El presidente de la junta directiva del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc),ex Fuerzas Armadas Revoluiconarias de Colombia, emitió un comunicado en el que exige protección al Gobierno de Juan Manuel Santos, así como a las autoridades regionales, debido al asesinato de un ex guerrillero desmovilizado en Ituango (Antioquía). Daladier Ortiz Vázquez era un ex combatiente que fue sujeto de amnistía e indulto en el marco de los acuerdos de paz. Sin embargo, varios hombres armados le asesinaron en pleno centro de la cabecera municipal de Ituango. En este episodio también resultaron heridas varias personas que estaban en este lugar, entre ellas una mujer embarazada. El comunicado recuerda que este no es el primer caso, ya que el 12 de julio de 2017 fue asesinado también en Ituango Juan Fernando Amaya, indultado de las Farc en proceso de reincorporación. Asimismo, el 14 de agosto fue asesinado con arma de fuego en el mismo municipio Jesús Adán Mazo García, miembro de las Farc en proceso de reincorporación. Así, desde la formación política, piden “al Gobierno Local y Nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinde garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia a todos los ciudadanos que hoy se encuentran en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango y a la comunidad en general”. Asimismo, responsabilizan al “Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos, así como “a la alcaldía de Ituango y Gobernación de Antioquia como entes territoriales que deben velar por la protección de los derechos Humanos de la población en proceso de reincorporación y sus familias”.
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Comunicado completo: Exigimos 1. Al Gobierno Local y Nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinde garantías y efectividad de los Derechos Humanos, el Derecho a la Vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y al acceso a la justicia a todos los ciudadanos que hoy se encuentran en proceso de reincorporación en el municipio de Ituango y a la comunidad en general. 2. A la defensoría del pueblo, a la procuraduría y a las autoridades pertinentes se investiguen los hechos aquí denunciados y se proceda al desarrollo de las acciones disciplinarias, que por actos de acción u omisión puedan corresponder, a funcionarios públicos encargados de velar por la seguridad y garantía de derechos de las personas en proceso de reincorporación y toda la comunidad. 3. A la Fiscalía General de la Nación, para que sean investigados los actores responsables de los hechos aquí denunciados. 4. A la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional, se disponga de todo lo que sea necesario para garantizar la seguridad y los derechos humanos de toda la población en proceso de reincorporación del municipio de Ituango. 5. A la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que se pronuncie y ejecute acciones tendientes a garantizar los derechos humanos de la población en proceso e reincorporación. Solicitamos 1. A los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. 2. A la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento a toda la población en proceso de reincorporación del municipio de Ituango y toda la comunidad. 3. A la Segunda Misión de la ONU para la Verificación de la implementación de los acuerdos de paz, para que se pronuncie y ejecute acciones que garanticen los derechos humanos de la población en proceso de reincorporación y toda la comunidad. Responsabilizamos: Al Estado colombiano como único responsable de la garantía y protección de los derechos humanos. A la alcaldía de Ituango y Gobernación de Antioquia como entes territoriales que debe velar por la protección de los derechos Humanos de la población en proceso de reincorporación y sus familias. A las autoridades nacionales, departamentales y locales de cualquier situación que se pueda presentar luego de la promulgación de esta denuncia, y de las respectivas acciones jurídicas que se emprendan. A los 12 días del mes de noviembre.
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