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Mundo

La solidaridad es más fuerte

Las «obsesiones jurásicas» de Trump y compañía con Cuba

El pasado viernes 15 de enero, autoridades estadounidenses, invocando la llamada ley Magnitsky, anunciaron la imposición de sanciones contra el Ministerio del Interior de Cuba y contra su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

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La política de Donald Trump contra Cuba cerrará con la misma agresividad que comenzó.

Las últimas acciones del saliente, aislado y “políticamente” interpelado Trump, han incluido además de la inclusión de la isla en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una sanción al actual ministro del Interior cubano y la organización de seguridad que dirige.

El pasado viernes 15 de enero, autoridades estadounidenses, invocando la llamada ley Magnitsky, anunciaron la imposición de sanciones contra el Ministerio del Interior de Cuba y contra su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas.

Las sanciones contra la organización de seguridad cubana y su titular se producen, apenas cinco días después que la administración de Trump, volviera a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido retirada en 2015.

La Ley Magnitsky, denominada así en memoria de un abogado ruso que murió bajo arresto en Moscú, luego de denunciar un caso de corrupción, fue aprobada en Estados Unidos en 2012, con el objetivo de luchar contra la impunidad internacional de las personas y entidades que fueran denunciadas de violar los derechos humanos y realizar graves actos de corrupción.

En la práctica, la normativa prohíbe a los sancionados la entrada en EE.UU., al tiempo que ordena congelar los activos que puedan tener los extranjeros acusados de violar los derechos fundamentales de otras personas.

Según consigna la agencia de noticias EFE, Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano, “justificó la decisión al señalar en un comunicado que «unidades especializadas del brazo de seguridad del estado del MININT (Ministerio del Interior) son responsables de la vigilancia de la actividad política, y la Policía cubana apoya estas unidades de seguridad con el arresto de personas de interés para el MININT».

En el comunicado, el departamento de Estado agregó, que el general Álvarez Casas, quien había sido viceministro del Interior hasta su promoción en noviembre de 2020, «es cómplice del acoso y vigilancia de periodistas, disidentes, activistas y miembros de los grupos de la sociedad civil, incluido más recientemente a los miembros del pacífico Movimiento San Isidro».

Con el acompañamiento y reconocimiento estatal, a “denuncias” realizadas por organizaciones vinculadas a la CIA, el gobierno norteamericano de Trump, pretende configurar un escenario que dificulte al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cualquier política de “deshielo” en las relaciones con el gobierno cubano.

Este “proceder” de los actuales gobernantes norteamericanos, no es asistemático, ni aislado.

Se trata de una política de “largo aliento” que, a lo largo de 62 años ha pretendido, no solo ahogar económicamente a la isla, sino que estimula de forma sistemática acciones que van, desde el “armado artificial de disidencias”, hasta la organización y ejecución de acciones terroristas.

Se podría configurar, un larguísimo recuento de todas estas acciones durante 62 años, pero para mostrar sus características actuales, mostraremos apenas dos.

De acuerdo al Nuevo Herald, la recién electa congresista María Elvira Salazar, “quien ocupa el escaño del distrito 27 en Miami inició su legislatura con un proyecto de ley copatrocinado por otros cubanoamericanos que pretende impedir un nuevo deshielo de la administración demócrata con el régimen cubano”.

“Muy orgullosa de mi primer proyecto de ley”, ha expresado en redes sociales la novel congresista.

La propuesta, en cuestión, pretende impedir que la nueva administración demócrata pueda retirar a la isla de la lista de países que promueven y financian el terrorismo.

La retirada del nombre de Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo, fue una de las acciones de “deshielo” impulsada en 2015 por el entonces presidente Barack Obama.

El hecho de que este proyecto de ley esté avalado por la más rancia derecha de los congresistas cubano americanos, indican claramente, cómo al interior de los Estados Unidos, la política hacia Cuba sigue siendo “jurásica”.

Dentro del total de ocho congresistas que copatrocinan el proyecto de Salazar, se incluyen Mario Díaz- Balart, Carlos Giménez, Alex Mooney y Nicole Milliotakis, todos con un largo historial de acciones contra Cuba.

El proyecto condiciona cualquier retirada del nombre de Cuba de la lista del departamento de Estado, a que el gobierno cubano libere a “todos los presos políticos”, al tiempo que le exige “comprometerse a realizar elecciones libres y justas”.

“Los cubanos no tienen la excepcionalidad”, ha dicho la recién electa congresista, “ellos quieren ser igual que todo el mundo, quieren libertad, quieren derechos humanos y vivir en paz. Este proyecto de ley le pide al gobierno federal, sea republicano o demócrata que no puede quitar a Cuba de la lista de países terroristas hasta que no se porten bien”, expresó Salazar, de acuerdo al medio de prensa de Miami, cuna y refugio de toda la mafia cubanoamericana desde 1959.

Sus siempre “locuaces” correligionarios, han respaldado el proyecto de marras y han declarado, por ejemplo, que “es hora de que el Congreso dé un paso adelante y nombre de forma permanente al régimen comunista en Cuba como un estado patrocinador del terror”, declaró Carlos Gímenez, ex alcalde del condado y recientemente electo congresista por el distrito 26.

Para no “quedarse corto” en el apoyo, Mario Díaz-Balart afirmó “que se debe asegurar que Cuba permanezca en esa lista “hasta que deje de propagar su malevolencia por todo nuestro hemisferio y ponga fin a su brutal represión contra el pueblo cubano”.

El segundo ejemplo reciente, del accionar agresivo sobre la isla, es la decisión de la plataforma de video Zoom de que la misma no pueda ser usada en Cuba.

La acción, supuestamente emprendida, en nombre de “la libertad”, es un intento, ha señalado el destacado intelectual y académico argentino Atilio Borón, “una condena al ostracismo informático” en la isla.

La plataforma ha negado el uso de la misma a: Cuba, Irán, Corea del Norte, Siria y la región de Crimea en Ucrania.

Como forma de contrarrestar esta negativa y en un ejercicio de solidaridad, el destacado académico ha convocado a que se deje de usar la plataforma Zoom y en su lugar, se utilice para las videoconferencias la plataforma JITSI MEET “que no bloquea a Cuba”, no tiene límite de participantes y para la cual no es necesario abrir una cuenta.

¡Repudia el bloqueo, no seas cómplice de este crimen que hace más de 60 años viene perpetrando el gobierno de Estados Unidos y que tiene a Zoom como uno de sus ejecutores!, expresa Atilio Borón en su llamado solidario.

Una vez más y como hace 62 años, ante las acciones agresivas del vecino del Norte, la isla sigue convocando solidaridades y como hace 62 años, seguirá resistiendo, porque la historia la hacen los pueblos, no los dinosaurios y en Cuba lo que sobra es pueblo.

Redacción: Rolando Arbesún

Fuente: Nuevo Herald/ EFE/RCN/ atilioborón.com.ar

 

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