Lo que se viene

Legítima defensa presunta

El sindicato policial repitió su pedido de que se apruebe la presunción simple de legítima defensa, una promesa del Gobierno electo;Caras y Caretas conversó con especialistas para entender qué es, qué implica y qué impactos concretos tendría esta medida.

En septiembre de 2019 un hombre llegó a su casa borracho, tomó un arma y amenazó a su esposa y a sus dos hijas. Se fue, al rato volvió, agarró un cuchillo y quiso atacarlas. Las dos hijas comenzaron a forcejear con él y terminó apuñalado. El fiscal entendió que se trataba de un caso de legítima defensa.

De acuerdo al artículo 26 del Código Penal, que regula la legítima defensa, una persona está exenta de responsabilidad si obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que se cumplan tres requisitos: agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por parte del que se defiende y necesidad racional del medio empleado para repelerla o impedir el daño.

Santiago Martínez, abogado y docente de Filosofía del Derecho, explica que la acción que comete quien actúa en legítima defensa debe ser proporcional a la que está recibiendo. Esto no significa que haga exactamente lo mismo que su atacante. Para evaluarlo se tienen en cuenta los medios empleados y las intenciones de la persona que se defiende.

Presunción simple

Cuando se presume la legítima defensa se invierte la carga de la prueba, es decir, se supone a priori que se actúo en defensa propia y, en caso de que se denuncie, se debe probar lo contrario. Si la presunción es simple, se puede revocar.

Esta propuesta sería parte de la ley de urgente consideración que presentará el presidente electo, Luis Lacalle Pou, en marzo. No se conoce el texto, por lo que no es posible evaluar la medida concreta.

En el “acuerdo multicolor” figura la propuesta de introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval y guardias privados de seguridad armados, mediante la modificación del artículo 26 del CP, “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza”, lo que determina que no es una presunción absoluta.

El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) presentó en mayo de 2019 un proyecto en esta línea. Patricia González, presidenta del sindicato, declaró en ese momento que el objetivo es que el cuerpo policial tenga mayor seguridad jurídica para actuar, lo que repercutiría en una mejora de la seguridad pública.

El proyecto sindical busca amparar al policía que hiera o mate con arma de fuego cuando está en riesgo la vida de menores, cuando se presume violencia de un grupo armado, cuando se está en desventaja numérica, cuando el atacante emula tener un arma y los hechos no permiten discernir si es así, cuando se lesiona a un tercero y hay una fuga, cuando se intimida a una comunidad o cuando se usan armas letales.

Fabricio Ríos, integrante de Sifpom, declaró esta semana en televisión que cuando los policías dicen sentirse desprotegidos se refieren a que el foco se pone en por qué resultaron heridos o asesinados mientras trabajaban: iban sin chaleco, estaban fuera de horario.

Hugo de León, subdirector de la Policía, declaró a La República que no comparte la postura de Sifpom, aunque la respeta. Para él los policías tienen garantías, tienen respaldo, no tienen las manos atadas y pueden actuar en cumplimiento de las funciones que les han encomendado porque tienen legislación que los ampara. Además, dijo que la presunción simple de legítima defensa puede llevar al “gatillo fácil”, algo que Sipfom rechazó.

El abogado Martínez afirma que la legítima defensa presunta es una medida que funciona en términos teóricos, vinculada a lo que se conoce como distribución del riesgo probatorio; cuando el juez tiene dudas, la presunción actúa a favor del policía. Sin embargo, en términos prácticos “no suma mucho”, ya que, exista o no exista, el fiscal tiene que presentar pruebas si formaliza una acusación. La solución a los problemas que plantean los policías, entiende, sería establecer parámetros probatorios más exigentes cuando hay un oficial involucrado en el hecho, y no la creación de una presunción.

Para Martín Fernández, abogado penalista integrante del Observatorio Justicia y Legislación de la Facultad de Derecho, esta medida es una receta de manual de populismo punitivo. El año pasado, dice, hubo decenas de personas fallecidas en procedimientos policiales y ningún oficial fue formalizado ni llevado a juicio. Con esta medida se dice “voy a presumir que sos inocente” y se instala la cultura del gatillo fácil, afirma.

Legislación actual

La presunción de inocencia, dice Fernández, ya rige para toda la ciudadanía. Si la Policía, además, actúa dentro de lo establecido en el Código Penal y la ley de procedimientos policiales, “no va a tener problema”.

El artículo 28 del CP establece que está exento de responsabilidad “el que ejecuta un acto, ordenado o permitido por la ley, en vista de las funciones públicas que desempeña, de la profesión a que se dedica, de la autoridad que ejerce, o de la ayuda que le preste a la justicia”.

La ley 18.315 de accionar policial, en su artículo 3, numeral D, establece como una de las fases de trabajo la represión. La define como “la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas de fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta ilícita que lo ha alterado”.

El artículo 31 de la misma ley garantiza que el personal policial está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros, o en cumplimiento de la ley (artículos 26, 27 y 28 del Código Penal).

Para Sifpom con la legislación actual no alcanza: “Tampoco cabe vivir en eternos debates sobre un accionar policial casi ‘diplomático’ cuando se trata de evitar amenazas, eliminar intimidaciones y preservar vidas humanas”, declararon.

El problema, dicen, es el momento en el que el funcionario duda sobre si debe utilizar el arma o no, lo que suele dejarlo desprotegido en diversos escenarios violentos. Además de esta medida, piden mejor preparación para los oficiales, mejores condiciones laborales, más presupuesto.

Álvaro Garcé, futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, afirma que los propios funcionarios dan testimonio de sentirse con las manos atadas.

De León declaró en la entrevista con La República antes citada que la prioridad de los oficiales no es reprimir y que la Policía “jamás debe provocar un daño mayor al que quiere evitar”, por lo que el enfoque debería ser otro. Asegura que en los últimos años esa ha sido la línea de trabajo.

Diego Sanjurjo, politólogo especializado en políticas públicas, seguridad y armas, entiende que “actualmente la policía no está pudiendo ejercer la autoridad, y son los propios policías y sindicatos que demandan mayores garantías legales para poder realizar su trabajo con seguridad y confianza”. Cree que la presunción simple de legítima defensa es una medida acertada, que tendrá poder simbólico en el accionar policial, permitiendo que trabajen con mayor tranquilidad.

Fernández asegura que el mensaje que deberían dar las autoridades es que los policías que actúen dentro del marco legal actual no tendrán consecuencias. Recuerda dos hechos “de peso” que para él dan la pauta de que las regulaciones del trabajo policial deben ser cuidadosas: un tiroteo en 2008 en el Portones Shopping en el que fueron baleadas personas inocentes y se plantó un arma, y el asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina, donde sucedió lo mismo.

Civiles

Un productor rural le disparó en la cabeza a un hombre que intentaba robarle limones. Dentro de la legítima defensa está amparado quien “defiende la entrada de una casa habitada o de sus dependencias, o emplea violencia contra el individuo extraño a ella que es sorprendido dentro de la casa o de las dependencias”. Pero no cualquier medio vale.

No se puede matar para proteger la propiedad porque son bienes jurídicos con valores distintos. La vida está por encima de la propiedad.

El Partido Nacional y Cabildo Abierto proponían en sus programas de cara a las elecciones de octubre introducir la presunción simple de legítima defensa nocturna para establecimientos rurales en los que se desarrolle actividad agropecuaria, que ampare a los productores ante el ingreso de personas extrañas.

Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, presentó en 2016 un proyecto de ley ante el Parlamento para instalar la presunción simple de legítima defensa en el ámbito rural para quien “repeliere el ingreso de personas extrañas a un establecimiento” durante la noche, utilizando la violencia.

Fernández afirma que flexibilizar las causas de justificación siempre lleva a más violencia, y es peor en el caso de civiles, porque la gente cree que puede resolver el conflicto por sí sola, disparar sin que pase nada. El problema, para él, es instalar la idea de que en cualquier caso vale lesionar o matar a una persona; la gente cree estar actuando bajo la hipótesis de legítima defensa, pero luego termina siendo responsabilizada.

4 comentarios en «Legítima defensa presunta»

  1. Sofia te enteraste que domingo a la tarde hay otro policia grave, quien eres Sofia?

  2. Mientras hieren o matan a un policía, cuántas mujeres son víctima de violencia machista, inclusive de parejas que visten el uniforme? Pero esas mujeres no fueron entrenadas para defenderse de esas agresiones, ni vestían chalecos antibalas, ni estaban adiestradas en el uso de un arma que no tenían. Cuando por desgracia muere o es herido un policía, lo hace en el cumplimiento de su deber. Cuando muere una víctima de femicidio, no lo hace en el cumplimiento de su deber, así que considero que el ruido mediático de ahora no obedece a otra cosa que a intereses políticos.

  3. Hay ruben, ruben…

  4. Que sociedad hipócrita la sociedad uruguaya nos llenamos la boca de derechos y que Uru guay está lleno de derechos y la transpatencia y la democracia y lavar en coche ,somos una socidad misogina y machista,violenta y muchas veces es Pichi el pobre el que nace sin lo mínimo indispenssble ,a ese hay que matarlo a palos y si le podemos una bomba o quemarlos mejor y para mal ahora no quieren imponer la legitima defensa presunta así gatillo fácil con matar al otro solucionamos el problema de toda esta sociedad enferma de prejuicios asi piensa está sociedad mientras que un hacendado con recursos mete unos kilitos de droga en un contenedor ah pobre no tuvo otra que meterse en eso o no se dio cuenta y hay que ver los titulares de los desinformativos vendidos a los intereses de los empresarios que intereses están atrás no se sabe ,ahora el derecho termina o sirve cuando comienzan los intereses del otro y así funciona en este país todo

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