos de función pública. La propuesta tiene sólo dos excepciones: que las personas (es decir, los familiares de los jerarcas) sean designadas mediante proceso de selección por concurso público o que cuenten con una antigüedad en el cargo de más de cinco años. Ese día, Bordaberry presentó algunos ejemplos de casos que estarían incluidos en la prohibición, entre ellos, el caso del subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez, quien fue designado por su hermano, el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Pero también surgieron algunas dudas: en caso de aprobarse el proyecto, ¿deberá renunciar a su cargo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, María Elena Martínez, quien fue designada por la Asamblea General, órgano que integra su esposo, el diputado Ope Pasquet? Si bien varios legisladores del oficialismo y la oposición expresaron su apoyo al proyecto, también surgieron algunas críticas. El más vehemente fue el diputado Jorge Gandini (PN) en una entrevista con radio El Espectador: “La iniciativa reviste de un extremismo enorme, con consecuencias que pueden generar enormes injusticias y no resuelven el problema […] Lo que hay que combatir es el acomodo, no el parentesco”. En este marco, Carrera dijo estar dispuesto a debatir la propuesta de Bordaberry, aunque no compartió la prohibición absoluta. “Es una propuesta bastante genérica. Habría que dialogar para saber a qué aspira el senador Bordaberry para hacerla realidad”, expresó. Carrera afirmó que un caso de la administración central que podría quedar comprendido en la prohibición es el de Jorge Vázquez, quien tiene una larga trayectoria de militancia política y realizó una gestión satisfactoria como prosecretario de Presidencia (“en materia de lucha contra el narcotráfico y de reforma de la Junta Nacional de Drogas”) y como subsecretario del Ministerio del Interior, con una participación activa en la reforma de la Policía Nacional. “En decir que uno no contrate parientes utilizando el poder público y que los familiares de todos los dirigentes políticos deberían presentarse a concurso y competir en igualdad de condiciones, estoy de acuerdo, pero no entrarían [en la prohibición] cargos políticos o de particular confianza”, dijo Carrera. El legislador afirmó que un presidente es electo para aplicar un conjunto de propuestas votadas por parte de la ciudadanía y que tiene el derecho de elegir a las personas que entienda mejor capacitadas para ejercer la función, sean quienes sean. Pese a esta diferencia de criterio, este debate puede generar un ámbito adecuado para mantener “un diálogo político al más alto nivel” para transparentar todos los ingresos a la función pública. Y allí el FA podría reimpulsar la propuesta de que todos los ingresos a cargos presupuestados en la función pública -incluidas las intendencias- sean por concurso o por sorteo. “Esto evitaría toda esta situación que fue denunciada últimamente sobre todos los ingresos que hubo en las comunas”, dijo Carrera. “Uruguay Concursa tendría que ser una realidad en todo el país, es el mecanismo transparente que da la posibilidad a que cualquier uruguayo se pueda presentar”, dijo. El legislador señaló que el FA intentó aprobar esta medida para todos los organismos, incluidas las intendencias, pero el PN votó en contra y no se pudo alcanzar los 2/3 de votos que requería la norma. Finalmente, el ingreso por concurso o sorteo se aprobó únicamente para los organismos de la administración central. “Es una iniciativa importante y la queremos promover”, afirmó Carrera.   Otras medidas En la última Agrupación de Gobierno del FA, el sábado 4, también se decidió el reimpulso a otra propuesta del oficialismo que quedó de lado durante el debate parlamentario: que la escala de sueldos de toda la administración pública tiene que estar enganchada al salario del presidente de la República. Carrera recordó que en 2017, el FA no logró los votos necesarios para aprobar una norma que necesita una mayoría especial calificada, es decir, 2/3 de votos de cada cámara. En este caso, la iniciativa también contó con el rechazo del Partido Nacional, bajo el argumento de que se violentaría la autonomía de las intendencias. Por ese motivo, esta escala salarial se está aplicando en la administración central, los entes autónomos, servicios descentralizados y empresas subsidiarias. Sin embargo, se debería extender a todos los organismos públicos: “Es irracional que en un Estado tan pequeño como el nuestro exista un intendente, como es el caso de Maldonado, que perciba un salario mayor que el presidente de la República”. La idea del oficialismo es incorporar esta medida en ese ámbito de diálogo con la oposición. Pero, además, el legislador planteó -a título personal- otros posibles ajustes normativos. Uno de ellos es retomar la propuesta del diputado Daniel Caggiani (FA) de rendición de cuentas obligatoria de los viáticos para los legisladores. Otro es la necesidad de ampliarle las facultades a la Jutep, habilitando la apertura todos los años de un porcentaje de las declaraciones juradas entregadas por los funcionarios públicos para detectar posibles inconsistencias. Carrera recordó que el presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, se pronunció en reiteradas oportunidades a favor de esta medida. “Es correcto ir por ese camino”, dijo. Sin embargo, Carrera planteó un paso más y que se establezca que todas las declaraciones juradas “sean públicas”. “Hemos hecho una opción de vida que es la militancia política; hemos optado por ser varones y mujeres públicos y uno tiene que tener la transparencia de decir cuál es su patrimonio cuando ingresa y cuál es su patrimonio cuando se retira. Eso tiene que ser público y si se constata alguna realidad de enriquecimiento indebido, que la Jutep lo pueda investigar y denunciar. Hoy existe un sistema de declaraciones juradas, que se ponen en un sobre, quedan lacradas y cada tanto las tenemos que ir renovando”, enfatizó. Asimismo el legislador se mostró favorable de ampliar los delitos contra la administración pública con la creación del delito de enriquecimiento ilícito. Carrera dijo que la Ley 17.060, denominada “Ley Anticorrupción”, actualizó una serie de figuras delictivas, pero no incorporó este delito, que “ha sido reclamado por diferentes operadores judiciales y de la Fiscalía”. También se trata de una propuesta impulsada por el presidente de la Jutep y por el senador Bordaberry, que presentó un proyecto de ley con esta idea. “Estamos de acuerdo en crear esta figura. Hay que sancionarla”, dijo Carrera.