La violencia infantil y la respuesta del estado

Antecedentes

Según información divulgada por Infamilia, durante el año 2005 se atendieron 300 núcleos familiares en Montevideo y Área Metropolitana, mientras que en 2006 fueron atendidos 515 víctimas de maltrato. En este contexto, y con el objetivo de construir un sistema para abordar esta problemática desde el ámbito institucional, en 2007 se implementó un “Sistema Nacional Integral e Integrado de Atención contra la violencia de niños, niñas y adolescentes” (SIPIAV). Las instituciones que participaron de este acuerdo fueron el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En el 2018 fue publicado el primer trabajo contundentes que evidenciaba la magnitud de esta problemática en nuestro país, realizado por Infamilia, al que titularon “Estudio de Prácticas de crianza y resolución de conflictos familiares: Prevalencia de Maltrato contra niños, niñas y adolescentes”.

Entre los resultados más relevantes que reveló este informe,  podemos mencionar que el 53,7% de los adultos entrevistados declaró haber agredido físicamente al niño o adolescente de referencia ya sea mediante maltrato psicológico, físico moderado y físico severo.

Por otro lado, si bien las situaciones de violencia se producen en todos los sectores de la sociedad, se registró una mayor prevalencia general de maltrato psicológico en los hogares de nivel socio-económico alto (43,1% frente a 27,3% en los hogares de nivel medio y 17,4% en los de nivel bajo). En cambio, se registró mayor prevalencia general de violencia física en los hogares más desfavorecidos socialmente (15,7% de violencia física severa o muy severa frente a 13,6% en los hogares medios y 9,2% en los hogares de nivel socioeconómico alto).

El estudio confirmó una prevalencia general del 74,4% y una prevalencia crónica del 58,5%, cifra que aumenta a 63,3% cuando se trata de niños en edad escolar (6 a 11 años).

Avances

Actualmente, operan  29 comités de recepción local del Sipiav en todo el Uruguay. En estos espacios se recepcionan las denuncias de casos y se establecen las respuestas intersectoriales de atención, de protección y también se define la judicialización.

Por otro lado, se incrementaron en 39 % las respuestas a situaciones de explotación sexual comercial y no comercial. “Para nosotros continúa siendo un tema de alta preocupación por la extrema vulneración de derechos que representa y por la evidencia de situaciones de Trata interna que requieren mayores esfuerzos para su prevención, atención y reparación y muy especialmente mejorar los procesos de acceso a la Justicia”, declaró Lindner.

Otra de las preocupaciones relacionadas a la infancia, es la cantidad de niños que bien en situación de calle.  Sobre este punto, la jerarca aseguró que los logros alcanzados en políticas específicas implementadas en forma conjunta con la sociedad civil y en consonancia con las observaciones del Comentario General Nº 21 del Comité por los Derechos del Niños, posicionaron  a Uruguay como País Pionero para la elaboración de un Plan Nacional de Acción con respuestas integrales en los ejes educación, salud, el derecho a vivir en familia, a la autonomía progresiva y a la participación.

Por otro lado, la erradicación del trabajo infantil es otro de los temas presentes en la agenda, según Lindner, recordó que el gobierno ha trabajado en el cumplimiento de estas metas, que forma parte  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU con los cuales nuestro país se comprometió. Con respecto a este tema, subraó que en el actual período de Gobierno (2015-2020) se aprobó el nuevo listado de trabajo peligroso para adolescentes menores de 18 años, lo cual incorpora principios orientadores hacia la protección integral, la perspectiva de género y la étnico racial. “Se aumentó en 10 % la cantidad de inspecciones anuales y en los últimos años se logró atender al 100 % de las denuncias de trabajo infantil”, sostuvo.

Asimismo, Lindner  comunicó que el presupuesto anual del INAU asignado para el eje “Vida Libre de Violencias” aumentó en 80 % en los rubros servicios de atención, funcionarios especializados y capacitación hasta situarse en 2018 en 154 millones de pesos.

Otro de los temas sobre los que declaró la directora, fue la notoria baja de la pobreza infantil. Según cifras de conocimiento público, en el año 2005  afectába a 59 % de los menores de 18 años y en 2018 paso a afectar a un 15 %.  Con respecto a esta situación, Lindner explicó que “sin embargo, aumentó la brecha entre esa franja etaria y la adulta, cuyo abatimiento es uno de los grandes desafíos del presente”.

De acuerdo a las declaraciones de Lindner, el gasto público social se duplicó en la última década.  La cifra destinada a la infancia pasó de 4 % del producto interno bruto a 6 % en el lapso señalado.