El laberinto tropical

Lenin Moreno: firme en los paraísos fiscales, débil en los principios políticos

El presidente de Ecuador pasó de ser el verdugo del proyecto progresista a estar acusado de participar en una empresa offshore que adquirió autos de alta gama, muebles y un departamento en Alicante, costa del Mediterráneo; mientras tanto su proyecto se debilita y la oposición se recompone.

Lenín Moreno

Por Germán Ávila

 

El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, quien tomó posesión de su cargo el 24 de mayo de 2017, es el representante de uno de los más complejos esquemas de “movilidad ideológica” en la presente etapa de la política continental. Ecuador fue durante más de una década, junto con Bolivia, el representante máximo del avance progresista latinoamericano; hoy se alinea con la derecha de Brasil, Colombia y Chile.

La realidad social ecuatoriana durante las últimas dos décadas del siglo XX fue un escenario de altísima complejidad debido a la profunda contradicción entre la política dictada por el Fondo Monetario Internacional que, igual que en la mayoría de países en la región, marcó la agenda económica del país, y un movimiento indígena de gran influencia que había trascendido la reivindicación sectorial, tenía unos lineamientos políticos definidos y una propuesta gubernamental clara.

Ecuador tiene una tasa de población indígena cercana al 10%; si se tiene en cuenta que es un sector políticamente organizado, su influencia respecto a otros sectores sociales como los sindicatos o los gremios estudiantiles es muy importante.

Sin embargo, tal como en otros sectores, la consolidación de la unidad política y orgánica es un proceso dinámico que tiene ascensos y retrocesos, las expresiones organizadas tienen un gran número de manifestaciones locales que convergen desde 1986 en un proceso unitario llamado la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador).

Esta organización ha sido la responsable de convocar las movilizaciones que en su momento lograron el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000, quien entregó su cargo en medio de una profunda crisis financiera producto de la dolarización de la economía ecuatoriana, que pasó de tener como moneda local el sucre al dólar americano, lo que tiró en picada el poder adquisitivo de la población, y finalmente Lucio Gutiérrez, en 2005.

El caso de Lucio Gutiérrez es particularmente importante pues, a diferencia de los anteriores, llegó al gobierno apoyado por amplios sectores sociales y de izquierda, dentro de los que se encontraba la Conaie, y particularmente el Pachakutik dentro de esta, una expresión partidaria que surge en los 90 con el fin de competir en la arena electoral.

Gutiérrez formó parte del triunvirato que tomó el gobierno inmediatamente después de la salida de Mahuad el año 2000; luego de haber sido preso, conformó un movimiento político en alianza con la Conaie y la mayor parte de fuerzas de izquierda del Ecuador, lo que le dio la victoria en las elecciones de 2002.

Luego de llegar a la presidencia, Gutiérrez empezó a virar paulatinamente su espectro político hacia el establecimiento de alianzas internacionales que no cayeron bien en los sectores que lo apoyaron inicialmente; primero viajó a Bogotá, donde se juntó con el recién electo presidente ultraderechista Álvaro Uribe, luego firmó una carta de intención con el FMI por 200 millones de dólares y finalmente permitió la captura extraterritorial colombiana del subversivo colombiano Simón Trinidad, que culminó con su extradición.

Las decisiones de gobierno hicieron que el respaldo social que había llevado a Gutiérrez a la presidencia se perdiera hasta el punto que en 2005 de vuelta las movilizaciones terminaron por arrojarlo del gobierno y    acabó huyendo del país.

Rafael Correa asume la presidencia en 2006 con un movimiento llamado Alianza País, e inicia un proceso de construcción social progresista que le permite al Ecuador avanzar en términos económicos de una forma que sorprendió incluso a los más escépticos; el avance infraestructural del país potenció el aumento del empleo, y la nueva legislación laboral logró mejorar el salario real de los trabajadores de una forma sensible.

Sin embargo, los intereses del gran capital nunca estuvieron a gusto con ese tipo de propuesta y trabajaron desde el inicio en la manera de recuperar su sitio en la administración del Estado ecuatoriano.

El sucesor de Rafael Correa, quien terminó el mandato con una medida de aceptación superior al 60%, fue Lenin Moreno, quien logró la presidencia por el mismo partido de Correa acompañado por Jorge Glas como vicepresidente; el compromiso de campaña fue continuar con la “Revolución Ciudadana” de Correa.

Las primeras luces de lo que sería la presidencia de Lenin Moreno, se dio desde el momento de su posesión, cuando afirmó que era necesario desarrollar un cambio en la política del país. Sin embargo, lo que terminó revelando el verdadero carácter del gobierno que se aproximaba se dio una vez que Moreno tomó posesión del cargo y empezó a hacer retroceder las políticas de su antecesor, reduciendo sustancialmente la inversión en infraestructura y pasando a revisión varias de las medidas sociales vigentes.

De otro lado inició una feroz persecución a los colaboradores más cercanos a Correa que se mantenían en su gobierno; por medio del ya extendido modelo de “Lawfare”, donde se montan procesos judiciales express, generalmente bajo acusaciones de corrupción y que vienen acompañados de linchamientos mediáticos, logró encarcelar en un proceso con fuertes debilidades jurídicas al vicepresidente Jorge Glas, quien había solicitado que se levantara su inmunidad para poder adelantar un proceso de defensa transparente.

A partir de esa misma situación, el expresidente Rafael Correa tiene vigente una orden de captura, por lo que se mantiene exiliado en Bélgica y ha sido señalado por Moreno de ser el “causante de la mayor debacle moral que haya vivido el Ecuador”, a pesar de haber sido parte del gobierno de este durante los 10 años que duró en el poder, 6 como vicepresidente y 4 como diplomático.

Sin embargo, la flexibilidad ideológica de Moreno ha dado no sólo para que se convierta en el verdugo del proyecto que él ayudó a construir, sino que él mismo duró construyendo en secreto su propio emporio durante varios años.

La fiscal general del Estado, Ruth Palacios, abrió una indagación preliminar contra Moreno y varias personas de su círculo familiar por la compra de bienes muebles e inmuebles en Europa por medio de una firma llamada INA Investment, firma que se habría creado en Barbados, un reconocido paraíso fiscal. Esta firma, que funciona bajo la figura offshore, está vinculada con la empresa china Sinohydro, encargada de construir la represa Coca Codo Sinclair en Ecuador y que transfirió más de 18 millones de dólares a otra offshore llamada Recorsa, la que finalmente transfirió dinero a 10 compañías fantasma en Panamá, así como a INA Investment.

Las offshore son empresas matriculadas en países donde no realizan ninguna de sus actividades comerciales o financieras, con el fin de evadir impuestos, pues generalmente son paraísos fiscales. Aunque el hermano de Lenin Moreno, Edwin, indicó que este había dejado la firma en 2013, las pesquisas mostraron que realmente lo que se hizo fue ocultar su nombre, reemplazándolo por el de María Eugenia Patiño, esposa de una persona del círculo cercano al presidente ecuatoriano.

Esta investigación, llamada “caso INA Papers “, se suma a la información revelada por Wikileaks, sobre las reuniones de Lenin Moreno en 2017 con el entonces asesor de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, con quien habría hecho los acuerdos que determinaron su rumbo político al asumir la presidencia, al punto de terminar haciendo alianzas con su otrora rival en la arena electoral, el acaudalado banquero Guillermo Lasso.

El más reciente paso a la derecha del gobierno de Moreno fue con la participación de Ecuador en la creación de Prosur, herramienta al servicio de los intereses de la Casa Blanca en la región, y que busca promover una cubierta de iniciativa de integración regional, pero comandada por los gobiernos de Colombia y Chile que son los más cercanos a Washington.

Esta noticia no es una sorpresa, pues ya hace meses Moreno anunció que retiraba el edificio destinado a Unasur en Quito, pues esa iniciativa “no recogía los intereses del pueblo ecuatoriano”, por lo que la suma de Ecuador a Prosur y el reconocimiento a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela ubica al gobierno de Moreno lejos de la autonomía que venía mostrando en la década anterior.

Sin embargo, el panorama para Lenin Moreno no es el más placentero; además de la investigación preliminar que muestra sus movimientos financieros en Europa a la sombra de figuras ilegales, las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo mostraron un repunte de las fuerzas leales al proyecto que lidera Rafael Correa, pues aunque el sistema electoral no les permitió utilizar el nombre de su histórico movimiento Alianza País, que fue cooptado por el oficialismo de Moreno, el naciente partido Fuerza Compromiso Social, logró dos de las tres prefecturas más importantes de Ecuador, una de ellas Pichincha, dentro de la que se encuentra Quito.

Por otro lado, es importante señalar que la fuerza de las organizaciones sociales salió afectada producto de los debates internos durante los años de gobierno de Correa, varias de las tendencias dentro de la Conaie se alejaron del gobierno e incluso algunas decidieron apoyar en las elecciones presidenciales al banquero Lasso. Sin embargo, las decisiones de Moreno, sus dificultades de gobernabilidad producto de los quebrantos de salud que en varios medios han atribuido a su imposibilidad para manejar el caso “INA Papers” y las tensiones sociales producto de la desaceleración económica que sacrificó el bienestar social, posiblemente obliguen a un nuevo acercamiento de las fuerzas vivas ecuatorianas; si eso llega a ocurrir, Moreno seguramente sufrirá las consecuencias de su flexibilidad ideológica.

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