Las oportunas y polémicas declaraciones de Layera

Dedicamos nuestra última columna de Caras y Caretas a declaraciones del director nacional de Policía, Mario Layera. Fueron reflexiones realizadas ‘sobre el pucho’, intuyendo la repercusión que el asunto podría tener en tiendas políticas y en la opinión pública. Hoy, con más perspectiva y habida cuenta de la multitud de actores que reaccionaron con vehemencias varias, volvemos sobre algunos de los urticantes temas abordados.   La falsa oposición represión-ataque a las causas El supuesto dilema represión versus ataque a las causas del crimen implica una falsa oposición. En efecto, sin abordar el ataque a las causas que llevan a la criminalidad, la represión de la misma sería como intentar reducir un derrame líquido sin cerrar la canilla. Los mismos que enfatizan el ataque causal no dejan de concordar en que, por lo menos hasta que el ataque causal arroje los resultados esperados, sería necesario mantener un sistema represivo de transgresiones y desviaciones. Pero son los defensores de la represión -en la teoría y en la práctica- quienes acusan falsamente de ignorar la criminalidad actual a los que priorizan el ataque a las causas (el ministro Bonomi, por ejemplo, se pasa afirmando ese error falaz). Se perfiló entonces un continuo de posiciones entre el polo represivo y el polo causal, que gruesamente asimila al polo represivo con el conservadurismo y la derecha y al causal con el progresismo y la izquierda. Las sociedades tienen instituciones que están más dedicadas a combatir las causas del delito y otras más especializadas en reprimirlo. Para definirlo en términos de los organismos ministeriales, los ministerios de Economía, Salud Pública, Educación y Cultura, Desarrollo Social, Vivienda y Obras Públicas conformarían, con su acción, un piso para el desarrollo menor o mayor de las causas del delito, mientras que el ministerio del Interior, el Poder Legislativo y el Poder Judicial se ocuparían de la represión. La Policía, la parte más visible callejera y mediáticamente de la represión (por ella misma, la vigilancia  y los controles preventivos del orden y la seguridad material), tradicionalmente ha tenido como estrategia de mercadeo y demanda por recursos, poder y estatus el subrayar su potencialidad central en la lucha contra el delito, posición supermánica mediante la cual demandan institucionalmente recursos humanos y materiales, una normativa más discrecional y benignidad judicial. Hace mucho que les sugiero que esa posición es institucionalmente suicida, porque en realidad la Policía es sólo una parte de la represión y prácticamente tiene nula incidencia causal; por lo tanto, si se adjudican un poder que después no podrán apoyar en cifras, se llevarán la culpa pública por una tarea que los desborda ampliamente, arriesgando legitimidad y prestigio al atribuirse mayor impacto en el tema que el que pueden tener. Es por todo esto que las declaraciones de Layera, cuando dice que analistas y operadores sociales son más necesarios para enfrentar al crimen que policías, implican un giro radical en la estrategia de legitimación pública de la Policía. Lo mismo cuando afirma que el problema es cultural, de consumismo y de enormes bolsones que no pueden acceder laboralmente al paquete de bienes y servicios que proporciona autoestima y prestigio de estatus. Y de descreencia en la posibilidad de acceder con la urgencia cultural impuesta a ese paquete de bienes y servicios, que pasan a perseguirse entonces ilegalmente, generando territorios de imposición de crimen organizado, que reproduce una cultura de violencia privada y de justicia por mano propia, típica de gente, territorios y actividades en ámbitos y zonas de menor presencia y efectividad estatal en la reducción de las desigualdades que más presionan hacia la criminalidad. Al proponer medidas concretas, sin embargo, Layera refiere a la normativa vigente y en especial a defectos en los contenidos y en la implementación del nuevo Código del Proceso Penal. Parecería entonces que la mención al ataque a las causas es una mera patada a la efectividad de las políticas sociales gubernamentales, porque cuando critica y propone en concreto, sólo se refiere a aspectos de la represión. Ello lleva a algunos críticos extremos de los dichos de Layera a afirmar que este sería algo como la punta de iceberg de una estrategia de la derecha para endurecer la represión criminal. No sería yo tan paranoico; es muy saludable que la Policía se quite la capa de Superman del delito y ocupe un lugar más modesto, el que realmente ocupa para el combate global al crimen, desde el conjunto de causas y represión actual. Pero que adecuadamente señale la mayor incidencia de las causas no significa que deba pedir concretamente medidas de combate causal, porque no es de su especialidad, ni de su formación ni de su lugar en el organigrama del Estado. Layera, que quede bien claro, pide normativa y medidas para la represión, que es lo suyo. Relativiza su impacto posible en la criminalidad para que no se le impute ineficacia ante cualquier hecho o tendencia contraria a lo deseable. Y salva la posible transformación de la Policía en chivo expiatorio de las paranoias, temores y magnificaciones dramatizadas de la violencia y el crimen.   Políticas sociales y criminología Al analizar las críticas más extremas de Layera, en lo referente a lo social, queda claro que lo que sucede es que a ningún gobierno, y menos a uno con autoestima y autoimagen de progresista y de izquierda, le gusta que le digan que sus políticas sociales, su redistribución y su supuesto combate a la desigualdad están siendo insuficientes para frenar la atracción del consumismo y su persecución por vías criminales y violentas crecientes. En todo caso, a los gobiernos les conviene más que la seguridad sea considerada un asunto monopólicamente policial-judicial y no de la globalidad de su gestión. Para que la gente pida soluciones represivas puntuales y no profundidad de medidas de reducción causal de la atracción del crimen como vía de más eficaz y veloz de supervivencia y de movilidad social. Y que no se diga que se ha actuado contra las causas del crimen porque se redujeron la indigencia y la pobreza porque, criminológicamente, lo que incide causalmente en la atracción criminal no es la necesidad absoluta, sino la relativa, la desigualdad respecto de aquellos otros con cuya comparación construyo mi autoestima (deprivación relativa); y también la lejanía o cercanía a la posibilidad de tener lo que los ricos, famosos y poderosos lucen y que la publicidad induce a desear (efecto de demostración de niveles de vida superiores). No es simplemente reduciendo pobreza e indigencia que se minimiza la tentación criminal; sólo el ataque a la deprivación relativa y al efecto de demostración de niveles superiores de vida puede reducir causalmente la tentación y atracción criminales. La accesibilidad de mínimos a más gente no soluciona el consumismo radical, que se alimenta de deprivación relativa y de efectos de demostración de inalcanzables niveles de vida, que no son mínimos vueltos más accesibles, sino máximos introyectados por la publicidad y los medios de comunicación en el deseo e imaginario cotidianos. Es bueno reducir indigencia y pobreza para producir justicia y supervivencia mejores; pero como causas de reducción de criminalidad son casi inocuas desde que reducen sólo el delito originado en las necesidades absolutas, típicas de sociedades preabundancia, y no en las necesidades relativas (estatus, prestigio, equidad, consumos máximos), las más criminógenas en las sociedades contemporáneas. Quizás otro de los urticantes temas abordados por Layera es una alegada compartimentación del Estado, algunas de cuyas instituciones le negarían a la Policía datos sobre territorios, personas y grupos que serían de interés para la prevención y persecución criminales. Sería cuestión de ver en qué medida instituciones del Estado ceden sus datos confidenciales a otras instituciones que se los requieran y se intercambiaran las razones del pedido de datos y que se asegurara su uso al interior de una privacidad y confidencialidad muy delicadas. Porque es muy cierto que si la gente supiera que sus datos personales, familiares y barriales van a ser mostrados por las instituciones sociales a la Policía, sería esperable una retracción de la colaboración de la gente en la cesión de esos datos. Y se resentirían las políticas sociales, su legitimidad y el efecto electoral clientelístico que esas instituciones operan.