Uruguay asiste a una nueva batalla campal entre los blancos de raíz herrero-aguerrondo-lacallista, hoy encabezados por Luis Pompita Lacalle Pou y Jorge Guapo Larrañaga. Más allá de que esta batalla perpetua muestra lo que sería un cada vez más lejano nuevo gobierno blanco (sin contar la conflictividad laboral que desatarían con los primeros actos de su conocido programa de gobierno), esta vez la discusión está asentada sobre los criterios que deben regir la gestión y la ética pública, y -aunque parezca curioso- debo concluir en que tanto Pompita como el Guapo tienen razón en sus planteos. Los disparadores Una interna que nunca dejó de existir estalló a partir de un rosario de circunstancias que afectan a los blancos en varios departamentos, pero los buques emblema fueron el affaire Wilson Ezquerra, diputado por Alianza Nacional, y el affaire Agustín Bascou, intendente de Soriano también por el sector de Jorge Larrañaga. El primero, adornado por un índice de alcoholemia de 1,49, embistió a una señora de 60 años; el segundo y su esposa, en tanto, fueron citados el 17 de setiembre por la Justicia Penal a fin de responder por una denuncia presentada en febrero pasado por estafa y libramiento de cheques sin fondo por 415.500 dólares. Un conocido escritorio rural del departamento de Soriano pide que el matrimonio sea procesado con prisión. Bascou y su esposa son titulares de un establecimiento rural y de una estación de servicio, además de otras varias sociedades comerciales. El semanario Búsqueda informó el jueves 31 de agosto que el “grupo Bascou” tiene embargos por unos 7,5 millones de dólares por parte de acreedores entre los que figuran los bancos BROU, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank, y tiene pedido el concurso por insolvencia. La deuda con Itaú ascendería a 5,8 millones de dólares y la del BROU a 1,6 millones. Es verdaderamente llamativo que prácticamente todos los bancos de plaza hayan permitido el sobreendeudamiento de una persona que no hay como no calificarla de “políticamente expuesta”. Pero eso es un tema para el Banco Central y su responsabilidad de controlar el cumplimiento de las normas vigentes. Una vez conocidos ambos casos -que coincidían con el apogeo y desenlace del caso Sendic, resuelto por el dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y la renuncia del vicepresidente de la República a su elevado cargo-, en numerosos círculos del Partido Nacional creció como un tsunami la opinión de que tanto Ezquerra como Bascou debían honrar sus posiciones partidarias renunciando a sus cargos. Los memoriosos, que cada vez son menos, recordaban a gritos que el Partido Nacional ostentó la divisa “Defensores de las leyes” y que fue llamado “Fiscal de la nación” en tiempos del también olvidado Wilson Ferreira Aldunate. Las actitudes de los principales líderes fueron divergentes: mientras Jorge Larrañaga, líder del sector al que pertenecen los dos dirigentes cuestionados (Bascou también está acusado de comprar combustible por cuenta de la intendencia a su cargo en la estación de su propiedad), declaró firmemente que considera que el titular comunal de Soriano es “una persona honesta que está enfrentando una situación compleja y difícil desde el punto de vista comercial”; el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, afirmó en un acto en la Casa de los Lamas que “claramente está mal lo que hizo, con respecto a la venta de combustible en su estación a la intendencia. No lo comparto y se lo manifesté a él”. Pompita reafirmó: “Queda claro que en su lugar [en el lugar de Bascou] no lo hubiera hecho. Yo, personalmente, me apartaría del cargo y seguramente ya habría renunciado”. Lacalle Pou habló también sobre el caso del diputado tacuaremboense Wilson Ezquerra y manifestó estar conforme con su postura, ya que este afirmó que abandonará sus fueros para comparecer ante la Justicia. La puja creció al declarar el senador Guillermo Besozzi Arocena, quien manifestó que renunciará al Directorio del Partido Nacional en protesta por la actitud de Lacalle Pou, “que divide al partido”. La fisura adquirió total formalidad con la declaración de la agrupación parlamentaria de Alianza Nacional del día 3 de octubre, que dice: “La agrupación parlamentaria de Alianza Nacional escuchó los informes de los senadores Jorge Larrañaga y Guillermo Besozzi sobre los hechos de notoriedad y las declaraciones del senador Luis Lacalle Pou, que afectan la unidad partidaria y su institucionalidad. Ante esos hechos resuelve:
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3 de octubre de 2017”. La senadora Verónica Alonso, que disputa su lugar en la interna partidaria, manifestó también que “sería bueno que Bascou dejara el cargo y solucione sus problemas”. Algunas reflexiones Los problemas del Partido Nacional con la ética en la gestión pública y también con la privada no empezaron ayer. No nos ocuparemos esta vez de sus choques con la ética política, manifestada en el apoyo permanente del herrerismo a todas las formas de autoritarismo que vivió el país, desde el golpe de Estado de Gabriel Terra en 1933, el autoritarismo de Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry, el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y la posterior dictadura, así como episodios vividos en el gobierno de Luis Alberto Lacalle de Herrera, como la asonada del Filtro. Vamos a referirnos a los problemas con la ética en la gestión administrativa. Y la primera conclusión es que tanto Jorge Larrañaga como Luis Pompita Lacalle Pou tienen su parte de razón, más allá de que lo suyo sea un enfrentamiento de carácter eminentemente electoral por los comicios de 2019. Veamos: el intendente de Maldonado, Enrique Antía, actúa como un emperador en su feudo, vende calles como la de la parada 17, hecho jamás visto e incalificable; asignó 35.000 dólares a una regata cuyo único mérito era tener un integrante de apellido Antía, casualmente su hijo; y otorga irregularmente cuestionados contratos millonarios de evaluación de la gestión pública, cuyo adjudicatario es el reconocido encuestador, politólogo, filósofo y gran predictor (dio dos veces ganador a un Lacalle en las dos últimas elecciones) Nery Pinatto. En el mismo departamento, la Justicia reabre el caso de defraudación fiscal del excandidato a intendente y actual presidente de la Junta departamental de Maldonado, el también empresario Rodrigo Blas, que singularmente es integrante de los grupos que apoyan a Lacalle Pou. En San José tenemos que el diputado Ruben Bacigalupe (Alianza Nacional) le debe a la intendencia un millón y medio de pesos por tributos atrasados de su empresa funeraria (todos los dirigentes blancos son empresarios) y un brutal enfrentamiento por el cual la Junta no le votó al intendente Falero un préstamo del BROU, que salió con votos del Frente Amplio, luego de que la mano derecha de Larrañaga, el senador Camy, le bajara el pulgar al hoy intendente y futuro candidato a senador por el grupo de Lacalle Pou. En Artigas hay problemas que llevaron a que renunciara el secretario general de la intendencia, el histórico dirigente porlapatrista Sergio Arbiza, porque se negó a avalar lo que calificó de “turbios contratos” que firmaba el intendente Pablo Caram. Mientras tanto, la emprendedora licenciada Verónica Alonso, que está de vacaciones en Panamá, aún no resolvió el embargo que le hizo la imprenta Vistosul, patrocinada por Jorge Gandini, que le reclama 30.000 dólares, todo relacionado con la campaña del pastor fundamentalista Dastugue, yerno del pastor Márquez, que opera recaudando detrás de varias falsas “organizaciones de bien común”. Larrañaga quita importancia a todos hechos y en algo -muy poca cosa- le asiste la razón. Es que frente a la historia de los latrocinios herrero-aguerrondo-lacallistas, ante la historia de las compras a Focoex, de la venta del Banco Pan de Azúcar, el recuerdo de Grenno, de Cambón, la estafa del Banco de Seguros y los curiosos vínculos con los hermanos Rohm, un diputado manejando borracho en Punta del Este o un intendente fundido, empapelando con cheques sin fondos, son, acaso, pequeñeces. Al fin de cuentas, en el primer gobierno de Antía en la Intendencia de Maldonado había motivos más que suficientes para investigar su enriquecimiento ilícito; Larrañaga miró para otro lado y no dudó en apoyar su escandalosa reelección. Y ahora dicen que quien fue acusado de falsificador de firmas por la senadora Verónica Alonso, el exsenador Francisco Gallinal, es propuesto por el Partido Nacional para el Tribunal de Cuentas. Y que el filósofo Pinatto no sólo tiene contratos en la intendencia de Maldonado, sino que también fue contratado en Colonia por Carlos Moreira, en Florida por Carlos Enciso y en Lavalleja por Adriana Peña. Y que el diputado Zoulamian dejó adentro a un pueblo con su financiera clandestina y la causa recorre diferentes juzgados penales esperando una sentencia condenatoria. También tiene razón Luis Pompita Lacalle Pou en no dejar que su ética ciudadana sea siquiera cuestionada. Es tal vez el principal acierto del candidato de la derecha blanca. Pompita no tiene margen de error en ese rubro porque la moral de la familia Lacalle Pou ha sido demasiado manoseada. La historia a la familia Lacalle Pou le juega muy en contra cuando se habla de bancos, negociados, dinero y enriquecimiento injustificado. Luis Lacalle hijo puede cargar con su fama de pituco, facho, haragán, medio burro y hasta “oligarca puto”, pero no puede admitir que siquiera insinúen que es “chorro”. No hay margen para tirar de esa piola. En cualquier caso, una cuestión es clara: a los dos les falta “algo” para ser gobierno y confirma la afirmación de Larrañaga de que la oposición no está preparada para gobernar. Y pobre país si llegaran al gobierno otra vez. Si ahora, con sólo un manojo de intendencias hacen todos estos desaguisados, piense el lector si llegaran al gobierno nacional.
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