En el marco de la polémica que se desató la semana pasada a raíz de los sucesos de represión policial en la Plaza Seregni, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga realizó declaraciones públicas en las cuales acusó a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) de no preocuparse por los derechos de los efectivos policiales.
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Estas expresiones fueron tildadas de «profundamente equivocadas y peligrosas» por parte de la organización Crysol, que nuclea ex presas y presos políticos. Entienden que el ministro incurrió en «un grave error conceptual» y que demostró un «desconocimiento inusitado acerca de las normas de Derechos Humanos. En tal sentido, explicaron que «las normas de Derechos Humanos no se establecieron a nivel mundial y nacional para proteger los derechos de funcionarios estatales, sino todo lo contrario».
«No son los ciudadanos quienes se ensañan con los funcionarios del Estado, sino todo lo contrario. Son los ciudadanos, especialmente los más débiles, quienes sufren los abusos de poder, ya sea de la policía o de funcionarios estatales en otros establecimientos», agregaron.
Explicaron también que estas normas se tornaron imprescindibles luego de «los horrores experimentados luego de la Segunda Guerra Mundial». «Quienes portan armas siempre están en el ojo de la tormenta y son los más denunciados».
Señalan también que los funcionarios policiales y su actuación «están en el epicentro de denuncias y la atención mediática, por los excesos los abusos frecuentes». Expresan que el uso de armas por parte de estos servidores públicos se fundamenta en garantizar el disfrute de los derechos de los ciudadanos , incluso el de la protesta pacifica. «Por eso es tan grave cuando incurren en violentar las normas o se exceden en el uso de la fuerza sin motivo, ni razón como se suele constatar».
Para Crysol, el ministro del interior debe entender que «las normas de Derechos Humanos son un escudo protector de los ciudadanos frente a los funcionarios del Estado».