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Las jaulas de la bondad

Por Leandro Grille.

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Caras y Caretas Diario

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Es evidente la intención política de adjudicarle a la ministra de Desarrollo Social la responsabilidad por la muerte de los cuatro internos de la Fundación Aldeas de la Bondad que fueron trasladados de Salto a Montevideo, el pasado primero de diciembre, en un Hércules de la Fuerza Aérea. A la conmoción ante hechos de esta naturaleza, ha seguido su utilización política mediante una sostenida campaña de la prensa y de algunas diputadas opositoras para cargarle la desgracia al gobierno, especialmente en la figura de Marina Arismendi, como responsable última del Mides y de INAU.

En el marco de esa estrategia la ministra ha sido invitada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para el próximo 18 de enero, en principio para explicar lo que ya explicaron ante la comisión las autoridades de INAU y la subsecretaria Ana Olivera en la sesión del 14 de diciembre, pero también para indagarla un poco más allá y hacerla hablar sobre el procedimiento de traslado que, en rigor, no dependía de su cartera, sino que fue coordinado y realizado por ASSE y la Fuerza Aérea, como corresponde cuando se trata de traslado aéreos sanitarios, lo que también fue explicado en comisión por sus responsables directos el pasado miércoles 21.

El primero de diciembre trece pacientes internados en la Fundación Aldeas de la Bondad, categorizados como pacientes de condición absolutamente dependiente por afectaciones cerebrales, físicas, motoras e inmunológicas severas crónicas, fueron trasladados al Aeropuerto de Salto y abordaron un avión de la Fuerza Aérea a las 12.30 del mediodía. Llegaron a Montevideo poco más de una hora después. Su trasladado se hizo en un avión Hércules C-130 especialmente acondicionado para trasladar pacientes que por sus patologías crónicas necesitan asistencia continua. De acuerdo al manifiesto de carga, en el avión además de los pacientes viajaron cuatro médicos y cinco enfermeros, pertrechados con “seis balones de oxígeno, dos valijas de reanimación portátiles, dos valijas de curaciones, dos ampolleras completas, dos saturómetros, dos cardiodesfibriladores uno de ellos con pinza de saturómetro, dos electrocardiógrafos, dos glucómetros, una valija de material respiratorio con aspirador, correas de sujeción para traslado seguro, sábanas y máscaras de diversa concentración de oxígeno”. Llegaron a Montevideo en las mismas condiciones de salud en las que salieron y fueron trasladados a la nueva institución que debería atenderlos. Su traslado fue considerado un operativo exitoso, porque si bien la evaluación médica tanto en Aldeas de la Bondad como de los médicos de Salud Pública establecía que se podía trasladar a los pacientes, un operativo de este tipo con personas tan severamente dependientes siempre conlleva un riesgo.

Seis días después, dos de estas pacientes fallecen con un cuadro respiratorio infeccioso de origen aparentemente viral en el nuevo hogar, y un tercero es hospitalizado con una infección respiratoria baja similar que no respondió al tratamiento y derivó en su muerte tres días después. Una cuarta paciente moriría días después con un cuadro infeccioso también, aunque de origen bacteriano, según su hemocultivo. De forma inmediata el MSP intervino el hogar Eriden, que había resultado adjudicatario en una de las licitaciones que había hecho INAU para redistribuir a los más de noventa pacientes de Aldeas de la Bondad, en este caso la que correspondía a los pacientes más absolutamente dependientes, muchos de ellos con parálisis cerebral severa de su nacimiento, aquejados con una multitud de secuelas físicas y motoras que se derivan de su condición original. La presencia de varios casos similares, simultáneos, abruptos y con un desenlace grave hacía sospechar en un brote epidémico en el hogar actual o en el anterior, pero es probable que nunca se determine a ciencia cierta qué infección fue la que causó la muerte ni dónde se contrajo.

Ahora bien, el episodio hay que dividirlo en tres. Por un lado al decisión de rescindir el contrato que vinculaba a INAU con Aldeas de la Bondad desde 1986. Dicha rescisión se produce por solicitud de Aldeas de la Bondad que no estaba dispuesta a ajustar sus procedimientos a las nuevas formas de tratar personas con este tipo de padecimientos, de acuerdo a las convenciones de derechos humanos y las prácticas modernas que intentan respetarlos. INAU venía exigiendo desde 2008 cambios en el modelo de atención y mejoras en la infraestructura y el tratamiento de los internos. Para la óptica de INAU, los derechos humanos de los pacientes eran vulnerados al considerarlos “siempre niños” –aunque de los más de 90 pacientes sólo hay cuatro menores de edad–, al mantenerlos desvinculados absolutamente de su familia de origen –el hogar se proponía como una familia sustituta, en la que los funcionarios eran “tíos y tías”–, sin estimulación, con historias clínicas a medio hacer, con medicamentos y alimentos vencidos, algunos en jaulas o cuasi jaulas, entre otros escándalos. No obstante, INAU transfería casi 40.000 pesos por mes por paciente, unos 4 millones de pesos mensuales, más subsidios y, además, alimentos: carne, pan, leche, etcétera. Pese a eso, Aldeas de la Bondad malversaba las pensiones de BPS de los internos –algo prohibido–, pagaba menos del laudo a sus trabajadores, no alcanzaba a pagar los aguinaldos, había acumulado 41 millones de pesos en juicios laborales perdidos, que debe afrontar INAU, y llevaba una contabilidad desprolija, en la que no se rendía todo y no se justificaban los gastos.

Con esta situación, en octubre de 2014 INAU exige cambios que la fundación no está dispuesta a llevar adelante si no se le trasfieren más recursos por paciente. INAU ofrece una mejora, pero no la que la fundación quiere. Aldeas de la Bondad era la más cara de las 17 instituciones que atienden a los miles de pacientes del cual INAU se hace cargo, aunque la enorme mayoría ya no son menores. A principios de 2015 la fundación, quizá con la intención de que INAU cediera, presenta el pedido de rescisión; el instituto dependiente del Mides acepta y pide un plazo para hacer las licitaciones que corresponde para reasignar a los internos. Es decir, la rescisión la pidió la fundación. INAU la aceptó dadas las condiciones que se verificaban en ese lugar con respecto a los pacientes. Estos fueron categorizados según su grado de dependencia. Desde los más severos hasta los más autónomos, en tres categorías. Finalmente, este año se adjudicaron algunas de las licitaciones (otras quedaron desiertas) y comenzaron a coordinarse los traslados. En noviembre se trasladaron por carretera, en tres días distintos, algunos de los pacientes. Y el primero de diciembre ocurrió el traslado de los tres más comprometidos.

La decisión de INAU de rescindir el convenio con Aldeas de la Bondad, además de haber sido pedida por la fundación, parece inobjetable, toda vez que las condiciones de atención de esos pacientes dista del modelo que propone ahora: estos individuos, por dramática y dependiente que sea su condición, son considerados personas con derechos, que deben ser respetados, entre ellos el derecho a mantener el contacto con su familia, y a recibir una atención digna de un ser humano. El procedimiento se coordinó en las mejores condiciones que se puede hacer en Uruguay, y probablemente en cualquier parte. Pese a ello, un brote infeccioso, o como quiera que se llame un brote de una infección respiratoria en varias personas de modo simultáneo, derivó en la muerte de cuatro pacientes trasladados, todos ellos inmunocomprometidos por su enfermedad de base, entre seis y diez días después del traslado. De acuerdo a los medios y las diputadas de la oposición, a estas personas las mató el desarraigo, el viajar a “lo desconocido y con desconocidos”. Como si una situación de vulneración de derechos humanos en personas aquejadas por enfermedades severas no pudiera detenerse nunca, porque debe prevalecer el “malo conocido” que el “bueno por conocer”. Sin embargo, detectada una situación, no actuar, exigir cambios y/o rescindiendo el vínculo no sólo sería irresponsable, sería cómplice. Parece claro que INAU actuó como correspondía. También parece claro que ASSE y la Fuerza Aérea hicieron las cosas de la mejor manera. Pese a ello, algunas personas murieron días después del traslado. Debe ser investigado, indudablemente. Pero no puede ser el motivo para que se mantenga para siempre un modelo de atención tipo asilo, porque nada puede ser peor para los seres humanos. Ni para vivir ni para morir.

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