«Estos carteles aparecen con la señalización de redes sociales ‘@formemosconCIENCIA’, los cuales dirigen a los usuarios a una cuenta en Instagram y Twitter de desinformación y promoción de relatos falsos acerca de los métodos legales de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay», apuntaron las legisladoras.
Además, agregaron que estas cuentas dirigen a los usuarios a una página web que «se autodefine como una asociación civil sin fines de lucro perteneciente al Magistrado de la Iglesia Católica».
«Consideramos que dicha cartelería, así como las cuentas y sitios web a los que estos dirigen, promueven el miedo y la desinformación mediante engaños acerca de los métodos, las supuestas secuelas y las condiciones en que se realizan en Uruguay las interrupciones voluntarias de los embarazos, reguladas por la ley 18.987», expresaron las legisladoras.
Además señalaron que esta campaña «genera una fuerte vulneración de los derechos consagrados en la ley 18.426 (de los derechos sexuales y reproductivos).
Las legisladoras preguntaron al MSP qué medidas tomará «ante este atentado contra los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y adultas». Además, preguntaron «cómo subsanará el MSP esta vulneración de derechos».
«Tratándose de una asociación que promueve tales mensajes y, como tal, estando la misma bajo la tutela del MEC, ¿qué gestiones y acciones llevará a cabo ante dicho ministerio?», preguntaron en tercer lugar.
Por otro lado, las legisladoras cursaron un pedido de informes dirigido al MEC. Allí preguntaron si el ministerio «tiene conocimiento de esta organización», «si están constituidos como asociación civil y, de ser así, qué objetivos persiguen en sus estatutos».
También preguntaron la cartera tiene conocimiento de esta campaña y si tiene competencia «en la regulación de la actividad de estas organizaciones».
Para terminar, las legisladores consultaron al Ministerio de Educación y Cultura si ya se comenzó con «algún tipo de investigación» o si dio cuenta al Ministerio del Interior, «dado que se hace campaña contra un derecho consagrado».
