Lavado de dinero de un excomisario

José Manuel Villarejo Pérez, un comisario jubilado de España, que está detenido desde 2018, acusado de  cohecho y blanqueo de capitales. Actualmente está en cuarentena porque en la cárcel donde está recluido hay un brote de coronavirus.

 

Dos nuevas propiedades en Uruguay

El documento encontrado, con cierto retraso, incluye el Castillo Idiarte Borda (ubicado en el barrio Colón), valorado en 700.000 euros. También figura la Casa Ellauri (Petit Chateau en Pocitos), ubicada en Solano García entre Ellauri y Miñones y valorado en 400.000 euros. Allí funciona, desde agosto de 2017, una tienda de ropas llamada St. Clemente.

El Castillo Idiarte es una mansión del siglo XIX muy conocida porque fue construida para que sirviera de residencia al presidente de la República entre 1894 y 1897, Juan Idiarte Borda, la única víctima de magnicidio en nuestro país.

El edificio fue construido con materiales traídos desde Europa y fue declarada hace años como Monumento Histórico Nacional y el gobierno de Uruguay tiene cedido el “usufructo por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN)” mientras la Intendencia de Montevideo (IM) utiliza parte de sus instalaciones como depósito.

Caras y Caretas se comunicó con Alberto Quintela, entonces director general de la CPCN.

“En el año 2012, la Comisión del Patrimonio fue contactada para ofrecerle la venta del castillo Idiarte Borda. La propuesta fue rechazada de manera automática ya que no estaba en el horizonte una inversión de esa naturaleza.

No obstante, de las conversaciones surgió la posibilidad de usar el espacio patrimonial, acordando la firma de un comodato (préstamo de uso gratuito) entre el Estado, representado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la CPCN que es una unidad ejecutora del Ministerio y el propietario del predio la sociedad panameña Microspermum SA (antes llamada Participaciones Marvila SA).

Los derechos y obligaciones típicos de este contrato están contenidos en las previsiones de los artículos 2216 a 2238 del Código Civil.

La idea de usar el castillo y sus instalaciones ( un parque patrimonial de 2 hás. y media) se insertaba dentro de una estrategia de trabajo de la CPCN de difusión y participación del patrimonio cultural, incorporando a los vecinos en prácticas comunitarias de protección patrimonial, que por cierto va más allá de los monumentos.

Actualmente, los vecinos han recogido bastantes firmas solicitando a la IM la expropiación del bien a efectos de asegurar el destino cultural. En lo personal entiendo que ese es el paso que habría que dar a efectos de que uno de los lugares más simbólicos de Villa Colón y Lezica entre definitivamente en el patrimonio público.

También se puede decir que desde su inicio, la asociación civil ha sido apoyada por programas de cultura de la IM, por ejemplo Esquinas de la Cultura y por el Municipio G”.

El 1º de marzo de 2018 se prolongó el acuerdo hasta el 4 de octubre de 2020. Se renovó solo por dos años para no atar de manos al nuevo gobierno.

 

Participaciones Marvila SA

El acuerdo consiste en que Uruguay no paga nada al dueño del castillo por su alquiler, pero a cambio cualquier obra de mantenimiento o reparación corre a cuenta del Estado.

Participaciones Marvila SA es una sociedad panameña incluida en la extensa documentación internacional remitida a la Audiencia Nacional de España, en el marco de la investigación en torno a las actividades de Villarejo y su patrimonio en diversos países, incluidos Panamá y Uruguay.

El acuerdo le convenía a Villarejo porque el Estado se hacía cargo de mantener las instalaciones del castillo mientras él, a través de su hija, mantenía la propiedad, contaron fuentes del caso a Caras y Caretas.

El magistrado uruguayo Pablo Marcelo Benítez Rodríguez, entonces juez en lo Civil, bloqueó los activos financieros titulados por las personas físicas y jurídicas: Participaciones Marvila SA propietaria de los padrones 46.192 y 46.193 (castillo Idiarte Borda) y 31.529 (Casa Ellauri, Petit Chateau en Pocitos), asimismo deudor hipotecante de los dos primeros nombrados.

Topy SA sería propietaria de los padrones de Maldonado (Punta del Este) 8565, 8566 y 8567, del que además sería deudor hipotecante, 7510, 9651 y 9652. Sin embargo, dice el juez que “luce una inscripción que indicaría que dicha sociedad se encuentra disuelta” y se solicitó información al Registro de Propiedad Inmobiliaria para corroborar la titularidad de los padrones mencionados.

Los decretos 98/2018 del 4 de mayo, 112/2018 del 28 de mayo, y 115 del 30 de mayo de 2018

248 del 27 de noviembre, según documentos a los que accedió Caras y Caretas, establecieron la prohibición de las citadas sociedades de disponer de los bienes por dos años, a contar desde la anotación de esta inscripción en el Registro.

Estas actuaciones se realizaron como resultado de la solicitud de asistencia jurídica internacional cursada por el Juzgado Central de Instrucción 006 de Madrid, España, recibida el 24 de abril de 2018 y remitida al juzgado de crimen organizado de tercer turno.

El 27 de noviembre de 2018, la jueza Beatriz Larrieu de Crimen Organizado encuentra que no se cumplió con la medida cautelar.

Desde España se solicitaba la anotación preventiva de prohibición de disponer de aquellos bienes muebles e inmuebles titulados por: Participaciones Marvila SA o Microspermum SA, Central de Criterios Creativos SA o Grupo Inmobiliario Cenyt SL, y actualmente sociedad española Cenyt Consultoría Organizacional SL, Cenyt Mercosur SA, Pierre SRL, Financiera Omerán SA, (actualmente sociedad española Inversiones Estratégicas Sensibles SL, Financiera Uruplán SA (actualmente sociedad española Global Sinapsis Investment SL, Topy SA (inscripta en el registro único tributario de la DGI de Uruguay con el número 211268220016 y con domicilio para notificación Plaza Independencia 1376 piso 1, José Manuel Villarejo Pérez, José Manuel Villarejo Gil, Gemma Isabel Alcalá Garcés, Rafael Redondo Rodríguez, Francisco Javier Hidalgo Estévez, José Javier Esteban Alonso.

Diligencias interesadas en Uruguay: que se aporte a documentación que soporte (documentos de constitución) la existencia de las siguientes empresas, así como cuántas propiedades figuren a su nombre.

Cuentas bancarias: que por parte de los agentes especializados se recabe toda la información y documentación que exista sobre las cuentas que se detallan a continuación y sobre otras que pudieran titular idénticas sociedades, aportando todos los movimientos comprendidos desde el 01.06.2006 hasta la actualidad, así como la documentación complementaria disponible por la entidad bancaria en la que se identifique cuenta ordenante y ordenante, cuenta destino y beneficiario, saldo, etc. o requerida al cliente que aportes todos aquellos movimientos realizados durante el período temporal señalado, cuyo importe sea igual o superior a 10.000 euros.

En particular se menciona la cuenta 7669674 Participaciones Marvila SA o Microspermum SA, entidad bancaria BBVA Uruguay.

 

Abogados que renuncian

El 6 de mayo pasado el portal Elindependiente publicó una nota de Antonio Salvador, en la que se informa que el bufete de abogados que representa a las empresas de Villarejo en Panamá renuncia para que el escándalo que investiga la Audiencia Nacional española no dañe su reputación en el futuro. Se trata de la firma Ballard & Ballard, que ejercía como agente residente desde la constitución de las sociedades del policía a finales de 2006.

El abogado Richard Ballard, socio director de Ballard & Ballard, compareció el pasado 18 de febrero ante la notaria panameña Natividad Quirós Aguilar para elevar a público el desistimiento acordado tres días antes por el despacho como agente residente de una veintena de sociedades, entre ellas dos vinculadas a Villarejo: Eucalyptus Forest SA y Microspermum SA.

Dos de las empresas cuyos honorarios reclamaba el citado bufete de abogados son Eucalyptus Forest SA (inicialmente denominada Valle Luna Consultores SA) y Microspermum SA (antes Participaciones Marvila SA), ambas constituidas el 29 de junio de 2006. Entonces José Manuel Villarejo se encontraba activo como agente encubierto de la Policía Nacional, Cuerpo en el que ingresó a principios de los 70 y en el que se mantuvo -salvo un período de excedencia de diez años (1983-1993)- hasta el verano de 2016.

Eucalyptus Forest es la compañía panameña a la que Cenyt Consultoría Organizacional -empresa española controlada por José Manuel Villarejo- cedió en octubre de 2014 el cobro de 1.051.367 dólares a cuenta de la venta del hotel que el policía tenía en Punta del Este (Uruguay). El establecimiento lo adquirieron en setiembre de 2013 el arquitecto argentino Adrián Beloso-Baker y su esposa, la madrileña Raquel Serna.

Después de cerrar el trato, Adrián Beloso-Baker quiso tener un detalle con José Manuel Villarejo en señal de agradecimiento por la operación empresarial que le permitía volver al Cono Sur.

Adrián Beloso-Baker y Raquel Serna le habían entregado tres propiedades a Villarejo en España y se comprometían a abonarle un millón de dólares con los ingresos que teóricamente generaría la explotación del complejo para completar el pago. La Justicia uruguaya debe dilucidar ahora si la venta del establecimiento es nula por sustentarse el acuerdo sobre la base de una información financiera falsa.

Por su parte, Microspermum SA está bajo la lupa de los investigadores del caso Villarejo por ser una de las sociedades que utilizó presuntamente el antiguo agente encubierto para cobrar los servicios prestados a los clientes guineanos, origen de las pesquisas judiciales, informó Elindependiente.

Agrega que la Policía cuenta con un extracto de movimientos de una cuenta abierta en el CBH Bank de Suiza a nombre de la sociedad Boway Holdings Limited -con sede en Hong Kong- que acredita la existencia de tres transferencias por importe total de 990.203,90 euros a sendas cuentas en las que aparece como beneficiario Participaciones Marvila (hoy Microspermum) -una en un banco panameño y otra en una oficina del BBVA en Uruguay- entre el 27 de febrero y el 8 de mayo de 2012. Dicho documento fue aportado por Francisco Menéndez, el abogado en España de los guineanos y quien encargó el informe.

Menéndez aportó al juzgado el 21 de setiembre de 2017 varios documentos con las «coordenadas para realizar transferencias» que le habían indicado Villarejo y Redondo por dicho trabajo, transfiriendo 1.675.339 euros en cinco pagos fraccionados a las cuentas de dos de las empresas de aquellos en Panamá (Stanstead Advisors y Participaciones Marvila, esta última rebautizada después como Microspermum) y a una de Uruguay (Financiera Uruplán). Esas operaciones se realizaron entre el 27 de febrero y el 11 de julio de 2012.

La Fiscalía Anticorrupción da por hecho que José Manuel Villarejo repatrió a España desde Panamá y Uruguay un millón de euros procedentes de los pagos recibidos como contraprestación por él.

 

La compra del castillo Idiarte Borda

La periodista Leyre Iglesias, en una nota del diario El Mundo de España, del pasado domingo 3 de mayo, reporta que «en el año 1987, apareció en el castillo [Idiarte Borda] una comunidad religiosa que algunos vecinos calificaron de secta: decían que vestían túnicas rojas, que tapiaron la mansión para que nadie viera lo que ocurría dentro. En realidad era una orden llamada Misión Cristiana Evangélica Palabra de Vida, que es la que en 1998 se lo vendió a los Reich Suárez, corredores de seguros.

Margarita Reich era por entonces la dueña del castillo Idiarte Borda. Junto a su marido, había invertido mucho dinero en arreglarlo, había montado una sala de fiestas, un salón de té».

Agrega que «un agente inmobiliario uruguayo llamado Musacchi, según le dijo, tenía una inmobiliaria en Madrid y representaba a unos inversores españoles que querían abrir un hotelito allí. Poco después se consumó la venta: en 2007, por 720.000 dólares». Según fuentes de Caras y Caretas, era idea de Villarejo poner un casino en el castillo.