Las primeras medidas de la administración Trump están en sintonía con lo prometido durante la campaña electoral. Entre ellas, puede destacarse el desmantelamiento del sistema de salud, que trabajosamente impuso la administración Obama; la retirada del Acuerdo Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y la revisión del área de libre comercio con México y Canadá (TLCAN); la reducción de impuestos y restricciones federales; el incremento del gasto público en infraestructura y Defensa, y la inminente ruptura del Acuerdo Climático de París, suscrito en 2015.
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El Obamacare
La reforma de la salud planteada por Barack Obama se propone que todos los norteamericanos estén amparados por un seguro de salud. En 1934, Franklin D Roosevelt intentó universalizar el sistema, pero fracasó ante la resistencia del Congreso y las corporaciones. Las administraciones Truman, Carter y Clinton realizaron tibias reformas, pero hacia 2008 había 50 millones (18% de la población) sin seguro de salud, el porcentaje más alto en 52 años.
Recién el 7 de noviembre de 2009, el Congreso aprobó la llamada Affordable Health Care for America Act, que fue refrendada por el Congreso en diciembre. El 23 de marzo de 2010 se ponía en práctica en todo el país. Entre otras medidas, la ley ponía un límite de cobro a las aseguradoras, les imponía garantizar el acceso a la salud a los más necesitados, a los ancianos y a los enfermos crónicos, e instrumentaba la Ley de Cuidados Accesibles.
La entrada en vigor de la ley redujo a 18% el porcentaje de ciudadanos sin cobertura y creó 240.000 puestos de trabajo, el mayor incremento desde la década del 90. En 2015, el Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la ley, incluidos los subsidios otorgados por el gobierno; argumentó que sin estos habrían quedado 6,4 millones de personas sin cobertura sanitaria.
La ley ha tenido sus detractores, en la medida en que los nuevos asegurados deben volcar un máximo de 9,8% de sus ingresos al sistema, lo que podría significar un impacto en las economías de los hogares de ingresos medios y bajos. Al mismo tiempo, objetaron que los subsidios al sistema dispararían el déficit fiscal. No obstante, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que al regularizar y universalizar la asistencia en salud, el déficit, en lugar de incrementarse, se reduciría.
Mientras la apuesta de Obama iba dirigida a limitar el poder de los consorcios vinculados a la salud y a recrear en esa área el welfare state, amortiguando las tensiones sociales, la de Trump exacerba esas diferencias, como parte de un paquete de medidas que apuntan a concentrar aun más el capital y a consolidar la exclusión social que padece la fracción más vulnerable de la sociedad.
La retirada del TPP
Al tiempo que Trump anunciaba la derogación de la ley de reforma de la salud, retiraba a Estados Unidos del TPP, suscrito por 12 países, que representan 10% de la población y 40% del producto interno bruto mundial. El tratado tiene su origen en la Ronda Uruguay, de 1992, sobre cuyo modelo se creó la Organización Mundial del Comercio, al definir nuevos temas ausentes en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.
En principio, el acuerdo fue signado por Singapur, Nueva Zelanda, Chile y Brunéi. Recién en 2009 se incorporó Estados Unidos; luego lo hacieron Canadá, México, Perú, Australia, Japón, Malasia y Vietnam. Los acuerdos finales para poner en marcha el tratado culminaron en febrero de 2016 y debieron ratificarse de manera definitiva en 2018.
El propósito del tratado era homogeneizar las normas de comercio internacional, potenciar las cadenas de valor y excluir explícitamente a la República Popular China. En otras palabras, se trataba de disputarles el comercio y las inversiones en la estratégica zona del Pacífico a China y a la Unión Europea, que se verían obligados a intensificar la búsqueda de mercados, para no perder competitividad con Estados Unidos.
Si el acuerdo fue impugnado en muchos de los países firmantes, también lo fue en Estados Unidos, donde los sindicatos (AFL-CIO) manifestaron su oposición al acuerdo, en la medida en que llevaría a perder puestos de trabajo, como ya sucedió con el TLCAN (más conocido como NAFTA), al trasladar empresas estadounidenses a regiones con menor desarrollo, eludir las cargas tributarias de su país de origen y beneficiarse además con los bajos costos de mano de obra que encontrarían en las economías huéspedes.
En todos los países que conforman el tratado, se cuestionó también el carácter secreto que se dio a su articulación; se denunció que este beneficia a un pequeño grupo de trasnacionales, que monopolizarían los miles de millones de dólares derivados del tráfico comercial.
En cuanto al Mercosur, se mostró prescindente ante el TPP. En parte, para no arriesgar el mercado interno en detrimento de las exportaciones, y también porque su economía depende de sectores especializados y altamente competitivos, como la producción sojera.
La estrategia de Trump, en cambio, consiste en abandonar la política de bloques y firmar tratados bilaterales, sin comprometerse en un acuerdo como el TPP que fortificaría a Estados Unidos en términos globales, pero que implicaría compromisos con economías como las de Japón, Canadá Australia y México, por ejemplo, que exigirían contrapartidas para operar como murallas de contención frente a China, la segunda economía del planeta, sólo detrás de Estados Unidos. La primera reacción a la retirada dispuesta por Trump fue la de Japón, que por boca de su primer ministro expresó que sin Estados Unidos el TPP no tiene sentido, ya que carecerían del acceso irrestricto al mercado de ese país.
Otras grajeas
Otras medidas de inminente aprobación por la administración Trump van en contrapelo del regionalismo abierto preconizado por Barack Obama, al replegarse en una política nacional, que al tiempo que exonera de impuestos a los sectores más poderosos hace recaer los costos de la crisis y del eventual crecimiento económico en los sectores más carenciados.
Entre otras medidas, se eliminó el impuesto a las sucesiones; se redujo la tasa de impuestos a las empresas de 35% a 15%, y está proyectado desgravar el impuesto al ingreso. De los siete rangos actuales en el que actualmente se desglosa, se pasaría sólo a tres, que serían de 12%, 25% y 33% (cuando, en la actualidad, la franja impositiva más alta es de 39%).
Es inminente también la ruptura del Acuerdo Climático de París, firmado en 2015; se anuncia el propósito de incrementar el gasto público y la inversión en Defensa, que se llevaría a 6,5%, lo que beneficiaría a las grandes empresas constructoras y al complejo armamentístico-militar.
En cuanto a la política monetaria, sin llegar a anunciar formalmente una devaluación, Trump acusó a China de devaluar el yuan de manera artificial para obtener ventajas competitivas, añadiendo que en esas circunstancias Estados Unidos tiene un dólar “fuerte” que está actuando en detrimento de su flujo comercial.
En definitiva, a no llamarse a engaños. Trump comienza a cumplir con sus promesas preelectorales. Lo que está demostrando en sus primeras medidas justifica la alarma que rodeó su inesperado ascenso al poder.